CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno capitalino usará 300 millones de pesos del Fondo para la Movilidad, el Taxi y el Peatón -que es alimentado por aportaciones de las empresas Uber, Cabify y Didi, para ayudar a la sustitución de taxis con concesiones normales que tengan más de 10 años de antigüedad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que, como parte del programa de apoyo a los taxistas, a finales de 2019 comenzará a funcionar una aplicación digital gratuita, elaborada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), para que los usuarios puedan identificar desde su teléfono celular al taxista y el auto que van a abordar, con el fin de viajar seguros. Para ello, no será necesario contratar un software externo y su aplicación será voluntaria. La autoridad analiza que los usuarios de esta aplicación, lo hagan con la tarifa de radiotaxi en vez del “banderazo” normal. https://twitter.com/Claudiashein/status/1139192554455412736 En tanto, el secretario de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, dijo que la dependencia a su cargo revisa con la Consejería Jurídica la estrategia legal que utilizará el gobierno capitalino relacionada con la empresa Lusad, promotora del servicio L1BRE, que desde el año pasado no puede operar su concesión para el uso de tabletas digitales y una aplicación que se instale en los taxis normales y pueda ser competencia de empresas como Uber, como lo publicó Proceso en su edición 2223 que circula esta semana. En conferencia, Sheinbaum Pardo explicó que su gobierno tiene cuatro ejes de acción para que los taxis en la ciudad tengan una “competencia pareja”: facilitar la revista y los pagos de manera electrónica para evitar que los taxistas recurran a gestores; agilizar la regularización de trámites; sustitución de taxis con más de 10 años de antigüedad; y una aplicación móvil para los taxis de la Ciudad de México. Luego, comentó que en los próximos días serán transparentados los recursos que depositan en un fideicomiso privado las aplicaciones telefónicas, mismos que serán destinados a la sustitución de los taxis por vehículos híbridos y eléctricos. El titular de la Semovi aclaró que con los 300 millones de pesos del Fideicomiso se plantea dar un bono de 50 mil pesos para vehículos de alto rendimiento y bajas emisiones, y 75 mil pesos para unidades híbridas. Sheinbaum se contradice por L1BRE En su edición de esta semana, Proceso publicó que el gobierno capitalino está en riesgo de ser demandado ante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México -ahora T-MEC- por la empresa Lusad, dueña de la aplicación L1BRE, a la que el gobierno de Miguel Ángel Mancera, con su operador político Héctor Serrano en la Semovi, le dio la concesión para que unos 130 mil taxis que circulan en la ciudad operen con tabletas electrónicas y una aplicación digital. Al preguntarle a Claudia Sheinbaum qué hará su gobierno con esa concesión, ya que prepara una aplicación para sustituir el servicio ofrecido, aseguró que “no era una concesión”. Y trató de explicar: “Tú no puedes concesionar un servicio, obligar desde nuestra perspectiva de una forma monopólica sin concurso, obligar a un taxista a tener una sola concesión de una aplicación asociada a una tarjeta de una empresa que no tenía experiencia. En todo caso, se tiene que abrir y el taxista es libre de utilizar una o de utilizar otra. Y el gobierno de la ciudad tiene toda la atribución para poder desarrollar su propia aplicación telefónica”. No obstante, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous corrigió el error jurídico de Sheinbaum al asegurar que “estamos en el proceso legal, trabajando con la Consejería Jurídica en términos de la situación de esa concesión”. Y reiteró las características operativas que requería esa concesión “eran sumamente injustas para los taxistas y los obligaba a todos los días a pagarle dinero a una empresa aunque ellos no quisieran”. -¿La estrategia es para cancelar esa concesión? -Estamos haciendo una revisión legal con la Consejería para revisar cuál es la mejor. Sheinbaum Pardo comparó la estrategia jurídica que se usará con la empresa Lusad: “es muy parecido a lo que presentamos ayer de Chapultepec. O sea, se hicieron concesiones en el gobierno anterior en donde los contratos llegaban a un nivel en donde incluso, aunque no hiciera nada el privado, quería cobrar por no hacer nada, ese fue el caso de Corredor Chapultepec, fue el caso de la Termovalorizadora y es este caso”. No obstante, dijo que en el caso de Lusad-L1BRE “es todavía mucho más cuestionable porque es un servicio monopólico de un privado sin haber habido ninguna otra acción”. -¿Considera que hubo corrupción en la entrega de esa concesión? -Nosotros no calificamos si hubo o no corrupción porque si tuviéramos la certeza, pues se va a Contraloría (General) y se va a la Procuraduría (General de Justicia). Aquí lo que nosotros decimos es que no puede obligarse a un taxista a una sola acción y cerrar la posibilidad de que el gobierno pueda hacer su propia aplicación. Eso lo dijimos desde que entramos al Gobierno de la Ciudad y fue a petición de los propios taxistas.