CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Solo era cuestión de tiempo para que México se alineara a la política migratoria de Estados Unidos. La paradoja es que le tocó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador dar el paso ante el chantaje de Donald Trump. Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña pavimentaron el camino. Desde que Estados Unidos hizo de la migración un asunto de seguridad nacional, luego de los ataques de Al Qaeda a Nueva York y Washington, las presiones de Estados Unidos para para que México controle a los migrantes que quieren entrar a Estados Unidos no han cesado. Al tiempo que buscaba la regularización de mexicanos en Estados Unidos, Fox puso en marcha el Plan Sur, que no fue otra cosa que el establecimiento de estaciones migratorias en el sur del país para controlar a los extranjeros en su camino para ingresar de forma ilegal a ese país. Así fue como el Instituto Nacional de Migración (INM) abrió y amplió sus estaciones en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Ya como programa de gobierno se llegaron a 52 unidades migratorias en todo el país, pero concentradas en la frontera con Guatemala. Calderón también trató el fenómeno de la migración como un asunto de seguridad nacional, colocándolo en el mismo nivel que el combate al narcotráfico. Vinculada la migración a la “guerra a las drogas”, el segundo gobierno panista obtuvo recursos en forma de equipo y ayuda técnica con el Plan Mérida. Con todo y el enfoque represivo, en el gobierno de Calderón quedaron registradas tres matanzas de migrantes: en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011; y en Cadereyta, Nuevo León, donde en 2012 se encontraron 49 torsos de personas que querían ir a Estados Unidos. En 2014, el gobierno de Peña Nieto echó a andar su Programa Frontera Sur, cuyo propósito fue la detención y deportación de los migrantes. Tan solo para 2015, ese programa contó con 102 millones de pesos. El programa respondió a las presiones de Estados Unidos hacia México debido al incremento en el número de detenciones de menores no acompañados por parte de la Patrulla Fronteriza. Las concesiones de México fueron creciendo a través de la entrega de información de los migrantes a Estados Unidos a través del INM. Washington intentó, incluso, tener la información migratoria concentrada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Hoy, Estados Unidos cuenta con las bases de datos migratorias de México. Al final de su gobierno, ya con Trump encima y su obsesión por el muro en la frontera México-Estados Unidos, Peña Nieto pretendió crear un cuerpo de Policía Fronteriza dentro de la Policía Federal. No le alcanzó el tiempo. Era más que previsible que el gobierno de López Obrador iba a enfrentar más que presiones por parte de Trump en su insistencia de cerrar la frontera. Fue claro que su gabinete de seguridad nacional no se ocupó del tema -o si lo hizo no se notó- y Trump tomó de nueva cuenta al país como rehén de su xenofobia con miras a su reelección presidencial en 2020. Recurrió al chantaje del comercio y de la penetración de la delincuencia organizada en la estructura del Estado mexicano. Con una dependencia casi total del mercado estadunidense -ocho de cada diez productos que México vende y compra en el mundo es con Estados Unidos- y una innegable presencia de la delincuencia en el poder formal del país, Trump vinculó el tema comercial al migratorio, lo que hasta ahora Estados Unidos no había hecho. Con la mera posibilidad de imponer aranceles, logró que el gobierno de López Obrador diera pasos más grandes que sus antecesores para hacer el trabajo sucio a los Estados Unidos. Sin nada a cambio más que la promesa de no imponer aranceles por el momento, el gobierno de la Cuarta Transformación aceptó que se abran a lo largo de la frontera más puntos de deportación de centroamericanos hacia México, para que Estados Unidos ya no gaste en concentrarlos como ahora en solo tres puntos. Ya en México, se hará cargo de darles techo, alimentación, salud, educación y hasta empleo, en lo que Estados Unidos responde su petición de asilo, lo cual puede durar años. El gobierno estadunidense ha advertido que podría deportar a miles de centroamericanos que ahora piden asilo. El secretario de Relaciones Exteriores refirió el martes que tan solo entre abril y mayo entraron a Estados Unidos 600 mil centroamericanos. Además, de los 10 mil que están en México en espera. En los próximos días, México empezará a recibir a una parte de ellos. No se sabe cuál será la cifra que Trump considere “aceptable” para demostrar que la propuesta funciona. Si en 45 días no le gusta el resultado, entonces el Congreso tendrá que hacer reformas para hacer de México un “tercer país seguro” para los centroamericanos, tal y como quiere Trump. Por lo pronto, México acordó cerrar la pinza de contención. Desplegará, de inicio, seis mil elementos de la Guardia Nacional, el 10% de su fuerza, además de agentes del INM. Ese despliegue complementará a las tropas del Ejército de Estados Unidos que el gobierno de Guatemala aceptó ya en su frontera con México. Todo, a cambio de promesas, como la de evaluar el plan de desarrollo propuesto por López Obrador para Centroamérica. En 2016, cuando Turquía aceptó hacerse cargo de los migrantes que huían de la guerra en Siria, la Unión Europea financió un programa de 600 millones de euros para asistir a los refugiados. Aquí, México va a hacer el trabajo sucio y lo va a pagar. Para eso también está la mayoría de Morena en el Congreso. @jorgecarrascoa