CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) denunció la persistencia de obstáculos para “la implementación efectiva” del mecanismo para emitir declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Ante ello, solicitó una reunión urgente con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, para corregir los “vacíos legales” del reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Luego de que la semana pasada la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) omitió declarar la AVGM en la Ciudad de México, donde se cometieron 167 asesinatos de mujeres el año pasado y otras 431 han sido víctimas de violación en los primeros cinco meses de 2019, el OCNF enlistó una serie de irregularidades que obstruyen la aplicación de las alertas. Tras recordar que en 10 de las 19 AVGM vigentes en el país ha fungido como peticionario, el Observatorio denunció que los vacíos legales se traducen en “retardos injustificados” para realizar las investigaciones y emitir informes, así como en la notificación de su contenido. Además, abundó, hay “restricción de la participación de organizaciones de la sociedad civil peticionarias en el seguimiento a los procesos de las AVGM declaradas, sin que se garantice su participación con voz y voto, desconociendo el interés legítimo y legal de las mismas, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia”. Acusó la “ausencia de criterios claros y una metodología que permita al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) evaluar el avance de las medidas implementadas por los gobiernos para saber en qué medida están cumpliendo con las recomendaciones”. Y subrayó que es nula la definición de tiempos, permitiendo que las autoridades accedan a prórrogas, mismas “que impiden la agilización y materialización de la Alerta como un mecanismo urgente”. También mencionó la inexistencia de “criterios y mecanismos homogéneos para definir en qué casos y cómo se tendría que emitir una declaratoria AVGM”. En un pronunciamiento, el OCNF detalló las actuaciones del GIM, órgano responsable de realizar la investigación sobre la situación de violencia contra las mujeres en cada uno de los 19 estados donde se ha solicitado la AVGM. En los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit y Veracruz, abundó, el GIM solicitó “de manera explícita” a la Segob la declaratoria de AVGM, mientras que en Guerrero y Quintana Roo hizo “un exhorto para que las instituciones a cargo de la implementación de la Alerta cumplan con sus obligaciones en la materia”, y en San Luis Potosí consideró necesaria la declaratoria ante “la falta de cumplimiento de algunas de las conclusiones”. En el caso de las entidades donde no se decretó la AVGM, como Baja California, Puebla y Ciudad de México, el GIM interpuso “argumentos subjetivos y poco sustentados, como que los gobiernos estatales demuestran voluntad política y avances en el cumplimiento de las recomendaciones”, a pesar de que “los niveles de violencia contra las mujeres siguen siendo graves”. Al retomar conclusiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los Grupos de Trabajo que dan seguimiento a los procesos de solicitud de declaratoria de AVGM, destacó la falta de “criterios claros de evaluación para la integración del dictamen”. Para el Observatorio, conformado por 43 organizaciones civiles en 23 estados, así como por familiares de víctimas y sobrevivientes de tentativa de homicidio, “los vacíos han tenido como consecuencia que la solicitud de Declaratoria de AVGM para la Ciudad de México (…) tuviera una respuesta negativa”, toda vez que en su resolutivo la Conavim “no consideró el dictamen del grupo de trabajo, tampoco se presentó cuál fue el criterio de evaluación y no se especificó cuáles fueron los avances sustanciales realizados por las autoridades capitalinas”. Luego de recordar que la solicitud fue presentada por Justicia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, acompañados por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y el OCNF, destacó que, según datos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, de enero a diciembre del año pasado se cometieron 167 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 25% fue investigado como feminicidio, en tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en los primeros cinco meses de 2019, 431 mujeres fueron víctimas de violación. “Ante la gravedad del contexto de violencia feminicida en México y a falta de garantías del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se requieren acciones contundentes que garanticen este derecho”, puntualizó el OCNF al solicitar acciones concretas por parte de la Segob. Al solicitar un encuentro con Sánchez Cordero, la organización civil exigió “una efectiva política de combate a la violencia contra las mujeres”; reformas al reglamento de la LGAMVLV, “considerando los vacíos en el procedimiento; crear un mecanismo para “visibilizar la realidad que viven las mujeres en las entidades y que motiven la solicitud AVGM, ponderando la acción urgente a estas realidades”, y tomar en cuenta los esfuerzos de víctimas, familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, para que “las acciones que emprendan en este nuevo gobierno no comiencen desde cero y revictimicen a quienes desde hace años aguardan por el acceso a la justicia”.