CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 148 periodistas asesinados desde el año 2000, siete de ellos en lo que va de este 2019, México se mantiene como uno de los principales países en los que ejercer la labor periodística representa un riesgo “sin que las autoridades responsables acierten a implementar políticas públicas que permitan vislumbrar que la violencia contra el gremio pueda tener un fin”, reprobó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En el contexto de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, el organismo resaltó que los estados con mayor número de homicidios de periodistas son Veracruz (22 casos), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (16) y Chihuahua (14). En un pronunciamiento, la CNDH destacó que de acuerdo al último análisis sobre el avance de las indagatorias por los homicidios de comunicadores, “se determinó que en cerca del 90% de los casos existe impunidad, cifra que se eleva al 100% en los casos de comunicadores desaparecidos y en los 52 atentados a instalaciones de medios de comunicación que se han presentado desde 2005 y 2006, respectivamente”. Al señalar que México es el país latinoamericano con mayor número de asesinatos de periodistas, el organismo instó a esclarecer todos los casos “aun cuando algunos expedientes hayan superado los plazos lógicos para una investigación”, ya que “el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas debe hacerse efectivo”. La CNDH resaltó que ejercer el derecho a la libertad de expresión, “demanda generar las condiciones adecuadas para que periodistas y medios puedan hacer uso de la misma con seguridad”, en apego a estándares internacionales, para lo cual “es preciso que las autoridades su compromiso con estas libertades básicas, promoviendo el debate público, respetando el disenso y tomando como base la construcción de consensos”. Bajo esos criterios es que la CNDH lanzó la campaña “Con violencia no hay libertad de expresión”, expuesta en televisión, radio, medios impresos y redes sociales, con el objetivo de “llamar la atención sobre la importancia que este derecho tiene para la democracia, las agresiones diferenciadas que sufren las mujeres periodistas y la necesidad de que las autoridades de procuración de justicia investiguen diligentemente cualquier tipo de crímenes en su contra”, misma que ha sido promovida en la Ciudad de México, Tijuana, Veracruz, Zacatecas, Saltillo, Reynosa y Tuxtla Gutiérrez. Para el organismo, “la prevención de las agresiones contra comunicadores, la investigación de los delitos cometidos en su contra y la sanción contra quienes cometen esos crímenes, constituyen tres eslabones clave para reducir la violencia contra periodistas y medios”, obligación de autoridades de los tres órdenes de gobierno. Apuntó que la “democracia depende, en gran medida, de que la libertad de expresión se ejerza de manera libre y en condiciones de seguridad”.