COLIMA, Col. (apro).- El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional contra el Congreso local, luego de que éste rechazó el veto del jefe del Ejecutivo al Decreto 79, que contiene reformas a la Ley de Movilidad Sustentable, mediante las cuales los legisladores establecieron el descuento universal de 50% para estudiantes en el transporte público. Tras la aprobación del dictamen, el decreto fue enviado el 22 de mayo pasado para su promulgación por parte del Ejecutivo y su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, sin embargo, el 5 de junio siguiente el mandatario dio a conocer el “veto parcial” de las reformas, pues si bien se pronunció a favor del descuento universal, consideró que debía discutirse nuevamente la ley para determinar las fuentes del subsidio al transporte. En su sesión del jueves 13, el Congreso calificó como “no presentado, por extemporáneo”, el oficio OCG/097/2019 con el que el Ejecutivo pretendió vetar el decreto, y ordenó al secretario general de Gobierno publicarlo en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Y es que, según el artículo 41 de la Constitución del estado, el gobernador contaba con un plazo de 10 días hábiles para realizar observaciones, y lo hizo en el día 10 bajo la consideración de que sábados y domingos son inhábiles, pero el Congreso invocó el reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que en estos procesos se consideran hábiles todos los días de un periodo de sesiones. Inconforme con esa interpretación, Peralta Sánchez manifestó este martes que no compartía el enfoque procesal en el sentido de que el veto fue extemporáneo, porque fue hecho en tiempo y forma, y consideró que el diferendo entre ambos poderes deberá ser resuelto por la SCJN, instancia que determinará quién tiene la razón. “Es una reforma que estaba mal diseñada, lo que compartimos es lo que la reforma busca, la inclusión a todos los estudiantes, pero si está mal diseñada, a la hora de la implementación puede tener efectos en las finanzas públicas”, sostuvo. En relación con la orden emitida por el Congreso al secretario general de Gobierno para que publique el decreto en el Periódico Oficial, Peralta Sánchez lanzó: “Esto no es un tema de amenazas ni chantajes políticos, sino de legalidad, y tendrá que ser resuelto sobre esta base”. Un conflicto parecido al que protagonizan actualmente el gobernador y el Congreso de Colima lo vivieron hace algunos años sus homólogos del Estado de México, cuando los legisladores de aquella entidad calificaron como extemporáneo un veto que pretendió hacer el entonces mandatario y éste interpuso una controversia constitucional ante la SCJN. La máxima instancia judicial del país resolvió a favor del Congreso con base en un artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que es idéntico al de la misma legislación de Colima, que establece como días hábiles para el trabajo legislativo todos los correspondientes a un periodo de sesiones.