Aranceles, el nuevo “garrote” de Trump contra Latinoamérica

El presidente estadunidense Donald Trump. Foto: AP / Evan Vucci El presidente estadunidense Donald Trump. Foto: AP / Evan Vucci

BOGOTÁ (apro).- La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles a las importaciones procedentes de México, y las negociaciones que la desactivaron, fueron seguidas con lupa en Colombia, donde el gobierno y el sector exportador temen que el inquilino de la Casa Blanca quiera replicar en esta nación sudamericana esa estrategia de chantaje.

Trump viene amenazando desde hace meses con “descertificar” la lucha antidrogas de Colombia, a pesar de que este país es el principal aliado de Washington en la región y de que históricamente ha seguido las pautas que marca la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al narcotráfico.

Y funcionarios del gobierno del presidente colombiano Iván Duque temen que una “descertificación” venga acompañada de represalias comerciales, como la imposición de tarifas a las importaciones estadunidenses procedentes de Colombia.

Incluso, asesores de Duque no descartan que Trump simplemente amenace con imponer aranceles a los productos colombianos sin esperar al proceso de “descertificación” –que es anunciado por la Casa Blanca en septiembre de cada año–, si Colombia no hace lo que él quiere para detener el aumento de cultivos de hoja de coca.

Sería algo similar al chantaje que utilizó Trump con México, al que exigió detener el flujo de migrantes centroamericanos. En el caso colombiano, se trata de parar la coca, algo tan improbable como parar una oleada migratoria.

Pero como estos son tiempos de precampaña electoral en Estados Unidos y el temperamental empresario neoyorquino se quiere reelegir, la lógica de las exigencias es lo de menos.

A cambio de evitar un arancel del 5% a los productos mexicanos –que aumentaría progresivamente–, Trump comprometió a México a reforzar el control de su frontera sur con la Guardia Nacional y el Ejército y a recibir a los migrantes centroamericanos que pidan asilo en Estados Unidos, mientras se resuelve su situación.

Aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el acuerdo con Washington como un triunfo, en México se ha desatado una controversia sobre si ha valido la pena el costo de la desactivación del arancel del 5%.

En Colombia ya hay funcionarios y analistas que se comienzan a preguntar qué se le podría ofrecer a Estados Unidos en materia de lucha antidrogas si el atrabancado presidente de ese país decide un día aplicar sanciones comerciales a esta nación sudamericana por –supuestamente— no hacer lo necesario para detener tráfico de cocaína.

Según la última medición de Estados Unidos, los sembradíos de hoja de coca en Colombia alcanzan las 220 mil hectáreas, casi el triple de las que había en 2015, con lo que el potencial anual de producción de cocaína habría llegado a unas mil 700 toneladas.

El anterior gobierno de Colombia apostó por una estrategia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, lo que nunca fue del agrado de Washington.

Los “halcones” de Trump y sus aliados en el gobierno de Duque y en el gobernante partido Centro Democrático buscan la reanudación de las aspersiones aéreas de cultivos de hoja de coca con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno que, además, causa estragos ambientales.

Por esa razón, y porque la Corte Constitucional así lo recomendó en un fallo, el gobierno colombiano decidió hace cuatro años suspender el uso del glifosato y destinar más recursos al programa de sustitución voluntaria de cultivos cocaleros, el cual da alternativas productivas a los campesinos pobres involucrados en esa actividad.

Pero la presión de Washington para que Colombia reanude las fumigaciones con ese herbicida –considerado letal para la salud humana por cortes del estado de California— ha venido creciendo.

El presidente Duque es partidario de volver a usar el glifosato, pero el fallo de la Corte Constitucional que lo considera cancerígeno, en línea con un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impide en los hechos su uso.

Sin consideración alguna con Duque, que ha hecho todo lo que está a su alcance por complacer a Washington en su estrategia antidrogas y en su cruzada contra el régimen chavista en Venezuela, Trump lo ha acusado de que “no ha hecho nada” para reducir la cantidad de cocaína que sale de Colombia hacia Estados Unidos.

“Él (Duque) dijo que iba a detener las drogas (…) pero hay más drogas saliendo de Colombia ahora mismo que antes de que fuera presidente”, aseguró Trump el pasado 29 de marzo en un acto en Florida.

Unos días después, el gobernante estadounidense volvió a arremeter contra su homólogo colombiano al afirmar que “desafortunadamente” el negocio de las drogas ha crecido un 50% desde que Duque es presidente.

Además, aseguró que Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador están enviando “criminales” a Estados Unidos.

Esta errónea percepción de que Colombia no está cooperando en la lucha antidrogas, a pesar de que el año pasado el país sudamericano incautó 414 toneladas de cocaína, se reforzó el mes pasado, cuando el Tribunal para la Paz negó la extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich, unos de los excomandantes de la exguerrilla de las FARC.

Esa extradición fue negada, de acuerdo con el fallo del tribunal, porque Estados Unidos no aportó pruebas ni del delito de tráfico de cocaína que le atribuye a Santrich ni de que habría ocurrido después del primero de diciembre de 2016, fecha de la entrada en vigencia de los acuerdos de paz con las FARC.

La derecha colombiana ha deplorado ese fallo y ha advertido que, junto con los sembradíos de hoja de coca, pueden provocar una “descertificación” de Estados Unidos a Colombia en materia de lucha antidrogas.

Esto para Colombia implicaría que puede perder parte de la ayuda de alrededor de 390 millones de dólares que recibe cada año de Washington para combatir el narcotráfico y financiar programas de desarrollo.

Pero ante la amenaza de aranceles que Trump le hizo a México, Colombia teme más a una medida de ese tipo que a la misma “descertificación”.

Colombia y Estados Unidos tienen vigente un Tratado de Libre Comercio (TLC), y en los primeros cinco meses de este año, las exportaciones colombianas a ese mercado representaron el 30% del total.

Una sanción comercial de Washington a Colombia por no seguir al pie de la letra sus dictados en materia de lucha antidrogas sería un duro golpe para la economía de este país y para el presidente Duque, cuya gestión desaprueban las dos terceras partes de los colombianos.

 

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