CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre los efectos negativos de la austeridad presupuestaria impuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la crisis migratoria. Además, resaltó que hay riesgos por “contribuir a la trasgresión del principio de no devolución” de los solicitantes de asilo en la frontera norte. En un comunicado, el organismo expresó su preocupación por la dilación de las autoridades para tramitar las solicitudes de asilo y refugio, al verse rebasados por la cantidad de peticionarios ante la falta de recursos materiales y humanos para atender la crisis migratoria. Precisó que en lo que va de este año se han presentado 24 mil 414 solicitudes de refugio, lo que representa “80% de la cifra anual de 2018, por lo que se prevé que en el mismo periodo la cantidad de solicitudes sea un número superior”, registrándose una demora excesiva en los trámites ante las limitaciones presupuestales, por lo que consideró que la “austeridad gubernamental no debe afectar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad”. La CNDH observó que “el presupuesto de este año para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que recibió 20.8 millones de pesos, cuando en 2018 fue de 25.7 millones y en 2017 de 25.4 millones, disminuyó de manera sensible, a pesar de que en la actualidad existe mayor demanda de solicitudes de refugio”. La crisis se refleja en que en 2018 se presentaron 29 mil 647 peticiones de refugio, cifra que de por sí representa “casi el 100% más que el año 2017, el cual representó el doble de las presentadas en el año 2016”, abundó. De igual manera, explicó que el rezago en la tramitación se arrastra desde 2017, “debido a la suspensión temporal de actividades de la oficina de la Ciudad de México de la Comar a raíz de los sismos de ese año, así como por la saturación de casos de personas solicitantes y la falta de recursos humanos y materiales de dicha autoridad”. La CNDH puntualizó que, de acuerdo con información de la Comar, en 2018 sólo reconoció a 2 mil 868 refugiados de 29 mil 647 solicitudes, 13 mil 669 de las cuales correspondían a personas procedentes de Honduras; 6 mil 351 de Venezuela; 6 mil 189 de El Salvador; mil 348 de Guatemala; mil 271 de Nicaragua; 218 de Cuba, y 601 de otros países. Según el reporte de mayo de 2019, se han registrado 24 mil 424 solicitudes de refugio, de las cuales 13 mil 23 corresponden a personas procedentes de Honduras; 3 mil 685 de El Salvador; 3 mil 48 de Venezuela; mil 285 de Guatemala; 952 de Nicaragua; mil 666 de Cuba, y 755 de otros países. En el contexto del Día Mundial de los Refugiados, la CNDH insistió en “la importancia de que se asignen los recursos humanos y económicos necesarios para atender a miles de personas solicitantes de la condición de refugiado en México y brindarles de manera inmediata y conforme a los tiempos que marca la Ley de Refugio, Asilo Político y Protección Complementaria, la atención necesaria, adecuada y prioritaria, dada su situación de vulnerabilidad”. Para el organismo, “la coyuntura de la política migratoria del país también incide de manera sustancial en la política de refugio, en especial las acciones tendentes a generar mayor control de los flujos migratorios con base en esquemas de seguridad nacional en contraposición a la seguridad humana, como es la asignación de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en labores de la contención, en colaboración con el Instituto Nacional de Migración”. Agregó que las políticas basadas en la seguridad nacional criminalizan a los migrantes que, al huir de situaciones de violencia, carecen de documentos de identidad, más aún si los funcionarios encargados de analizar las solicitudes de refugiado no cuentan con capacitación. “No portar consigo algún documento de identificación no debe implicar un rechazo inmediato sin hacer un análisis particular de cada caso, dado que muchas de esas personas apenas tienen tiempo de huir de su país, por lo que preocupa a esta CNDH que al carecer de protocolos para garantizar el análisis individual de la situación por la que migró la persona y la necesidad de dicha protección, se proceda de manera genérica al rechazo, causándoles con ello una afectación a su derecho a la protección internacional”, recalcó. También cuestionó la decisión de recibir en los estados del norte del país a los solicitantes de asilo ante autoridades migratorias de Estados Unidos, por las consecuencias jurídicas que podría tener esa política del Estado mexicano. Con esa decisión, tomada para evitar la imposición arancelaria a productos mexicanos en Estados Unidos, “México estaría contribuyendo a la trasgresión del principio de no devolución que toda persona solicitante de protección internacional tiene ante el país que realiza su solicitud”. Asimismo, advirtió que la determinación del gobierno federal “requiere de un plan definido y determinado, así como protocolos que establezcan las facultades y competencias de las instancias que intervienen de manera coordinada, pues la realidad actual es que los albergues de los gobiernos municipales, estatales y aquellos establecidos por la sociedad civil están rebasados en infraestructura física y humana”. Finalmente, al recordar que México suscribió la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, en 2016, y el Pacto sobre Refugiados y Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, ambos firmados en Marruecos en 2018, la CNDH exhortó a las autoridades mexicanas “a garantizar y reconocer en todo momento los derechos humanos de este grupo poblacional conforme a las normas nacionales e internacionales, y asumir que el contexto histórico actual regional y global plantea un nuevo paradigma de atención a las personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y de protección complementaria, incluyente y respetuoso de sus derechos humanos”.