ONG señalan que revisión del estatus migratorio de viajeros no es responsabilidad de transportistas

Central Camioneta del Norte en la Ciudad de México. Foto. MXQ Noticias Central Camioneta del Norte en la Ciudad de México. Foto. MXQ Noticias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La revisión del estatus migratorio de los viajeros “no es responsabilidad” de las empresas de transporte y éstas “no son autoridades” para revisar la documentación de sus pasajeros, denunciaron hoy decenas de organizaciones de la sociedad civil.

Ayer, las principales empresas transportistas del país anunciaron que revisarán las identificaciones oficiales de los viajeros y rechazarán a quiénes no las presenten, en cumplimiento con las instrucciones recientes del gobierno federal para impedir que las personas centroamericanas lleguen a Estados Unidos.

Estas medidas no solo perjudican a los migrantes en situación irregular, sino también a “millones de personas que viven en México -que no cuentan con estos documentos- y transitan por las carreteras del país en los diferentes sistemas de transporte”, señala el boletín firmado por organizaciones como el Colectivo Seguridad Sin Guerra; Sin Fronteras y la Red de Pueblos Trasnacionales.

Los colectivos señalan que “jóvenes, personas jornaleras agrícolas –de las cuales, muchas son indígenas, inmigrantes con documentación migratoria, miles de personas mexicanas retornadas o deportadas que no cuentan con documentos de identidad, y aquéllas que no tienen su credencial del INE porque se las robaron, no lo han actualizado, etc.”

El pasado 16 de abril, el Instituto Nacional de Migración (INM) envió un oficio a todas las empresas de transporte que operan en México, donde pidió su “colaboración” para rechazar el ingreso de personas indocumentadas a sus vehículos.

En el mismo oficio, Luis Alberto Cortés Ortiz, director general Jurídico, de Derechos Humanos y Transparencia del INM, amagó con demandar a las empresas por delitos establecidos en la Ley de Migración –equiparables al tráfico de personas–, con penas de entre mil a 10 mil días de multa o hasta 16 años de cárcel.

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