CIUDAD DE MÈXICO (apro).- Con el reconocimiento de la “dolorosa crisis de derechos humanos” heredada de la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación dio el banderazo de salida a los trabajos para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, que tendrá que ser publicado en diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El evento de arranque de las actividades fue acompañado por especialistas y defensores nombrados como integrantes del cuerpo asesor, así como de miembros del cuerpo diplomático y organizaciones de la sociedad civil, y fue encabezado por la secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. La exministra de la Suprema Corte de Justicia, señaló que “sólo asumiendo de frente las problemáticas originadas por la desigualdad, por la violencia, la misoginia, la impunidad y la corrupción, vamos a poder trazar un plan que nos conduzca a una sociedad más justa”. Insistió que es indispensable “reconocer la dolorosa crisis de derechos humanos que nos fue heredada”, tomando en cuenta que “cada vez se comete una violación a los derechos humos y las autoridades no procuran justicia, se fortalece la impunidad”. Al llamar a los gobiernos estatales, municipales y a las dependencias de gobierno, así como a la sociedad en su conjunto, incluida la iniciativa privada,  a colaborar con la agenda de derechos humanos, Sánchez Cordero puntualizó que “no podemos ni debemos maquillar la realidad por dura que esta sea si queremos encontrar una solución permanente”, a la crisis humanitaria. El subsecretario Encinas se comprometió a que el Plan Nacional de Derechos Humanos de la Cuarta Transformación, no se quedará “en el papel” como solía ocurrir en las administraciones anteriores, sino que el objetivo es que “tenga resultados constatables en la mejora a la calidad de vida, en el respeto a las libertades y la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos”. El funcionario sostuvo que una de las metas es que “las dependencias del gobierno federal, salgan de su zona de confort y vayan a enfrentar la muy difícil realidad que estamos viviendo en materia de derechos humanos en el país”. Encinas explicó que el Plan Nacional de Derechos Humanos correrá de manera transversal al Plan Nacional de Desarrollo, que fue puesto a consideración de la Cámara de Diputados, y que parte del “reconocimiento de que vivimos una situación de emergencia que reclama una acción firme del Estado en concurrencia con la sociedad”. El funcionario reconoció que el reto es mayúsculo tomando en cuenta que México ha recibido más de tres mil recomendaciones en materia de derechos humanos por parte de organismos internacionales como distintas agencias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al tiempo que sostuvo que el gobierno actual ha avanzado con la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Nacional de Búsqueda. Aseguró que su oficina está trabajando en la revisión del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como en el fortalecimiento de la política migratoria y de atención a refugiados, sin renunciar a “una de las características históricas de la política mexicana para garantizar el asilo, el refugio, el trato digno a aquellas personas que vienen a buscar a nuestro país una oportunidad distinta de vida”. Encinas señaló que los trabajos para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos se llevarán a cabo en distintas partes de la república, “no a lugares cómodos sino donde existen los conflictos y los problemas”. La directora general de Política Pública de Derechos Humanos, Estefanía Hernández Ceballos, detalló que para la elaboración del Plan se realizarán 15 foros, mesas técnicas y otro tipo de eventos en todo el país para el diseño de “la política pública que necesita el país”. Aseguró que se espera la participación de sociedad civil, colectivos de familiares de víctimas, académicos, organismos de derechos humanos, para abordar temas como la desaparición de personas, violencia contra las mujeres, situación de niñas, niños y adolescentes, migrantes, desplazamiento forzado, derechos económicos, sociales y culturales, defensores de derechos humanos y periodistas, así como mecanismos de verdad, justicia y no repetición, entre otros. Consejo asesor La funcionaria explicó que los trabajos contarán con un consejo asesor conformado por la académica Clara Jusidman, la integrante de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Dolores González; la representante de ONU-Mujeres, Belén Sanz; Consuelo Morales de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac); Miguel Conchá, del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria; el ex ministro de la SCJN, José Ramón Cossio, el investigador Mauricio Merino y el representante de ONU-DH, Jan Jarab. En representación del consejo, Dolores González reconoció que “la historia de estos ejercicios”, como la construcción de programas de derechos, ha orillado a los defensores a ser “escépticos”, pero “la grave, insostenible e intolerable realidad que hoy vivimos, nos obliga a desplegar todos los recursos posibles para transformarla”. González Sarabia sentenció que “dependerá del compromiso institucional con el proceso, de la apuesta que pongan en las víctimas y en la sociedad civil, pero, sobre todo, de la convicción de unos y otros de que es posible romper los mecanismos que perpetúan la violencia y acercarnos cada vez más a la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición, de que es posible construir una paz verdadera”.