Gobierno apuesta al “éxito” de sus medidas para disminuir el “flujo irregular” de migrantes: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras afirmar que el acuerdo entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump no establece una meta cifrada en cuanto a la reducción del flujo de migración irregular, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón expresó que el gobierno federal apuesta al “éxito” de sus medidas para disminuir el “flujo irregular” de migrantes y refugiados centroamericanos hacia Estados Unidos.

El político reconoció que ambos gobiernos acordaron un plazo de 45 días para que México frene el paso a los centroamericanos; en el caso de que Trump considere de manera “discrecional” que los resultados no fueron suficientes, se iniciaría una nueva ronda de negociaciones y Washington insistiría en un acuerdo de Tercer País Seguro (TPS), que México evalúa.

Un pacto de esa naturaleza obligaría a nuestro país a recibir las solicitudes de asilo de las personas que atraviesan el territorio, en lugar de que pidan refugio en Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que este plazo da tiempo al gobierno mexicano para “prepararnos lo mejor posible para la negociación que podría darse en 45 días”, e insistió que si se diera esta nueva negociación no regresaría la “amenaza de aranceles”, a pesar de que Trump y el secretario de Estado, Mike Pompeo, amagaron con revivirla en varias ocasiones desde el sábado pasado.

Además, informó que los equipos de negociadores iniciaron discusiones para encontrar un “posible acuerdo bilateral que permita responder al reparto de la carga (económica) y a la asignación de responsabilidades para el procesamiento de solicitudes de refugio de migrantes”.

Este acuerdo, según Ebrard, incluiría “un compromiso”, que resultó poco claro: “cada parte aceptaría el retorno y procesamiento de solicitudes de asilo, de nacionales de terceros países que hayan cruzado por el territorio de una de las partes para llegar al territorio de la otra parte para solicitar refugio”.

Por lo pronto, Ebrard explicó que Estados Unidos inició hoy la extensión del plan “Quédate en México”–con el que sus autoridades devuelven solicitantes de asilo extranjeros hasta que termine la evaluación de su caso en una corte estadunidense–, y que el despliegue de los 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur se llevará a cabo mañana, conforme a lo previsto desde hace meses.

Y, después de insistir en que no existe ningún “acuerdo secreto” con Trump, leyó ante la prensa el informe que entregó hoy al Senado, en el que detalla su visita de siete días a Washington.

Esta visita culminó después de tres días de negociaciones intensas con representantes de la administración de Trump –entre el miércoles 5 y el viernes 7– para evitar a toda costa que Estados Unidos imponga un arancel sobre las importaciones de productos mexicanos.

La tarde del viernes pasado, Pompeo trasfirió a Ebrard una llamada de Trump, quien le informó que aceptaba la declaración conjunta que los equipos de negociadores habían elaborado durante el día, pero le advirtió que “el tema migratorio era el más importante para él” y externó su “preocupación por el tráfico de drogas”.

Finalmente, para evitar una “guerra comercial”, el gobierno mexicano se comprometió ante Trump a reforzar sus controles migratorios y desplegar la Guardia Nacional en su frontera sur para evitar que los cientos de miles de personas centroamericanas lleguen a Estados Unidos para pedir refugio.

Desde el anuncio del acuerdo, organizaciones de la sociedad civil y religiosas, así como el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM) deploraron que las personas migrantes fueron utilizadas como “moneda de cambio” en las negociaciones que se llevaron a cabo en Washington, y condenaron la militarización de la frontera sur para frenar la migración.

“Están de manera irregular en nuestro territorio, en eso tenemos cierta responsabilidad. Simple y llanamente no podemos eludir esto”, dijo Ebrard.

Intransigencia

Según el relato del canciller, las negociaciones fueron muy difíciles, dado que los representantes de Trump insistieron hasta el último día en imponer a México un acuerdo de Tercer País Seguro (TPS).

Estos representantes fueron el vicepresidente Mike Pence y Mike Pompeo, así como Pat Cipollone, consejero jurídico de Trump; Kim Breier, subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental; John Creamer, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en México, y Michael Mc Kinley, asesor especial de Pompeo.

Desde que Trump entró a la Casa Blanca presionó para que México aceptara un TPS, y estuvo a punto de lograrlo: en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, el excanciller Luis Videgaray Caso estaba dispuesto a firmar, pero el equipo de transición se lo impidió, y Ebrard siempre insistió en que no aceptaría un acuerdo de esa naturaleza.

Por ello, la delegación mexicana se negó a admitir el TPS y trató de convencer a su contraparte de que un acuerdo no necesariamente tendría los resultados esperados. Los abogados de la Cancillería indicaron, además, que un acuerdo de esta naturaleza debía obtener el visto bueno del Senado, y por lo tanto no podría aplicarse de inmediato.

El primer día el vicepresidente Mike Pence recibió a la delegación mexicana en la Casa Blanca con gráficas que exhibían la llegada de 144 mil personas a la frontera sur de Estados Unidos durante mayo, 32% más que el mes anterior. De estas personas, 100 mil eran niños o familias.

Pence pidió a México que aceptara un acuerdo de Tercer País Seguro, con el argumento de que tendría un “efecto inmediato” sobre la llegada de solicitantes de asilo a su país. Pompeo insistió en que el tema de la migración representaba el “mayor interés” para Trump, y que “estaba decidido a implementar los aranceles como lo había programado si no se obtenían avances significativos para reducir el flujo irregular de personas”.

Ante ese panorama, Ebrard pidió a sus interlocutores “darnos más tiempo para evaluar fehacientemente el resultado de nuestras acciones y el impacto en el flujo irregular”. El resto de la delegación expuso las medidas de contención migratoria que México aplicó desde el inicio de la administración.

De hecho, presentó fotografías sobre el fuerte operativo policiaco-militar que el gobierno federal desplegó horas antes en las inmediaciones de Tapachula para desmantelar una caravana de alrededor de 500 personas, entre ellas muchas mujeres con niños.

“La parte estadunidense recibió nuestra proposición y comentarios con escepticismo, señalando que (…) era necesario hacer algo más para disuadir al flujo irregular”, explicó Ebrard.

El primer día de negociaciones no se alcanzó ningún acuerdo. El jueves, los representantes de Trump presentaron a la delegación mexicana una propuesta de acuerdo de TPS “para su firma inmediata”; ésta se negó y reiteró que un acuerdo de ese tipo necesitaría el aval del Senado.

El viernes, las discusiones se extendieron durante “varias horas por la mañana”, pues los estadunidenses insistían en suscribir un acuerdo de TPS y expandir el plan “Quédate en México”. Finalmente, los equipos redactaron “un borrador de declaración conjunta”, mientras que los abogados determinaron los plazos de 45 días.

“El abogado Cipollone llevó la propuesta al presidente Trump, sin asegurar que éste la aceptaría”, recordó el exmandatario capitalino.

Comentarios