CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juzgado federal con sede en el Estado de México negó, por segunda ocasión, una suspensión definitiva en contra de la construcción del aeropuerto civil-militar Felipe Ángeles (Santa Lucía); proyecto sobre el que pesan 147 juicios de amparo promovidos por el colectivo #NoMasDerroches. Este lunes, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, a cargo del juez Saúl Martínez Lira, notificó la negativa de otorgar la suspensión definitiva al juicio de amparo “contra leyes – presupuesto de egresos de la federación” que solicitó un integrante de ese colectivo. Específicamente, contra daños al erario público que causaría la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco, mediante una consulta ciudadana celebrada en octubre de 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió trasladar el proyecto hacia Santa Lucía. Desde el pasado 10 de mayo, según del juicio de amparo 668/2019, #NoMasDerroches impugnó que, derivado de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), se producirán posibles daños en la carpeta pública de inversión 1409JZL005. Es decir, pagar las indemnizaciones por la cancelación del NAIM con la Tarifa Unida Aeroportuaria (TUA) que se obtenga con los impuestos que se cobren del nuevo proyecto en Zumpango, Estado de México. Tras una inspección a las instalaciones de la base militar de Santa Lucía se constató que las obras en ese lugar no han iniciado, por lo que dicho juzgado no pudo acreditar el daño a la hacienda pública. A pesar de que no existe proyecto ejecutivo ni estudios técnicos para construir el aeropuerto civil-militar, el gobierno de López Obrador ya transfirió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 15 mil millones de pesos para realizar esta obra (Proceso, No. 2210). Ese dinero fue parte del monto que el gobierno federal canalizó a la Dirección General de Ingenieros (DGI) de la institución, el cual es de 21 mil millones de pesos, equivalente a 22% del presupuesto global del Ejército: 93 mil 670 millones de pesos. Esto a pesar de que no existe ni proyecto ejecutivo, Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni dictámenes definitivos en materia de seguridad aeronáutica o viabilidad urbana. A decir de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una de las organizaciones adherentes a la iniciativa ciudadana, poseía hasta la semana pasada siete suspensiones: tres por la vía definitiva y cuatro provisionales. Sin embargo, desde el pasado viernes, el Poder Judicial de la Federación (PJF) propinó un revés a la ola de amparos que promovió la “iniciativa ciudadana”.