El video de la tortura desmiente la “verdad histórica”

La aparición en Youtube de un video que muestra a uno de los detenidos por el caso Iguala atormentado en un interrogatorio desmiente la postura del gobierno de Enrique Peña Nieto y la recomendación de la CNDH al respecto: ambos negaron el uso de la tortura como principal instrumento de investigación, pese a las denuncias de los detenidos. Según otros defensores de derechos humanos, este giro obliga al gobierno federal a replantear la indagatoria sobre el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa y a fincar responsabilidades penales a quienes obstaculizaron la investigación y violentaron a los detenidos.

CIUDAD DE MÉXICO (pROCESO).- El pasado viernes 7, en el portal de Youtube, empezó a circular un video que confirma el uso de la tortura como la principal herramienta de investigación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La grabación, de un minuto con cuatro segundos, aparece en la plataforma con el título textual: La verdad histórica ayotzinapa de carlos gomez arrieta.

Las imágenes son elocuentes: en primer plano, un hombre moreno con los ojos y la nariz cubiertos con vendas y cinta canela, las mejillas enrojecidas, vestido con una playera de manga larga, oscura, con líneas blancas horizontales y el número 1922 estampado. Una voz masculina en off lo interroga.

Sentado en una silla metálica blanca, con los brazos amarrados al frente, con una pared blanca de fondo, el prisionero habla con temor. En tanto, de pie y sin expresar emociones, un hombre con uniforme de policía ministerial federal y otro con camuflaje gris de la Secretaría de Marina portan los instrumentos de tortura: una bolsa de plástico, una chicharra eléctrica y una botella de agua.

El interrogador, fuera de cuadro, pregunta de forma tranquila por las “casas” adonde “policías ministeriales” se habrían llevado a los “alumnos” de Ayotzinapa. El hombre atormentado dice que los jóvenes fueron entregados en “Tomatal”, un punto carretero en la salida de Iguala a Chilpancingo, y llevados a Mezcala.

Cuando el interrogador le pide que los lleve a “las pinches casas”, el torturado se estremece y gime: “No sé”. Los uniformados colocan la bolsa de plástico en la cara de la víctima, hacen palanca hacia atrás y vierten agua en su rostro. Fin del video.

Para Juan Méndez, quien en 2014, como relator especial sobre Tortura de las Naciones Unidas, sostuvo en su informe de país que esa práctica era “generalizada” en México, ese video corrobora su reporte y las denuncias que recibió sobre el caso Ayotzinapa.

Las imágenes “confirman el uso sistemático y generalizado de la tortura, porque si en un caso con toda la repercusión y atención de la comunidad internacional, como lo es el de Ayotzinapa, los investigadores utilizaron la tortura para ‘resolver’ el caso, eso significa primero que se sintieron completamente impunes, podían hacerlo sin sufrir ninguna consecuencia, y segundo, que era el modo estándar, el modo recurrente de resolver los casos en México.

“Es sorprendente que por lo menos en ese caso no se hubieran abstenido de torturar, pero evidentemente los investigadores se sentían presionados para resolver ese caso, cuando toda la comunidad internacional estaba mirando”, sostiene el experto en entrevista con Proceso.

El nombre de Carlos Gómez Arrieta, incluido en el título del video, coincide con el del “encargado de despacho de la Policía Federal Ministerial” durante la gestión de Jesús Murillo Karam como titular de la Procuraduría General de la República. Asimismo, en los oficios girados por agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) e integrados en el expediente de Ayotzinapa, se comprueba la participación activa de Gómez Arrieta en la indagatoria. Ahora funge como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.

En cuanto a la víctima, identificado por la ficha signalética y sus declaraciones en el expediente del caso Ayotzinapa –de las que este semanario tiene copia–, es Carlos Canto Salgado, detenido el 22 de octubre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Lo que no vio la comisión

El exrelator Juan Méndez fue uno de los cuatro expertos de igual número de mandatos de la ONU que tuvo conocimiento de la tortura sufrida por Canto Salgado y otros 12 detenidos por el caso Ayotzinapa. El organismo internacional pidió información sobre ellos al gobierno de Enrique Peña Nieto en 2015 y se reiteró su preocupación en su informe de seguimiento en 2017.

Aunque Méndez reconoce la decisión de Andrés Manuel López Obrador de crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y de estar en contacto con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, puntualiza:

“En derecho internacional, el gobierno de López Obrador tiene las mismas obligaciones que le estábamos exigiendo al gobierno de Peña Nieto.

“Hay que investigar a fondo la tortura de estos señores, como el señor Canto; identificar a los responsables, procesarlos, juzgarlos y castigarlos con severidad, pero también investigar la tortura para el propósito de excluir cualquier evidencia que se haya obtenido de esa manera de las actuaciones que se siguen sobre el caso Ayotzinapa, sumergido en un alto grado de impunidad.

“El gobierno de López Obrador tiene que continuar en los pasos que ya ha emprendido y terminar de investigar este caso hasta sus últimas consecuencias.”

En el expediente de más de 700 tomos que comprende la investigación por la desa­parición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, también hay indicios de la brutalidad que muestra el video divulgado en el portal mencionado.

Canto fue detenido por el policía federal ministerial Ezequiel Peña Cerda y el integrante de la Secretaría de Marina Ariel Castillo Reyes el 22 de octubre a las 13:00 horas, cuando caminaba por las calles de Iguala. Lo llevaron a las oficinas de la SEIDO­ en la Ciudad de México a las 22:30 horas, según la puesta a disposición.

En este documento se indica que Canto “pretendió darse a la fuga” y los agentes lo derribaron porque “no se dejaba esposar”. También afirmaron que se demoraron casi 10 horas en llegar a la SEIDO por los “bloqueos y marchas” en Iguala, “reparaciones” en la carretera y el “tráfico” y las “marchas” en la capital del país.

Las constancias ministeriales sobre la detención de Canto Salgado, quien se acreditó como maestro de secundaria, dicen que era dueño de un bar donde supuestamente se reunían integrantes de Guerreros Unidos, local asegurado después de la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes.

En su declaración ministerial, rendida a las 03:20 horas del 23 de octubre, Canto Salgado (“alias El Pato”) sostuvo que ente las 04:30 y 05:00 horas del 27 de septiembre de 2017, al cerrar su bar, fue testigo de los siguientes hechos:

“Sobre Periférico Norte (de Iguala) iban pasando enfrente de mí tres patrullas de la Policía Ministerial con varios estudiantes, aproximadamente unos 12 o 13 estudiantes en cada patrulla, y se siguieron con rumbo a Tomatal (…) nunca supe el destino del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa.”

Procesado por el delito de delincuencia organizada y secuestro, en su declaración ante el Tercer Juzgado de Distrito de Matamoros, Tamaulipas, el 29 de octubre de 2014, Canto Salgado sostuvo que personal de la Marina lo detuvo el 22 de octubre, entre las 03:00 y 03:30 de la mañana; que lo llevaron a un inmueble abandonado allanado por los oficiales, donde lo amarraron de pies y manos con cinta canela. Al torturarlo “a través de golpes, asfixia y toques”, dice, “me empezaron a cuestionar sobre los jóvenes desaparecidos” y acerca de una “lista de personas y apodos”.

Con los ojos cubiertos fue trasladado a un lugar en la Ciudad de México donde escuchaba que “había más oficiales”. En un lugar cerrado, “uno de los oficiales con su chicharra de toques me dijo que ahí iba a hablar… y también fueron golpes, patadas, cachetadas y asfixia también… a tal grado que ya no podía ni caminar”.

El juez tercero determinó tomar nota de las afirmaciones del detenido, quien denunció la tortura ante la agente ministerial adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, Lourdes López Lucho Iturbe. El 10 de junio de 2015 esta funcionaria dio vista a la Visitaduría General de la PGR para abrir una investigación ante la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra de los aprehensores que firmaron la puesta a disposición, el agente Ezequiel Peña y el marino Agustín Castillo, para determinar “las posibles conductas delictivas” cometidas contra Canto Salgado.

Entre las inconsistencias detectadas por la agente ministerial destaca el certificado médico expedido el 22 de octubre de 2014 por el cirujano y teniente de corbeta Héctor Rodrigo Cardoso Enciso, adscrito a la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, quien a pesar de hacer por lo menos cinco “hallazgos de importancia” entre las lesiones que presentaba el detenido, consideró que éstas “por su naturaleza no ponen en riesgo su vida o la función y que tardan en sanar menos de 15 días”.

Sin embargo, dos dictámenes de tres médicos legistas adscritos a la Coordinación General de Servicios Periciales la PGR, firmados el 23 de octubre de 2014, refutan esa conclusión.

El primero, firmado a las 00:05 horas por Mauro Castillo Castillo, determinó que algunas de las lesiones, “por su ubicación, dimensiones y características, no son usuales o no corresponden a las que se observan como parte de maniobras de aseguramiento”, por lo que consideró que debería “ser valorado por un médico traumatólogo para realización de placas radiográficas, además de valorar las lesiones que presenta en cuello y tórax posterior”.

Esa apreciación fue secundada por los médicos Valentín Rosas Huerta e Hidelberto Mendoza García, tras examinar a Canto a las 15:40 horas del mismo 23 de octubre, y dos días después la especialista en ortopedia y traumatología, del Grupo Torre Médica, Alondra Aguilar García diagnosticó que padecía una “contusión simple de tórax anterior, hematoma de apófisis xifoides y cervicalgia postraumática”, con un “pronóstico bueno para la vida y la función”.

A pesar de esa información, de la queja presentada por la hermana de Canto ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 28 de octubre, de los mayores detalles descritos por el agraviado a los visitadores del organismo autónomo en el penal y en el escrito presentado por el defensor público federal, todo lo cual respalda la versión del detenido, la comisión presidida por Luis Raúl González Pérez descartó la existencia de tortura en su recomendación 15VG/2018, relacionada con el caso Ayotzinapa, que dio a conocer horas antes de que Enrique Peña Nieto dejara el poder.

Según la recomendación de la CNDH, investigada por la oficina especial que encabezó José Larrieta, la tortura fue prácticamente inexistente en todo el caso Iguala, pues únicamente consideró acreditado ese delito de lesa humanidad en ocho de los 72 expedientes abiertos.

Para el organismo autónomo, en otros 28 casos hubo tratos crueles, inhumanos y degradantes; en 55, detenciones arbitrarias; en 49, dilación y en 14 cateo ilegal. Según la recomendación, Canto Salgado sólo fue víctima de los tres primeros agravios.

Revés al gobierno de Peña Nieto

Los casos de Carlos Canto y otros 12 detenidos por el caso Ayotzinapa motivaron la Acción Urgente MEX 6/2015 de cuatro mandatos de las Naciones Unidas: el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias; la Relatoría Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados; y el Relator Especial sobre Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

El 10 de julio de 2015, los responsables de los mandatos –entre ellos Juan Méndez– solicitaron información precisa de las quejas recibidas y expresaron al gobierno de Peña Nieto su “seria preocupación” por los 13 casos en los que se denunciaban detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, ya que estos hechos “podrían demostrar que la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala podría estar basada en informaciones recabadas por medio de actos de tortura u otros tratos”.

En febrero de 2017, en su informe de seguimiento de su visita en 2014, el relator Méndez recordó los 13 casos y las dos acciones urgentes al respecto que se enviaron al gobierno mexicano, así como la recepción de más información “de probables actos de tortura dentro del caso”, entre ellos los 17 considerados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su reporte sobre el caso Ayotzinapa.

En su informe, Méndez alertó: “A pesar de que los detenidos denunciaron la tortura, no se han adoptado medidas de investigación ni se les aplicó el examen médico forense de conformidad con el Protocolo de Estambul. Los familiares de estas víctimas denuncian que los avances han sido nulos”.

La persistencia de la tortura en el caso Ayotzinapa fue confirmada en marzo de 2018 por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en su documento Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa.

La ONU-DH realizó un análisis pormenorizado de 63 casos, de los cuales en 51 tuvo indicios de tortura y en 34 –incluido el de Canto– “tiene fuerte elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos”.

En mayo de 2018 el gobierno de Peña Nieto reaccionó de forma airada ante el informe y envió una comunicación de protesta a la sede de la ONU-DH en Ginebra. En ella afirmaron que de los 34 casos mencionados por la oficina en México encabezada por Jan Jarab, “26 no arrojaron evidencia de tortura; dos arrojaron resultados de videncia de tortura física, pero no psicológica; cuatro personas no aceptaron la realización del protocolo (incluso uno de ellos señaló categóricamente que no había sido objeto de tortura); uno es el Procesado ‘X’ y uno está pendiente de emisión”.

Para Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) una de las organizaciones que representa a las víctimas del caso, el video que muestra la tortura de Carlos Canto “viene a corroborar que le asistía la razón al GIEI y a la ONU-DH, pone en tela de duda la investigación en su conjunto, muestra que no es fiable la investigación de la CNDH, al menos en el tema de su investigación de la tortura, y confirma que tiene que revisarse la investigación completa”.

A decir del defensor, el video pone en duda la pertinencia de tomar como guía de las indagatorias la recomendación 15VG/2018 de la CNDH. Al contrario, para él demuestra la urgencia de “retomar los informes del GIEI, de la ONU-DH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Aguirre Espinosa advierte que la difusión de esas imágenes “implica avanzar en responsabilizar penal o administrativamente a quienes estaban a cargo de la investigación y que, con sus acciones u omisiones, pudieron haber instigado, tolerado o permitido la práctica que documenta este video”.

Este texto se publicó el 23 de junio de 2019 en la edición 225 de la revista Proceso.

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