Recomendación de la CNDH por estancias: medida es “regresiva” y viola derechos de niños

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A seis meses de tomar posesión, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recibió su primera recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la cancelación injustificada del Programa de Estancias Infantiles.

Tras recibir 204 quejas presentadas por 5 mil 340 personas agraviadas, el organismo consideró que la medida ordenada por López Obrador e instrumentada por las secretarías de Bienestar y Hacienda y Crédito, y avalada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), es “regresiva” y viola los derechos a niñas, niños, madres, padres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles.

El organismo instruyó restaurar un sistema de cuidado con los recursos que fueron recortados, así como el pago retroactivo de los subsidios a los responsables de estancias conforme al padrón previo al recorte presupuestal, de febrero de 2019.

El organismo público descartó que con la creación del Programa de Apoyo al Bienestar, con 50.16% de presupuesto menor que el de estancias en 2018, por el cual se entregan recursos monetarios de forma directa a las madres y padres trabajadores, se garantice que los fondos entregados se destinen efectivamente para salvaguardar los derechos de las niñas y niños inscritos en el programa ante la falta de vigilancia.

La recomendación 29/2019 fue presentada este lunes por el primer visitador general, Ismael Eslava, luego que la semana pasada el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, exhibiera la negativa de López Obrador a recibir en una ceremonia ex profeso, el Informe de Actividades 2018, como se ha realizado desde la creación de la CNDH hace 29 años.

En la presentación del documento recomendatorio, Eslava dio cuenta de las principales irregularidades detectadas durante la investigación del organismo, que consta de ocho tomos y más de 7 mil fojas.

Entre las anomalías detectadas destacan la exclusión en los padrones de al menos 6 mil 620 menores, de acuerdo a reportes de representantes de las estancias, siendo el mayor número de niñas y niños desprotegidos en Veracruz, Estado de México, Chiapas, Sonora y Puebla.

La CNDH detectó trasgresiones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Desarrollo Social “que prohíben expresamente la disminución del presupuesto” de programas sociales; la Secretaría de Bienestar “no fundó ni motivó, con base en los derechos humanos de niñas, niños o su interés superior, la decisión de la modalidad de transferencias monetarias directas a las madres y padres beneficiarios del Programa de Apoyo al Bienestar, sin explicar de qué manera este cambio cambiará a una mejor protección de los derechos de la población menor de edad”.

Para la CNDH la disminución presupuestaria de 4 mil 70 millones de pesos en 2018 a 2 mil 41 para 2019, “constituye una medida de carácter regresivo tanto en lo normativo como en sus resultados, que trastoca la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales de niñas y niños, madres y padres, y responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, toda vez que limitó injustificadamente el monto de los beneficios otorgados durante el ejercicio fiscal 2018, y disminuyó el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del Programa Estancias Infantiles”.

El organismo detectó irregularidades “en el procedimiento para la autorización de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar”, ya que no sólo se sustituyó el nombre, sino que “contiene disposiciones sustancialmente distintas al de Estancias Infantiles”.

Pese a lo anterior, la SHCP y la Conamer lo dejaron pasar, “no observaron las normas para la autorización y publicación de programas sujetos a reglas de operación trastocando el derecho a la seguridad y certeza jurídica” de los agraviados.

La recomendación identificó que la medida del gobierno de López Obrador violentó los derechos “económicos, sociales y culturales al contravenir el principio de progresividad de los derechos humanos de niñas y niños, madres y padres, responsables y trabajadoras de estancias, toda vez que se limitó injustificadamente el monto de los beneficios que se venían otorgando con el Programa de Estancias Infantiles”.

En cuanto a los derechos violados a niñas y niños, se agravio el interés superior de la niñez en primera infancia; el derecho a una vida digna, a la supervivencia y el desarrollo, el derecho a la prioridad, a las condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral a la educación y a la participación.

En agravio de madres trabajadoras y padres solos, se violentaron los derechos a la igualdad y no discriminación; a la protección de su organización y desarrollo; al trabajo de madres trabajadoras y padres solos.

En cuanto a los derechos de responsables y trabajadoras de estancias infantiles afectados son al trabajo, a la igualdad y empoderamiento económico.

La CNDH instruyó a la Secretaría de Bienestar a crear un mecanismo para que “restituya” a los agraviados “los derechos que fueron violados” con “la misma proporción de recursos con que contaba el Programa de Estancias Infantiles en el ejercicio fiscal 2018, el cual deberá incrementarse de manera progresiva”.

“Establecer un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para que los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil; llevar a cabo las acciones necesarias “que permitan el pago retroactivo de subsidios a las estancias infantiles conforme al padrón del Programa de Estancias Infantiles vigente al 28 de febrero de 2019, desde la última fecha en que se hayan pagado y hasta aquella que se emitieron las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Bienestar”.

“Establecer una política pública que garantice a niños y niñas en primera infancia un sistema de cuidados que provea de servicios de atención integral y que se emplee al personal que ha ya recibido capacitación y certificación como responsables de estancias”, indica la CNDH.

A la SHCP se le recomendó la liberación de recursos para que la Secretaría de Bienestar realice un diagnóstico del Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019; así como “generar acciones que permitan verificar, previo a la emisión de la autorización presupuestaria, que los anteproyectos de Reglas de Operación que presentan entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y las entidades no coordinadas, se encuentren expresamente establecidos en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda”.

A al Conamer pidió “garantizar la transparencia y la mejora regulatoria de los anteproyectos de reglas de operación, particularmente de los programas de desarrollo social”, así como realizar un diagnóstico sobre el nivel de cumplimiento “de las observaciones y recomendaciones que dirige a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en sus dictámenes regulatorios”.

La recomendación también toca al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la que sugiere “coordinar la supervisión y vigilancia de los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil para garantizar la seguridad e integridad de las y los usuarios”, para lo que de ser necesario tendrá que modificar el Protocolo de Supervisión, Asesoría y Acompañamiento a fin de dar claridad y certeza a los usuarios”,

En tanto que deberá “garantizar que la prestación de los servicios para atención, cuidado y desarrollo integral infantil prestado por las personas físicas o morales, se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los derechos de niñas y niños”.

La CNDH también emitió recomendaciones conjuntas a las secretarías de Bienestar y Hacienda y Crédito Público, a las que se les pide “garantizar la progresividad de los derechos humanos en los recursos que puedan asignarse, mediante las acciones necesarias de ajustes presupuestales que permitan que el mecanismo de restitución, cuente, por lo menos, con un presupuesto igual al que tuvo el Programa de Estancias Infantiles en 2018”, así como evaluar “de manera inmediata” las acciones a tomar para transferir los recursos correspondientes a enero y febrero de 2019 a las personas responsables de los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles.

A ambas dependencias se les instruye a colaborar con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que las niños y niños “que hayan cubierto los requisitos para la acreditación del primer año de preescolar”, como se había acordado, cuenten con la validación “sin dilaciones, obstáculos y de forma gratuita”, y fortalecer el Modelo de Atención Integral de Estancias Infantiles y el Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo para Niñas y Niños impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo”.

La CNDH recomendó a las autoridades mencionadas a colaborar con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, personas expertas en primera infancia y la SEP”.

El organismo alertó que en 2020 el Estado mexicano tendrá que rendir su sexto informe sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ante el Comité de Derechos del Niño, por lo que de no atenderse las recomendaciones, se está en “riesgo de que las medidas regresivas sobre el Programa de Estancias Infantiles deriven en un eventual señalamiento por parte del organismo internacional”.

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