MORELIA, Mich. (apro).- El gobernador Silvano Aureoles informó que en los últimos 10 años se contabilizaron en la entidad 3 mil 404 denuncias por desaparición de personas. Durante la presentación pública de Marco Antonio Hernández Zaragoza como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el mandatario estatal precisó que, de esa cifra, mil 522 personas aparecieron con vida, 126 fueron localizadas sin vida y del resto aún se desconoce su paradero. Detalló que del 1 de enero al 1 de junio de este año las autoridades recibieron 617 denuncias por desaparición de personas, de las cuales 379 fueron localizadas. Además, dijo, se encontró a 44 víctimas que no fueron reportadas previamente a las autoridades, y están pendientes de encontrar a 238. Tras destacar que “la práctica del secuestro, en su mayoría, tiene que ver con problemas de delincuencia organizada”, reconoció que Sahuayo, La Ciénega, Apatzingán y Uruapan son los municipios donde se presenta con más frecuencia la desaparición de personas, y refirió que tales acciones son generadas principalmente por conflictos que tienen que ver con el robo de combustibles. “Se incrementaron de dos a tres secuestros por mes, pero en los casos que se han denunciado hemos actuado de manera exitosa”, presumió. El gobernador fue cuestionado sobre los testimonios de familiares de personas desaparecidas que afirman que algunos expedientes han sido desaparecidos, y eso impidió que las autoridades no dieran seguimiento a las denuncias. “En el periodo en el que hubo mucho uso de los aparatos del estado, de las corporaciones, para atacar a oponentes políticos, y que recurrieron mucho a esta práctica lamentable de desaparecer a las personas que no coinciden con el régimen, seguro que pudieron haber desaparecido los expedientes. Pero eso no significa que no se pueda reabrir la pesquisa y darle seguimiento a estos temas en la búsqueda de que se haga justicia con los familiares”, respondió Aureoles. Tras considerar que todas las desapariciones son forzadas, independientemente de quiénes sean los responsables, añadió: “Al final del día, grave es que lo haga el propio aparato del Estado, pero es terriblemente grave también que lo hagan grupos o personas que no son de las estructuras gubernamentales”.