“Medicina amarga”, aplica el presidente salvadoreño a sus adversarios

SAN SALVADOR (apro).- A sus 37 años de edad Nayib Armando Bukele Ortez se convirtió, oficialmente, en el presidente más joven de la historia de El Salvador.

Atrás quedó la era –diez años- de la otrora insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que llegó al poder, en el año 2009, cargando las esperanzas de la mitad de los ciudadanos que esperaban que cumpliera sus promesas de transformar profundamente la economía, la salud, la educación, la seguridad pública, el medio ambiente y, sobre todo, que erradicara la corrupción que devora inmisericorde las siempre exiguas arcas de las instituciones estatales. El partido político, sin embargo, se desmoronó mucho antes de cumplir las expectativas que le habían sido confiadas.

La ceremonia de toma de posesión fue celebrada en el Palacio Nacional, un edificio construido a principios de 1900 que en esa época fue la sede de los tres poderes del Estado. Bukele, fiel a su tradición rupturista, decidió celebrar su asunción ahí en vez de hacerlo en un recinto cerrado y completamente controlado como lo hicieron sus seis antecesores en el cargo. Su decisión no fue casual: como parte de la escenificación se aglomeraron frente a él centenares de ciudadanos que vitorearon cada una de las estrofas de su discurso y aplaudieron cada vez que la dicción de su discurso dio la pauta. Por el contrario, abuchearon, insultaron y rechiflaron a cada uno de los adversarios políticos de Bukele que, obligados por el protocolo, salían momentáneamente en el escenario.

De acuerdo con el ritual de toma de protesta, la banda presidencial y la juramentación en el cargo deben dirigirlo el presidente de la Asamblea Legislativa, cargo que en la actualidad desempeña Norman Quijano, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que en el año 2014 intentó ganar la presidencia de la República, pero perdió por la mínima de 6 mil 634 votos. Cada vez que habló a través del micrófono o las cámaras que transmitían la ceremonia hacían un plano cerrado de su rostro, los asistentes lo insultaron llamándolo con apodos y calificándolo de ladrón, sinvergüenza, corrupto, embustero o dinosaurio, por sus más de 20 años como funcionario. El mismo vilipendio público soportó el presidente saliente Salvador Sánchez Cerén.

Inclusive el expresidente Sánchez Cerén terminó su periodo con la calificación más baja recibida por un mandatario en los últimos quince años: 4.8. Su partido, además, parece estar al borde de la extinción: de gobernar ha pasado a ser una fuerza política relativamente irrelevante que en las elecciones de 2019 perdió más de 1 millón de votos. ARENA, el otro partido opositor, padece una convalecencia similar pero menos intensa.

“¡Qué les duela, qué les duela, Nayib, Nayib, Nayib!”, gritaban los asistentes a la toma de posesión, la mayoría vestidos con el azul cian de Nuevas Ideas, el partido que fundó el presidente Bukele antes de la campaña de 2019. “¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo!”, coreaban otros más emocionados por ver en la tarima al candidato que apoyaron en las elecciones y por el que hicieron campaña en sus barrios y comunidades.

El discurso del presidente fue estrictamente emotivo, como el publicista que es. En las cinco páginas que leyó, reflejadas en dos telepromter instalados frente a él, faltó espacio para las promesas grandilocuentes y la reiteración de las que serán las apuestas estratégicas que guiarán su gestión del gobierno del país más pequeño de Centroamérica. Repitió, por ejemplo, que su triunfo en las urnas el 2 de febrero representa el fin de la posguerra y, por tanto, el adiós definitivo a las referencias a la Guerra Civil salvadoreña que inició en los años 80 y terminó con la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992; se representó a sí mismo como la encarnación de un pasado que termina y el futuro que comienza: “Este día inicia el nuevo gobierno de El Salvador, este día inicia la nueva historia que vamos a escribir juntos”, dijo al público que lo escuchaba emocionado.

Habitual en él son también las metáforas. Comparó al país con un niño enfermo que debe ser cuidado por su familia. Un niño que tiene mucho tiempo de estar mal, que necesita atención a todas horas, que sufre y provoca sufrimiento a su alrededor. “Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga, nos toca ahora a todos sufrir un poco, nos toca ahora a todos tener un poco de dolor, nos toca a todos asumir nuestra responsabilidad”, afirmó.

En ningún momento aclaró a qué se refería con tomar “medicina amarga”. Pero es evidente que el país es conocido por estar terriblemente enfermo desde hace más de 50 años. En los años 80 en la guerra murieron más de 80 mil  ciudadanos y más de 7 mil fueron desaparecidos; los crímenes de esos años, como las masacres de El Mozote, El Sumpul, Las Hojas; o los asesinatos de Óscar Arnulfo Romero o los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana, entre ellos el de Ignacio Ellacuría; o las desapariciones forzadas de estudiantes universitarios, miembros de las comunidades cristianas de bases, entre otros siguen impunes mientras los presuntos responsables se vanaglorian de haber “defendido la patria”.

El fallecido Domingo Monterrosa Barrios, uno de los presuntos responsables de la masacre de El Mozote, es venerado como un héroe por los sectores más oscuros que todavía tienen gran poder dentro de la Fuerza Armada salvadoreña, institución que se supone dejó de ser deliberante con la firma de la paz y se subyugó completamente al poder civil. Esa supuesta sumisión, sin embargo, fue insuficiente para lograr que el FMLN pudiera doblegar a un grupo de militares que se negaban a quitar el nombre de Monterrosa de la brigada militar de San Miguel, uno de los municipios más grandes ubicado a 146 kilómetros de distancia de la capital.

Pese a ser símbolo de la considerada matanza de civiles más grande de Latinoamérica —los cálculos más recientes establecieron en más de mil 700 el número de víctimas, la mayoría menores de edad en el momento de ser asesinados por los miembros del Batallón Atlacatl— su nombre decoró la sede de una de las brigadas militares más importantes del país. Pese a que también ONG de derechos humanos nacionales, internacionales y organismos como la ONU habían pedido eliminar ese homenaje.

Pero lo que el FMLN no hizo en diez años, Bukele lo hizo en menos de diez horas. Al filo de la siete de la noche del día de su juramentación ordenó, como siempre en su cuenta de Twitter, que el homenaje a Monterrosa fuera borrado. Al día siguiente, casi al mediodía, tres soldados salieron con espátulas a remover la pintura blanca con la que había sido escrito el nombre y a dejar una franja gris sobre el verde claro de la pared.

Aunque en el discurso de asunción no lo anunció, esa acción ha sido considerada en el país como una mínima dosis de la “medicina amarga” que debe ingerir El Salvador, ya que la impunidad y el homenaje a presuntos criminales de la guerra es visto, por organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y organismos internacionales, como el antecedente más próximo de la violencia que provoca la guerra entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).

La guerra entre pandillas inició a finales de los años 90 con las deportaciones masivas de salvadoreños que habían huido a Estados Unidos en los años 80 y que allá se organizaron en grupos marginales para sobrevivir a los enfrentamientos, a veces contra negros y a veces contra otras pandillas latinas.

Los primeros deportados encontraron, en los jóvenes de las comunidades pobres, terreno para sembrar un odio que había nacido en las calles de California, pero que aquí comenzó a tener sentido propio, a gobernar las acciones de jóvenes que muy poco tenían para hacer con sus vidas.

Las autoridades no supieron qué hacer con los primeros pandilleros y, desconcertados, los encarcelaron. Primero fue el fallecido expresidente Francisco Flores que inauguró la década del manodurismo. Después siguió en la misma tradición el expresidente Elías Antonio Saca, en la actualidad condenado por delitos de corrupción. En la década del FMLN fueron intentadas dos fórmulas: Funes ensayó la tregua que redujo de 14 a cinco el promedio de asesinatos diarios, pero concienció a los cabecillas que el asesinato puede ser ocupado como arma de manipulación política para obtener beneficios penitenciarios; en su quinquenio, Sánchez Cerén revirtió completamente cualquier conciliación por la vía de su antecesor y se lanzó a la guerra abierta contra pandilleros: esta administración cierra con más de 23 mil muertes violentas ocurridas en su haber.

Fue en la administración de Sánchez Cerén, además, que los casos de desplazamientos forzados internos aumentaron hasta desbordar en una crisis que el Gobierno siempre negó alegando que los salvadoreños —un promedio de 300 diarios— seguían saliendo de las fronteras por motivos económicos más que por haber sido desalojados de sus casas por pandilleros o por evitar ser asesinados por no haber pagado extorsión.

Las caravanas de migrantes que de suelo salvadoreño salieron rumbo a México y luego a Estados Unidos se convirtieron en la representación de la crisis, aunque en este caso crisis no solo salvadoreña sino también de Guatemala y Honduras, es decir, del Triángulo Norte de Centroamérica. La mayoría de los miembros de esos grupos masivos viajaban, según sus propias palabras, por motivos económicos (desempleo, salarios precarios, carestía) más que por ser víctimas de la violencia de las pandillas. Aseguraban, sin embargo, no haber intentado emprender un negocio por miedo a ser extorsionados y quebrar.

Los motivos económicos tampoco son menores. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, del año 2016, el 34 por ciento de los hogares salvadoreños padece pobreza multidimensional, es decir, 2 millones 569 mil 774 ciudadanos; mientras tanto, de acuerdo con los cálculos del Banco Mundial, el 38 por ciento de la población va en movilidad descendente, o sea, camino a la pobreza.

Frenar la migración masiva es una de las promesas que el presidente Bukele hizo en su primera intervención como disertador de la Fundación Heritage, en Estados Unidos, a mediados de febrero de este año. Pero, a diferencia de lo que sí hizo en una ocasión el gobierno del FMLN, él no pidió respeto para los migrantes a quienes el mandatario estadunidense Donald Trump ha calificado de delincuentes y terroristas.

Tampoco lo hizo Alexandra Hill Tinoco, la funcionaria que el 2 de mayo el mandatario dio a conocer como ministra de Relaciones Exteriores. En la primera conferencia de prensa que brindó a los medios de comunicación consideró urgente estrechar las relaciones comerciales con el gigante norteamericano, el principal socio comercial salvadoreño y el país en el que viven más de 3 millones de nacionales. “¿Con el trato de la actual administración (refiriéndose a Sánchez Cerén) de nuestro país, crees que El Salvador se merece respeto?”, respondió a la pregunta de un periodista.

También la relación con China ha sido puesta en entredicho. El gobierno de Sánchez Cerén rompió repentinamente con Taiwán el 20 de agosto de 2018 para reconocer el principio de una sola China. Eso provocó un cisma con Estados Unidos que llamó a Jean Manes, su embajadora en el país, a consultas. Al conocerse los resultados de las elecciones y oficializarse el triunfo de Bukele, ella auguró que iba a ser más fácil trabajar con Bukele de lo que había sido con el gobierno anterior.

En la campaña presidencial la identificación ideológica del ahora presidente osciló entre la izquierda que defiende la intervención estatal con propósitos redistributivos y el centro político, aparentemente más a las maneras de la tradición de la socialdemocracia centroeuropea. Hoy parece escorarse a la derecha que privilegia la libertad económica antes que las ideas sociales, similares a las concepciones del Estado que defendieron los presidentes de la República Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca, todos de ARENA y conocidos por defender ideas ultraliberales y privatizar servicios básicos como las telecomunicaciones o dolarizar.

Y la integración de su gabinete de gobierno ha ido en ese sentido. También en el sentido más íntimo: para desempeñar puestos clave nombró a sus amigos de toda la vida, a sus viejos socios comerciales e incluso a uno de los empleados de una de sus empresas. Por ejemplo: como ministra de Vivienda (un cargo nuevo) designó a Michelle Sol, una amistad suya que antes había sido su delfín como alcaldesa de Nuevo Cuscatlán, el municipio en el que él nació a la vida político-partidaria; Ernesto Castro, otra de las amistades de toda su vida, es el esposo de Michelle Sol y ahora será secretario privado de la Presidencia; Federico Anliker, su compañero en la escuela de educación básica, se desempeñará como presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), la institución encargada de administrar puertos y aeropuertos; Pablo Salvador Anliker será ministro de Agricultura; Rogelio Rivas, cuya única experiencia como funcionario es haber sido presidente de la organización de alcaldías salvadoreñas, será ministro de Seguridad.

Pero la integración del núcleo duro de su gabinete también refleja cambios en la política salvadoreña: la mayoría son menores de 45 años de edad y no provienen de los años de la Guerra Civil ni de los partidos tradicionales, como sí sucedió con los funcionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN. Es decir: parece que ha comenzado a operarse la transición en la administración del Estado de los viejos militantes a ciudadanos que no se formaron culturalmente en la dialéctica de la Guerra Fría.

Ese fue, además, el leit motiv de toda la campaña de Bukele y que en su asunción al poder se está concretando: el fin de los mismos de siempre (ARENA y el FMLN) ha comenzado.

En los días siguientes a la toma de posesión demostró que entre una de sus tareas está achacar todos los vicios que el FMLN tuvo mientras ejerció el poder. Por ejemplo: ordenó despedir a casi 20 empleados públicos que son familiares de dirigentes del FMLN y que se desempeñaban en instituciones clave. Entre los despedidos están hijos, nietos y sobrinos del expresidente Sánchez Cerén, y de otros funcionarios como Sigfrido Reyes, Norma Guevara, Hugo Martínez, entre otros.

Todos los despidos los ordenó a través de su cuenta de Twitter. De Sánchez Cerén fueron despedidos diez familiares, incluyendo a sus nietos. El FMLN, sin embargo, respondió que no se trataba de casos de nepotismo, defendió las contrataciones e incluso ha ofrecido ayuda legal para los que quieran presentar demandas en los juzgados laborales.

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