CNDH vigilará el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, anunció que el organismo vigilará el comportamiento de la Guardia Nacional en la política migratoria, que transitó de una de brazos abiertos a la contención de las personas en movilidad.

Al señalar que los integrantes del nuevo cuerpo de seguridad no han recibido capacitación por parte del organismo, situación que ha puesto en alerta a la CNDH tras el anuncio del despliegue de 6 mil integrantes de la Guardia Nacional en la frontera sur.

Al señalar que apenas se iniciaron los intercambios entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y la CNDH para emprender la capacitación a los integrantes de dicha Guardia, González Pérez dijo que por ello “doblemente la Comisión Nacional estará atenta a que no se violenten los derechos humanos” de los migrantes.

Entrevistado al termino de su participación en el foro “Derechos humanos de las personas con discapacidad en el siglo XXI: logros y retos”, el ombudsman insistió en que “tiene que haber capacitación en el respeto a los derechos humanos y en el uso legítimo de la fuerza, de acuerdo a los estándares internacionales, al marco legal que se acaba de aprobar y protocolos que se tienen que implementar”.

Por lo pronto, dijo desconocer “qué elementos son los que ya se han capacitado de la Policía Federal en el pasado que se incorporan a la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar” hayan tomado algún curso de derechos humanos.

Al señalar que no ha sido informado sobre cuántos elementos cuentan con formación en derechos humanos, el ombudsman recordó que la CNDH participará con la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en brindar cursos a los elementos de la Guardia Nacional.

Sobre las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos y México para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos como represalia a la falta de controles migratorios, el ombudsman consideró que “cualquier política comercial no debe dejar de lado la protección de los derechos humanos”, por lo que insistió en que el organismo vigilará que la integridad de los migrantes sea respetada.

Resaltó que aún cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador niegue que el despliegue de personal de la Guardia Nacional a la frontera sur responde a las negociaciones en Washington, lo cierto es que “pareciera que la coincidencia en tiempos hace ver que (el cuerpo de seguridad) va a tener una concurrencia para la contención de la población migrante”.

Al advertir el cambio de política migratoria “de brazos abiertos a, ahora, una política de contención”, el presidente de la CNDH destacó que se requiere rendir cuentas en materia de respeto a derechos humanos.

“Necesitamos ver que en los hechos se respeten los derechos humanos, que se dé información a las personas que huyen de la violencia y que su retorno puede representar un riesgo. México está obligado a cumplir los tratados y leyes y, por eso, creo que tiene que tenerse claridad y certeza sobre el marco jurídico regulatorio”, puntualizó.

De la primera etapa de la política migratoria de brazos abiertos, dijo que “significó que se viera rebasada la infraestructura con la que cuenta el país”, por lo que urge fortalecerla al igual que los albergues para personas en situación de movilidad, se tiene que considerar el interés superior de la niñez, en el caso de la recepción de edad, y promover la no separación de las familias.

“La política migratoria tiene que encontrar definición integral, donde el centro siga siendo la persona y no la seguridad por encima de las personas”, insistió González Pérez.

En cuanto a la recomendación sobre las estancias infantiles dada a conocer en la víspera, el ombudsman señaló que aún no ha recibido respuesta de las dependencias a las que está dirigida, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias (Conamer) y el DIF, pero confió en que acepten el documento en apego a compromiso que hizo el presidente López Obrador de aceptar todas las recomendaciones.

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