CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El neoliberalismo es la posdata del liberalismo económico. Lo que el pudor le impidió prescribir a Adam Smith lo escribieron Hayek y su maestro Mises, en lo esencial, en la primera mitad del siglo XX. Ambos teorizaron el capitalismo salvaje y se empeñaron en detener la domesticación práctica de que estaba siendo objeto. No obstante, pese a la importancia de su obra, lo que Judt llamó “la venganza de los austriacos” fue postergada por Keynes y por la socialdemocracia hasta los años ochenta, cuando la carestía petrolera y el envejecimiento demográfico hicieron muy costoso el Estado benefactor, baluarte de las sociedades más libres y justas de la historia. Fue entonces cuando las ideas hayekianas llegaron al poder en Gran Bretaña y Estados Unidos, de la mano de Thatcher y Reagan. El proceso de humanización capitalista fue revertido y el laissez faire volvió por sus fueros, con su suma de egoísmos individuales que resulta en malestar colectivo. ¿Qué caracteriza al modelo neoliberal? Principalmente tres reformas: privatización, desregulación y gravámenes regresivos. Aunque no soy de los que piensan que todo lo que trajo consigo el neoliberalismo realmente existente debe desecharse –tuvo otras aportaciones que a mi juicio son dignas de mantenerse, como el libre comercio y la disciplina en las finanzas públicas, gracias a la cual se frenó el endeudamiento excesivo y las espirales inflacionarias– sí creo que aquella tríada reformista resultó perjudicial. Veamos. 1) Privatizar lo que no pasaba un análisis de costo-beneficio social era inevitable, pero los excesos fueron contraproducentes. 2) Desregular fue un despropósito, como se corroboró tras la entronización de la economía especulativa que desembocó en la Gran Recesión del 2008. 3) Implantar lo que se denominó trickle down economics –la peregrina tesis de que reducir los impuestos a los más ricos ayuda a los más pobres– aumentó la desigualdad y al hacerlo exacerbó la indignación contra el establishment y la globalifobia; usar la palanca fiscal para concentrar la riqueza en vez de distribuirla constituyó, a no dudarlo, el más grave error neoliberal. En América Latina, el neoliberalismo se plasmó en el llamado “consenso de Washington”. Se trata de un decálogo de recetas económicas más o menos razonables que sin embargo incluye dos de las tres reformas perniciosas: la privatización y la desregulación (John Williamson, “What Washington Means by Policy Reform”, en J. Williamson (ed.): Latin American Readjustment: How Much has Happened (Institute for International Economics, Washington, 1989, puntos 8 y 9). Y es que los neoliberales latinoamericanos fueron más libertarios que Friedman. Dígalo si no el caso de México. Era necesario privatizar la gran mayoría de sus más de mil empresas paraestatales, sí, pero fue dañino trocar el sentido común en dogma y dar a particulares el control de puertos y aeropuertos, servicios públicos y carreteras, mientras los carísimos salvamentos y reprivatizaciones –con la atrocidad del Fobaproa como baldón– socializaron las pérdidas de los grandes empresarios y dejaron una obscena deuda pública que aún lastra al país. Peor aún, el endiosamiento de lo privado y la satanización del Estado condujo a la degradación de la salud y la educación públicas e incluso de la seguridad. Hoy, 30 años después, los mexicanos tenemos un presidente que se declara enemigo del neoliberalismo, si bien acata sus reglas en materia macroeconómica. Bien. Tiene razón cuando afirma que los tecnócratas neoliberales corrompieron muchas cosas, pero se equivoca al asumir que ellos iniciaron la corrupción mexicana: el régimen priista previo al neoliberalismo fue igualmente corrupto y no puede ser exonerado. Hace bien en criticar la forma tan turbia en que se privatizó y reprivatizó, y también en condenar la desregulación, pero hace mal en descartar la opción de llevar a cabo una reforma tributaria progresiva. Sus programas sociales requieren una gran tajada presupuestal y financiarlos solo con cargo al combate a la corrupción y a la austeridad republicana es insuficiente, mete una presión financiera brutal y genera resistencias burocráticas que pueden frustrar su proyecto. Celebro su intento de limpiar de corruptelas la administración pública y aplaudo su decisión de ya no condonar impuestos, pero estoy convencido de que está obligado a ir más allá de eso si aspira a inaugurar la era post neoliberal. El capital político de AMLO es enorme, no infinito. Tiene que administrarlo bien. Gastarlo en cancelar aeropuertos o en pelearse con calificadoras o con organizaciones de la sociedad civil o con intelectuales y comunicadores es, en mi opinión, un desperdicio. La madre de todas las batallas contra el neoliberalismo es gravar más a quienes más tienen. Solo así puede AMLO obtener los recursos para la 4T, y es ahí donde tiene que usar su popularidad. No podrá construir un sistema de salud nórdico sin una carga fiscal escandinava. Lo señalé hace cuatro años en uno de mis libros, aludiendo a Piketty et al: “prácticamente todos los economistas que priorizan el combate a la desigualdad proponen impuestos al capital”, y “los incentivos que se perderían con mayores impuestos a las grandes corporaciones se trasladarían a las [mipymes]”; el aumento se negociaría a cambio del abatimiento de la corrupción (La cuarta socialdemocracia, Catarata, Madrid, 2015, p. 90). No hay de otra. Es eso o, de plano, olvidarse de un nuevo Estado de bienestar. Este análisis se publicó el 2 de junio de 2019 en la edición 2222 de la revista Proceso