Mejía Berdeja avaló a fiscal anticorrupción guerrense que violó la Ley

Ricardo Mejía Berdeja. Foto: Benjamín Flores Ricardo Mejía Berdeja. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En agosto pasado, el recién nombrado subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja avaló en su calidad de diputado local, la designación de Ignacio Murguía, personaje señalado por presuntos actos de desvío de recursos públicos, como fiscal anticorrupción de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo.

Ello a pesar de que Murguía Gutiérrez no presentó las evaluaciones de control de confianza, requisito que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado (FGE) para designar a los fiscales especializados en Guerrero.

En ese entonces, el exdiputado local por Movimiento Ciudadano (MC), y actual funcionario federal, votó a favor del dictamen presentado ante el pleno pese a que la designación de Murguía violó la norma vigente.

También, Mejía Berdeja y la mayoría priista aprobaron las cuentas públicas del Ejecutivo y Judicial del periodo 2017, así como modificaciones a la Ley 701 para desconocer a la figura de Policía Comunitaria que opera en los pueblos originarios de la entidad y se rigen por usos y costumbres reconocidos en el derecho internacional.

Mejía Berdeja forma parte del grupo político del empresario gasolinero y dueño de la franquicia de MC, Luis Walton Aburto, quien actualmente se destapó como aspirante a la gubernatura, a quien se considera como aliado de Astudillo.

El 17 de agosto de 2018, Apro publicó la nota Congreso de Guerrero dió luz verde al “fiscal carnal” anticorrupción de Héctor Astudillo, documentando el perfil público del funcionario estatal avalado por Mejía Berdeja.

El fiscal anticorrupción de la FGE, es conocido por vivir del erario al colaborar con los gobernantes en turno, desde José Francisco Ruiz Massieu, luego pasó por la administración de Zeferino Torreblanca, se afianzó con el defenestrado Ángel Aguirre Rivero y a la fecha sigue influyendo en el primer círculo del gabinete estatal, ahora con el priista Héctor Astudillo.

Antes, en junio de 2016, Apro informó que el mandatario estatal designó como presidente del Consejo de Políticas Públicas en la entidad a Ignacio Murguía, quien estuvo involucrado en el millonario proyecto denominado Macrotúnel de Acapulco y señalado públicamente por presuntos actos de corrupción.

Los integrantes del Consejo de Políticas Públicas tienen como propósito “vigilar el correcto uso” de los recursos públicos del gobierno estatal, indica un comunicado oficial difundido tras la instalación del organismo avalado por los diputados de la LXI Legislatura local a solicitud del Ejecutivo.

Durante el gobierno de Aguirre, Murguía y el exencargado de los proyectos estratégicos, Humberto Salgado Gómez, fueron acusados públicamente de desviar los recursos destinados al pago de terrenos a ejidatarios de Llano Largo y vecinos del exclusivo fraccionamiento Joyas de Brisamar en Acapulco, que fueron indemnizados por la construcción de la obra denominada Macrotúnel.

El Macrotúnel fue planteado como uno de los proyectos estratégicos del gobierno de Aguirre, mismo que dejó inconcluso, al igual que el sistema de transporte denominado Acabús, en medio de constantes señalamientos de corrupción y desvío de recursos.

Ambos proyectos fueron retomados por la administración de Astudillo sin informar sobre el destino de los millonarios recursos etiquetados para las obras desde el sexenio pasado y sin explicar las causas del retraso de la conclusión.

En ese entonces, Murguía se comprometió a vigilar el cumplimiento de “los compromisos establecidos” en el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Astudillo, enfocado principalmente en la inversión portuaria y minera en zonas controladas por el narco.

 

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