CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La austeridad republicana significó para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) un déficit presupuestal de 54.2 millones de pesos, la cancelación de 48 plazas de nivel medio y superior, recorte de viáticos y reducción salarial del personal. De acuerdo al informe 2019 de la CEAV, dado a conocer una semana después de la renuncia del comisionado ejecutivo, Jaime Rochín del Rincón, el organismo creado en 2013 como cabeza del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, tuvo que asumir gran parte de la responsabilidad del Estado en la atención a víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos. En el último reporte firmado por Rochín del Rincón, acepta que aunque la CEAV “es una institución fundamental para la justicia y la paz en el país, no es suficiente”, y advierte que al asumir las medidas de austeridad instruidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “de no contar con el apoyo de las otras instituciones del Estado, esto no es sostenible”. Se indica que en el presupuesto para este 2019, la institución tiene un déficit de 54.2 millones de pesos, por lo que para subsanarlo fueron despedidas 48 funcionarios, se redujo el sueldo “de todos los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva con excepción de aquellos que ocupan plazas de nivel Enlace y Operativo, es decir, aquellos niveles más bajos”, en tanto que la dependencia “ha limitado la autorización de viáticos y boletos de avión”, lo que significó la reducción “de más de 50% el presupuesto ejercido en este rubro respecto del ejercicio pasado”. Con fondos activos por 709.3 millones de pesos, “lo que refleja una disminución del 46.2% (609 millones de pesos) respecto del año anterior, Rochín dejó la CEAV con pasivo de 383.6 millones de pesos, “una disminución de 65% (723.3 millones de pesos) con relación al mismo periodo del año anterior”, así como un patrimonio de 325.6 millones de pesos. De acuerdo al informe, hasta el 31 de mayo de 2019, la dependencia inscribió a 27 mil 331 víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, derivadas de delitos por desaparición (10%), homicidio (8%), secuestro y privación ilegal de la libertad (7% cada delito), lesiones (5%). El documento destaca que por el número de víctimas se demuestra “la necesidad de incrementar los recursos humanos y económicos que se destina a la protección y defensa de los derechos de las mujeres pues son ellas quienes, a la luz de la información con la que contamos, sufren de manera más despiadada las consecuencias de la victimización y la revictimización”. En cuanto a las reparaciones de daños, desde la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, al 31 de marzo de este año, la CEAV erogó mil 303.1 millones de pesos para gastos funerarios, asistencia médica especializada, apoyos de alimentación y alojamiento, así como reparación integral, en beneficio de 5 mil 337 víctimas. Del total, en el rubro de recursos de ayuda, la dependencia gastó 419.3 millones de pesos, y en compensaciones 808.8 millones de pesos. En el documento firmado por Rochín del Rincón, se advierte que a seis años de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), “se encuentra lejos de cumplir con sus objetivos”, entre otros motivos por “la falta de atención y coordinación de las diversas instituciones públicas”. Al señalar que en los hechos se dejó a la CEAV asumir las funciones del SNAV, el informe de Rochín advierte que el organismo “no puede suplir al Sistema Nacional ni llevar a cabo todas sus funciones, máxime ante un contexto generalizado de violencia como el que atraviesa el país, y con las limitaciones normativas, presupuestales y estructurales de las que la institución adolece”.