CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, negó que la institución a su cargo supiera de la tortura contra presuntos implicados en el caso Ayotzinapa. Asimismo, adelantó que interpondrá una denuncia penal contra funcionarios de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) por el video en donde se expone la tortura en contra de Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. En entrevista, luego de presentar su informe de labores 2018 ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), González Pérez aseguró que no conocía de las torturas que sufrió Canto Salgado, pero sí de violaciones en el debido proceso. “No hay que confundirnos, la Comisión Nacional señaló que había violaciones a los derechos humanos de esta persona que fue detenida arbitrariamente, que tuvo una retención ilegal, y con las pruebas que obtuvimos determinamos tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Añadió: “La PGR se negó a proporcionarnos información sobre ese caso como en otros tantos. No nos dio información que seguramente contaba y por eso nosotros estamos condenando este hecho”. El pasado viernes 21 circuló en las redes sociales un video donde se muestra el interrogatorio a Canto Salgado –detenido el 22 de octubre de 2014, acusado de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa-- por parte de exfuncionarios de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Federal Ministerial (PFM). https://youtu.be/mu_9aGRVJfw Tras la difusión del material, donde se ve a Carlos vendado de los ojos y maniatado, y con una bolsa de hule en la cabeza, se logró identificar la voz de dos exfuncionarios públicos: Ariel Agustín Castillo Reyes, de la Semar, y Ezequiel Peña Cerda, de la PFM. Luego de conocerse la grabación, el viernes 21, Peña Cerda renunció a la Subsecretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Por su lado, organizaciones sociales destacaron que el video en el que se observa la tortura contra Canto Salgado muestra que la CNDH encubrió esos actos. Señalaron que en la recomendación 15VG/2018, por la que la CNDH se tardó más de cuatro años, el organismo analizó 72 casos de detenidos que acusaron ser víctimas de tortura, sin embargo, concluyó que sólo en ocho hubo tal práctica. "La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura es manifiesta y flagrante, por ello, (el video) confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación", precisaron el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Centro Prodh); Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña; Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., y Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz). "Acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable", recalcaron tras conocer la grabación. Al ser cuestionado por los reporteros sobre esos hechos, González Pérez dijo que existe una recomendación para profundizar en la investigación. “La Comisión Nacional no ha encubierto y rechazo esa afirmación falaz. Esta persona es víctima de violación a derechos humanos, está señalado en la recomendación, por eso vamos a exigir que se profundice la investigación y, además, se investiguen las razones por las cuales no se quisieron proporcionar esa información”, dijo. “En México no puede haber poderes absolutos” En su discurso ante los ministros de la SCJN, el ombudsman nacional expuso que ante la grave crisis de inseguridad que padece nuestro país, “los derechos fundamentales de las personas no pueden ser violentados”. Nadie puede oponerse a “que se revisen las estructuras del poder, a que se investiguen y sancionen los actos de corrupción, se abata la impunidad y se haga un mejor ejercicio de los recursos públicos”. Agregó: "En México no puede haber poderes absolutos. Las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno, así como los poderes públicos, con independencia de filiaciones o intereses políticos, deben sujetar sus actos a lo previsto en la Constitución y en sus leyes”.