CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Ante el arresto de su líder, Naasón Joaquín García, la Iglesia de la Luz del Mundo ha sido víctima de 926 casos de discriminación cometidos contra sus fieles en todo el país, por lo que ya pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, el vocero de esta asociación religiosa, Silem García Peña, agregó que, de estos 926 casos de discriminación, 96 ocurrieron en el estado de Jalisco –donde la Iglesia tiene su sede—y los restantes 830 en distintos puntos del país. García Peña indicó que la detención del líder, así como las declaraciones “irresponsables” del fiscal de California, generaron un “linchamiento mediático” y un “clima de odio y discriminación” contra la feligresía de esa Iglesia. Y agregó: “Hay diversas manifestaciones verbales directas y a través de redes sociales que atentan contra la dignidad de nuestros fieles, pues los califican de ´fanáticos´, ignorantes´, ´violadores´, ´enfermos´, ´coludidos´, etcétera”. Y señaló que, además, las mujeres pertenecientes a esta Iglesia están siendo agredidas sexualmente, pues son víctimas de “tocamientos” que van acompañados de expresiones burlonas que dicen: “pues al fin y al cabo les gusta que las violen”. Estos actos discriminatorios –señaló el vocero—se están extendiendo a las escuelas, donde los profesores inducen a “la burla” contra sus alumnos que pertenecen a la Luz del Mundo, generando así bullying en los salones de clase. Ante esto, García Peña señaló que la Iglesia ya le envió una carta a López Obrador, en la cual le pide aplicar medidas precautorias para brindar seguridad a los miembros de esa Iglesia, la cual es calificada por algunos como una secta religiosa. “Nos interesa que se tomen medidas precautorias para proteger a los fieles de nuestra Iglesia, para que no se generen agresiones contra ellos, en especial contra los niños. Necesitamos el apoyo de las autoridades para que se emitan las medidas correspondientes”. Y concluyó exhortando: “Hacemos un llamado al gobierno de la república, así como a los gobiernos estatales y municipales, para que generen los mecanismos necesarios, no sólo para rechazar este tipo de prácticas, sino para sancionarlas y erradicarlas de manera oficiosa y eficaz”.