Niger: El purgatorio está lejos de las fronteras europeas

Refugiados sudaneses expulsados de Libia en el campo de refugiados de Agadez, en el desierto del Sahara. Foto: Irene Savio Refugiados sudaneses expulsados de Libia en el campo de refugiados de Agadez, en el desierto del Sahara. Foto: Irene Savio

Huyen de la guerra, la violencia o la miseria de países como Somalia, Libia o Etiopía y su objetivo es llegar a Europa. Pero antes tienen que poner pie en Níger, donde la Unión Europea estableció un programa de evacuación y tramitación de asilo… muy lejos de sus fronteras. Y mientras los ansiados permisos llegan, miles de habitantes de países africanos viven en un purgatorio al que la corresponsal de Proceso viajó, invitada por el ACNUR.

HAMDALLAYE, Níger (pROCESO).- Para Ahmed Cauf Roble el rescate de los guardacostas libios fue su mayor derrota. “Estábamos en el mar, casi a salvo, lejos de Libia y en dirección de Europa. Entonces llegó la Guardia Costera libia y nos capturó. Saltaron dentro, nos pegaron y nos llevaron de nuevo a Libia. Nadie pudo hacer nada”, cuenta este joven estudiante etiope de 21 años.

Unos días antes Ahmed estaba en uno de los centros ilegales de detención libios, en Bani Walid, en el distrito de Misrata. “Nos pegaban todos los días para que les pagáramos los 14 mil dólares que querían a cambio de nuestra libertad, la de mi mujer y la mía”, relata y se ahorra detalles de cómo fueron esas interminables horas de torturas. “Como no teníamos esa cantidad, nuestras familias tuvieron que esperar a poder juntar el dinero también de la gente de nuestra comunidad”, cuenta.

En la desdicha de Ahmed, que comenzó en Etiopía tras la represión contra las protestas estudiantiles de 2016, se mezclan kilómetros de camino en el desierto, milicias descontroladas, tres cárceles de horrores, subastas de personas como si fueran ganado, las balas y las bombas de una guerra civil que repentinamente se volvió a encender y el sueño de alcanzar, junto a su esposa de 19 años, un destino seguro en Europa. Anhelo que aún no ha logrado.

Jamila habla en susurros; suspira. Los ojos se le encogen. Las venas le laten en el cuello. Y finalmente se quiebra cuando se le pregunta por las torturas que ha vivido en un centro de detención de las milicias en Libia.

“A los que no podíamos pagar (la extorsión exigida por los milicianos), nos pegaban con tubos de hierro o nos cubrían el cuerpo con azúcar y nos ataban a unos palos a la intemperie, desde muy temprano en las mañanas hasta la medianoche… para provocarnos quemaduras de sol y que los insectos nos atacaran”, explica la somalí en el centro de tránsito para solicitantes de asilo de Hamdallaye, a 40 kilómetros de la capital nigerina.

Han pasado casi tres años desde que huyó de los Al Shabab. El grupo yihadista somalí había asesinado a su cuñado y amenazado a su marido. Así un día –“era miércoles”, recuerda la mujer, cuyo nombre fue cambiado, por motivos de seguridad– emprendió la ruta, partiendo de la ciudad de Kismayo, en la sureña región de Jubaland, con destino Libia.

Allí, después de ser violada y sujeta a vejaciones de todo tipo en las prisiones ilegales de las milicias libias y tras un intento de cruzar el Mediterráneo –también repelido por los guardacostas libios–, el destino de Jamila se entrelazó con el de Ahmed. Él y ella, y sus respectivas parejas, acabaron en un centro de identificación oficial en Libia y allí se cruzaron con los operadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ellos fueron quienes, al oír sus historias, los incluyeron en el Emergency Evacuation Transit Mechanism (ETM), un programa de evacuación cofinanciado por la Unión Europea y en el que también colaboran la Organización Internacional de Migraciones y organizaciones humanitarias locales.

A medio gas

En tiempos de guerra en Libia y políticas de cierre de fronteras en Europa, el ETM ha sido la respuesta de la ONU a una crisis apremiante, para evacuar rápidamente de territorio libio a los solicitantes de asilo más vulnerables y enviarlos a Níger antes de su reubicación definitiva en un país seguro en Europa, Estados Unidos o Canadá. Se externalizó un servicio fronterizo europeo para salvar vidas.

El mecanismo ha funcionado, pero a medio gas. Sólo mil 336 solicitantes de asilo político han logrado hasta la fecha llegar a un país seguro.

El resto se ha quedado en una especie de purgatorio. Más de mil 400 ya evacuados a Níger están en casas protegidas en Niamey (la capital) y en el campamento de Hamdallaye, que ha sido financiado con el Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión Europea. Mientras que otros 4 mil ya han sido incluidos en el programa de evacuación pero aún se encuentran atrapados en cárceles en Libia. Aunque todos ellos son sólo una parte del total de solicitantes de asilo que, según la ONU, hay en Libia, los cuales suman más de 57 mil personas.

Carlotta Sami, la portavoz del ACNUR para el sur de Europa, explica que si bien el ETM fue creado en 2017 –es decir, cuando los países de la Unión Europea, atizados por Italia, empezaron a dificultar la presencia de las ONG en el Mediterráneo–, es importante que “el sistema sea más rápido”.

Pero la misión se ha revelado muy ardua por múltiples razones. La primera es que pese a los colosales esfuerzos de las agencias humanitarias, solo 11 países han aceptado dar un nuevo hogar a estos refugiados: Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania (Italia participa en otro proyecto de evacuación desde Libia, mientras que España ni figura).

La segunda es que Níger, hogar ya de unos 380 mil desplazados y refugiados de países vecinos, sólo ha permitido hospedar en su territorio a mil 500 solicitantes de asilo del programa ETM.

Y la tercera es que Libia, un país fracturado y que jamás firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), únicamente permite evacuar a las personas, que considera posibles refugiados, de nueve naciones: Eritrea, Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Irak, Siria, Yemen, Palestina y de Etiopía, sólo los miembros de la etnia oromo.
“¿Qué hago todo el día? Espero. No hago nada más”, afirma Ahmed, el solicitante de asilo de Etiopía, al afirmar que le gustaría trabajar como electricista en Europa.

“Francia me aceptó hace tres meses. Me gustaría buscar trabajo allí como cocinero”, coincide Binian, un eritreo de 20 años. “Pero todavía necesito unos papeles. Y no sé cuándo llegarán”, agrega, al explicar que abandonó su país después de que su padre fuese arrestado por sus creencias religiosas. “Temía acabar en una cárcel eritrea”, puntualiza.

El tiempo de espera en el campamento de Hamdallaye puede variar entre seis y nueve meses, aunque también hay casos de refugiados que ya llevan un año sin saber cuándo se irán. “Eso ocurre porque nosotros negociamos con los países de destino y son ellos los que tienen la última palabra para decidir si aceptan o no a los solicitantes de asilo que nosotros les sugerimos”, explica Alessandra Morelli, la representante del ACNUR en Níger.

El problema es que antes de recibir a nuevos evacuados, deben partir los que ya están en Níger, para cumplir con la regla del límite de los mil 500, recuerda Morelli.
Las ONG son conscientes de los límites y obstáculos que enfrenta el programa de evacuación, subraya Judith Sunderland, de Human Rights Watch. “En la actualidad el proceso puede ser muy lento. Esto genera desconfianza en el sistema e impide que más personas se puedan beneficiar”, critica.

“Los países de la Unión Europea y las demás potencias deberían dejar de intentar evadir sus responsabilidades establecidas por el derecho internacional que ampara a los refugiados y el derechos internacional de los derechos humanos, pidiéndole a otros encargarse primero de estas personas”, agrega.

Más aún porque permanecer en Libia es hoy una circunstancia de vida o muerte. Desde la caída en 2011 de Muamar Gadafi, el país se encuentra en un abismo de caos y violencia de nunca acabar y es un infierno para los malaventurados migrantes que por allí han intentado tomar la ruta del Mediterráneo, la más mortífera del mundo.

Jamila. Smali solicitante de asilo. Foto: Irene Savio
Jamila. Smali solicitante de asilo. Foto: Irene Savio

Freno mediterráneo

La situación empeoró después de que la Unión Europea, liderada por Roma, puso en marcha en 2017 una serie de políticas para poner fin al goteo de inmigrantes que salían de las costas libias. Ello para frenar un flujo que, entre 2014 y 2017, supuso la llegada de más de 620 mil personas que cruzaron en Mediterráneo central y desembarcaron en Italia (mientras que unas 10 mil se ahogaron).

Desde entonces, con métodos controvertidos, se dificultó la labor de las ONG que salvaban inmigrantes en el mar –hasta reducirlas a la irrelevancia– y se procedió a armar a los guardacostas libios, un cuerpo de formación opaca y que ha forzado a los migrantes a retornar a un lugar “no seguro”, en menoscabo del derecho internacional, en particular la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos.

Así lo ha señalado incluso un informe de diciembre del año pasado de la ONU, titulado elocuentemente “Desesperada y peligrosa. Informe sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes y refugiados en Libia”.

Con esto como preámbulo nació el mecanismo de evacuación ETM en Níger, pues éste fue el único país de la zona que aceptó ser parte del programa.

Una paradoja para un país ya amenazado por el terrorismo yihadista que se ha infiltrado en Mali, Nigeria y Chad, y que mantiene en jaque a tres importantes regiones nigerinas. La primera es Diffa, en la frontera con el atormentado lago Chad, donde todavía opera la banda fundamentalista Boko Haram. Y las otras son las regiones de Tahoua y Tillabéri, fronterizas con Mali y donde los ataques y secuestros de personas ya no son infrecuentes, pese a su escasa distancia de Niamey.

La capital también alberga a refugiados del frágil vecindario de Níger. Uno de ellos es el maliense Waladogaz Kili, perteneciente al pueblo bereber de los tuareg. Huyó de su país hace cuatro años cuando, cuenta, los yihadistas querían obligarlo a enlistarse en sus filas y él no quiso.

“Quiero quedarme en África. Pero si los yihadistas llegan hasta aquí, haré mis maletas y me iré de nuevo”, afirma Kili, que hoy representa a unos 4 mil refugiados que habitan en la capital de Níger.

De la misma opinión es Wambobo Seth Rony, un estudiante de 25 años de la República Centroafricana que se escapó de su país cuando allí se desató una cruenta guerra civil cuyo cierre definitivo aún está por verse.

Rony lo dice claro: “Me fui de mi país sólo por la guerra”, y explica que su padre era camarógrafo presidencial antes de que en 2012 explotara la guerra en este país, donde hoy operan 14 señores de la guerra. “El problema es que la sensación que tengo es que esto no acabará, es una catástrofe mundial”, añade, pesimista.

La violencia de estos conflictos y el peso que suponen para Níger han debilitado, dicen los expertos, también su maltrecha economía, que se basa principalmente en la agricultura y también padece los efectos de la crisis climática. De ahí quizá unas recientes palabras del ministro nigerino del Interior, Mohamed Bazoum, pocos días antes de que la canciller alemana, Angela Merkel, visitara el país a comienzos de mayo.

“Considerado el papel que hemos jugado en reducir los flujos de refugiados, deberíamos haber recibido mayores inversiones”, dijo Bazoum, uno de los hombres más influyentes de su país y candidato a presidente para las elecciones de 2021. “Sin embargo, nos sentimos un poco decepcionados”, añadió.

Joven etiope evacuada a Niger. Foto: Irene Savio
Joven etiope evacuada a Niger. Foto: Irene Savio

Este reportaje se publicó el 9 de junio de 2019 en la edición 2223 de la revista Proceso

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