Expresa CNDH preocupación por falta de claridad en despliegue de GN en la frontera sur

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El viraje en la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de pasar de las puertas abiertas a la ocupación de la frontera sur por personal de la Guardia Nacional, como consecuencia de las negociaciones con el gobierno de Donald Trump, prendió focos rojos en organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Este jueves el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento expresando su preocupación por el desplazamiento de 6 mil elementos de la Guardia Nacional “sin que haya claridad en sus objetivos, límites a su intervención y protocolos de actuación”.

El Consejo alertó que, con esa decisión, el gobierno hace “patente la política migratoria de seguridad” a través de la Guardia Nacional al realizar actividades de “contención a los flujos migratorios en colaboración con el Instituto Nacional de migración, a partir del reforzamiento de los puntos de internamiento y de controles de verificación migratoria”, en diversas comunidades del sureste mexicano.

Ante la decisión del gobierno de López Obrador de mantener en territorio mexicano a centroamericanos solicitantes de asilo en tanto el gobierno de Estados Unidos les da una solución, los integrantes del órgano colegiado presidido por Luis Raúl González Pérez, consideraron indispensable “crear una política integral que no riña con el respeto a los derechos humanos y asistencia humanitaria, dando respuesta no solamente a dichas personas extranjeras, sino también a cientos de connacionales que son repatriados a nuestro país y que requieren asistencia para reintegrarse a la sociedad”.

Tras llamar a “reconocer y apoyar la labor de organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas de migrante que en las ciudades fronterizas del norte del país reciben y atienden a las personas retornadas” de Estados Unidos, el Consejo Consultivo respaldó la posición del actual gobierno de la necesidad de “crear mecanismos de desarrollo que den respuesta a la problemática migratoria en sus orígenes y de manera regional, con acciones en las diversas naciones centroamericana y en el sur de nuestro país tendientes a evitar la migración forzada, teniendo como eje principal en las mismas la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos humanos”.

Los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH reconocieron que ante la magnitud de migrantes de distintas nacionalidades, las autoridades se vieron rebasadas, por lo que llamaron al gobierno mexicano a instrumentar una política migratoria que “sea guiada por los principios de igualdad y no discriminación”.

“El respeto a los derechos humanos que solicitamos del país del norte hacia nuestros connacionales debe corresponder con el que se otorgue a los miles de extranjeros que ingresan y transitan por nuestro país”, destacó el Consejo.

El órgano colegiado resaltó que “la dignidad de la persona y la solidaridad internacional son principios fundamentales que se deben incluir en la conformación de la nueva política pública migratoria que tienda a cumplir con los objetivos de lograr una migración ordenada, segura y regular en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Daniel Wilkinson alertó que la estrategia de contención de migrantes con 6 mil efectivos de la Guardia Nacional “podría resultar un desastre” ante la “extensa y espantosa historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad pública” en el país.

Wilkinson, especialista en América Latina, consideró que la Guardia Nacional “es una extensión de esta militarización de la seguridad pública”, que fue impuesta en México por los gobiernos anteriores al de López Obrador “para enfrentar a cárteles de narcotráfico que están fuertemente armados y son extremadamente violentos”, situación que “sólo ha contribuido a aumentar la violencia y ha provocado violaciones generalizadas de derechos humanos”.

Al recordar que la Guardia Nacional, proyectada para operar oficialmente el 30 de junio, está conformada por soldados y comandada por un general del Ejército en servicio, Wilkinson advirtió que el despliegue de la fuerza militar en la frontera sur, se dirigirá “no contra organizaciones delictivas violentas, sino contra familias y niños pobres, muchos de los cuales están huyendo de la persecución de grupos violentos”.

El activista reconoció el derecho de México a reforzar sus fronteras, “pero es difícil pensar en una prueba menos apropiada para su nueva Guardia Nacional”, ante los “deplorables antecedentes” de violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad mexicanas en los últimos años,

Al insistir en el negro historial de violaciones a derechos humanos cometidos de manera particular por miembros del Ejército, el directivo de HRW alertó que “es predecible que el despliegue termine resultando en graves abusos”.

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