Marginación y daño ecológico, la huella de Florentino Pérez en Veracruz

PAPANTLA, Ver. (Proceso).- El tufo se percibe desde lejos. Un vapor ácido penetra por la nariz, enrojece los ojos, reseca la garganta y baja por el esófago hasta provocar náuseas. El arroyo El Cepillo, que da de beber a más de 2 mil personas que viven en la comunidad El Remolino, se ha convertido en un flujo de petróleo. Reventó una de las docenas de tuberías que serpentean bajo las casas, ríos y cultivos del sureste mexicano.

“En las noches todo es peor y se agrava el ardor de los ojos. Imagínese la bebé… no para de llorar”, se queja Julia, una mujer que vive 100 metros ladera arriba de El Cepillo. Su nieta tenía apenas dos meses cuando la visitamos, y las tablas de madera con la que está hecha su casa no la aíslan de los gases tóxicos.

Toda la localidad coincide en que lo peor es quedarse sin agua. Al Remolino no llega la red municipal que sí atiende al núcleo urbano. Así que fueron los vecinos los que construyeron un canal que los abastece desde el arroyo. Por los gastos de mantenimiento y reparación cada familia paga una pequeña cuota mensual, pero no tienen planta potabilizadora ni análisis que aseguren su calidad. Llena de petróleo, no sirve ni para echarla al retrete.

El Remolino es una de las 73 poblaciones rurales del municipio de Papantla, la cuna de la civilización totonaca que construyó ciudades monumentales que ahora son reclamo turístico. Mil años después 45% de los habitantes de esta localidad siguen siendo indígenas, cinco de cada 10 viven bajo el umbral de la pobreza y no tienen una tubería que lleve agua a sus casas, según cifras del Consejo Nacional de Población. Lo que sí tienen son tuberías de crudo bajo sus pies y pozos entre sus pastos.

Planta potabilizadora inservible. Foto: Duilio Rodríguez

Planta potabilizadora inservible. Foto: Duilio Rodríguez

De la mano con el dueño
del Real Madrid

El petróleo mueve al mundo, pero toda la riqueza que genera pocas veces beneficia a las regiones de donde se extrae. Ahora, encontrar un pozo en Papantla no salpica de alegría a sus pobladores.

No siempre fue así, la historia de la industria petrolera mexicana comenzó justo aquí, cuando en 1868 los totonacas le mostraron al doctor estadunidense Adolfo Autrey de dónde sacaban el chapopote que usaban para elaborar ungüentos y dentífricos. En 1880 se instaló la primera refinería del país y a finales del siglo XIX se encontró en esta región uno de los grandes yacimientos –el Faja de Oro– que permitieron el auge petrolero mexicano.

A unos 40 kilómetros de Papantla se instalaron los campamentos de las grandes petroleras estadunidenses que luego se convirtieron en la ciudad de Poza Rica. Esta urbe pudo ser como Houston, pero ahora, con sólo 200 mil habitantes, es una de las plazas más contaminadas del país, donde los comercios, escuelas o farmacias conviven con pozos petrolíferos.

Pemex es la empresa pública bajo la cual se nacionalizó la explotación en 1938. En su apogeo financió 40% del PIB y el Faja de Oro –después llamado Paleocanal de Chicontepec– aportó siete de cada 10 barriles que se extraían a escala nacional.

Pero mientras en otras latitudes las empresas petroleras desarrollaron toda una industria de investigación y tecnología a su alrededor, Pemex se atascó en la corrupción, burocracia y despilfarro.

En 2005 sólo Papantla contaba con 3 mil 220 pozos petroleros. Luego, el entonces presidente Felipe Calderón relanzó el proyecto del área de Chicontepec bajo el nombre de Aceite Terciario del Golfo y reabrió la extracción petrolera a la inversión privada.

Este modelo se amplió en la administración siguiente con la Reforma Energética impulsada por Enrique Peña Nieto en 2013, quien además otorgó a la explotación de hidrocarburos la categoría de preferencial sobre cualquier otro uso de la tierra; incluso sobre el ordenamiento ecológico.

De 2012 a 2018 se han adjudicado 107 bloques a 73 empresas para la extracción petrolera que suponen un área de 88 mil kilómetros cuadrados. Antes ya hubo contratos para construir plataformas, centrales u otras obras asociadas que tienen muchos más años de recorrido.

De hecho, Dragados Offshore, una de las empresas pilares de Actividades de Construcción y Servicios (ACS) que dirige Florentino Pérez, presidente del equipo de futbol Real Madrid, comenzó a andar en México de la mano de Pemex en 1998, con una plataforma de proceso y compresión de gas. Desde entonces su presencia va en aumento.

ACS es la principal concesionaria española en el mundo; según sus últimas cuentas públicas, España representa sólo 11% de su cartera, que se sitúa en 72 mil millones de euros.

México es el sexto país en volumen de negocios donde la firma tiene activos por mil 441 millones de euros, conseguidos gracias a un centenar de contratos públicos en diferentes sectores. No es casual que el presidente del grupo ACS en México, con la firma Avanzia, sea Francisco Gil Díaz, subgobernador del Banco de México durante la apertura liberal del PRI en los noventa y secretario de Hacienda entre 2000 y 2006 con el PAN.

El negocio de los hidrocarburos es sólo un pedacito del pastel que ACS controla en México vía Grupo Cobra y su filial latinoamericana Iberoamericana de Hidrocarburos (IHSA).

IHSA tiene en su totalidad o parcialmente con otras empresas al menos seis bloques petroleros, que según la agencia EFE le permitirían una producción de 40 mil barriles diarios. El subsuelo de Papantla y un par de municipios aledaños es sólo uno de estos bloques, como el de San Andrés.

Maraña de empresas

El bloque de San Andrés se adjudicó a la empresa Oleorey, SA de CV, propiedad de Grupo Alfa –la octava compañía más grande de México– en 50%; la otra mitad le pertenece a Monclova Pirineos Gas, filial de Cobra.

Pero Oleorey no tiene página de internet y en Google Maps aparece una dirección incompleta en Poza Rica. El domicilio no tiene letreros, bien parece una casa particular.

Oleorey sólo es un nombre fiscal. Las dos empresas que la integran ganaron otro contrato en la misma licitación y bajo las mismas condiciones, pero 200 kilómetros más al norte, en el bloque Tierra Blanca, municipio de Álamo, para la cual crearon la empresa Petrolíferos Tierra Blanca, SA de CV, que comparte oficinas en Poza Rica con Oleorey o ahora Oilserv, según el uniforme de sus trabajadores y los activos en las cuentas de ACS.

Esta mezcla de denominaciones se repite entre las trasnacionales y sus diferentes áreas y filiales, pero particularmente es el modus operandi de ACS.

Mientras otras grandes firmas españolas, como Iberdrola o Acciona, mantienen su identidad y simplemente la dotan de personalidad jurídica mexicana, ACS incluso tiene una marca propia para el conglomerado mexicano, Avanzia, que asimila a 14 empresas de ACS en México, como Cobra o Dragados.

El juego de personalidades jurídicas dificulta la rendición de cuentas y le permite, por ejemplo, participar en licitaciones públicas pese a que en enero pasado la Secretaría de la Función Pública inhabilitó un año y tres meses a una de sus subsidiarias, Avanzia Instalaciones, por malas prácticas en la ejecución de los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Se avientan la bolita

Con 50 años, Fermina Pérez Atzin asegura que el petróleo siempre estuvo en su vida con promesas de progreso. Recuerda que de niña vendió frutas y postres a los obreros que ganaban al menos cinco veces lo que un jornalero del campo.

Los trabajadores de la paraestatal llegaban en camiones y con maquinaria que en su pueblo nunca habían visto. De hecho, en la zona establecieron un campamento que tenía una clínica, algo que todavía no es común en estas localidades. Ahora quedan ruinas de esa colonia obrera y de las promesas. El progreso ya sólo llega en forma de remesa desde Estados Unidos, cuya frontera está a 12 horas en autobús.

“Uy… Antes aquí era bien bonito, había muchos peces en el arroyo, hasta camarón, y la selva…”, dice María Pérez García, abuela de Fermina, mientras calienta tortillas en su cocina que todavía es de leña. La edad la ha ido menguando y ha curvado su espalda, pero a sus 86 años ella es quien prepara la comida para toda su familia.

Su marido, Apolinar Tiburcio, flaco como un fideo, recuerda cuando llegaron los primeros trabajadores petroleros de la empresa pública, allá por los sesenta. Dice que empezaron a abrir zanjas para los tubos y ante la falta de maquinaria emplearon a mucha gente de la comunidad, a hombres como él. Ahora, en cambio, ni dan trabajo ni pagan sus daños, explica mostrando un papel en el cual le exigen a Oleorey indemnizaciones por los derrames que han dañado a sus naranjos, entre otras plantaciones.

Oleorey y Pemex se inculpan y no cumplen con lo demandado por los afectados. El caso más flagrante data de abril de 2015, cuando gas y petróleo comenzaron a fugarse y hubo filtraciones a otro arroyo cercano, conocido como Tejones, que bordea la carretera regional y exhibe su contaminación.

Los vecinos han interpuesto infinidad de quejas, pero la fuga lleva más de mil 600 días. Pemex colocó unos diques que evitan que el aceite siga el curso del río, pero el agua ya contaminada sigue filtrándose.

Esta dispersión de responsabilidades deriva de los contratos creados por el gobierno de Calderón. Mientras en la cláusula 14.1 Oleorey –o Tierra Blanca en el otro bloque, porque tienen contratos idénticos– se compromete a “asegurar que los hidrocarburos no se derramen o desperdicien (…) y a evitar el daño a los mantos que contengan depósitos de agua”, la cláusula 14.3 considera que, como finalmente todos los hidrocarburos producidos por la empresa son propiedad de Pemex, la paraestatal será la “responsable por daños o afectaciones causados al medio ambiente, daños a terceros y será responsable de su correspondiente remediación, restauración y compensación de reclamos”.

Contratos a modo

Francisco Cravioto, investigador y miembro de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, denuncia que “estos contratos son la corrupción legalizada: Pemex dejó sus instalaciones y trabajo a los contratistas que ahora dan el servicio de extracción sin arriesgar nada y sin dejar nada a la gente local”.

Algunas de las condiciones de estos contratos fueron cuestionadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su fiscalización de las cuentas públicas de 2012 por darle demasiada manga ancha a las compañías particulares.

La agencia Reuters identificó más de 100 contratos firmados entre 2003 y 2012 por un valor de 11 mil 700 millones de dólares sobre los que la ASF detectó irregularidades.
Estas operaciones van desde sobrecotizaciones de trabajos de mala calidad hasta el fraude o las adjudicaciones ad hoc a empresarios acusados y sentenciados en Estados Unidos por ser parte de la delincuencia organizada.

Los contratos que firmaron Oleorey y Petrolíferos Tierra Blanca establecían que los contratistas debían aportar al menos 1% del beneficio a las comunidades locales, que se canalizarían mediante los Programas de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente.

Represalias

Felipe Gutiérrez es uno de los mayores críticos de la extracción petrolera en Emiliano Zapata, otra de las localidades de Papantla, a 4 kilómetros de El Remolino. En la fachada de su casa pintó un busto del Che Guevara con un cartel de “No al fracking”. De los más de 300 pozos en operación en San Andrés, 172 se hacen con fractura hidráulica, según el mapeo de la iniciativa civil Cartocrítica.

En 2010 esta organización publicó un informe sobre la explotación de petróleo en los yacimientos de Aceite Terciario del Golfo y alertó sobre los riesgos sociales, ecológicos, políticos y para las economías locales, sin que Pemex y sus subcontratistas, como las empresas de Florentino Pérez, atendieran los problemas sociales y ambientales asociados al proyecto.

Felipe no olvidará el susto cuando fue demandado legalmente por daños en propiedad ajena. Él y el entonces comisario ejidal, Gumersindo González, fueron acusados en represalia por un bloqueo carretero que organizaron para exigir la solución a uno de los derrames de 2014.

En las comunidades cuesta ver las mejoras derivadas de la explotación de hidrocarburos. El Libro Blanco sobre los contratos otorgados en 2012 en la zona norte de Veracruz indica que desde que Oleorey empezó a operar el 1 de octubre de 2012 hasta el 30 de junio de 2018 debió invertir 3 millones de dólares (1% de su contrato) para el desarrollo sustentable de las comunidades, de los cuales habría ejercido 2 millones 382 mil 172, según el mismo documento.

Pero en la docena de localidades donde Oleorey saca petróleo los testimonios se repiten: vacas que no tienen dónde beber o pastar, reses envenenadas, cultivos que se secaron al reventar una tubería de hidrocarburo y derrames en los arroyos. Las compensaciones que reciben se limitan a camiones cisterna con agua y techos y paredes en las escuelas con el logotipo reluciente de la empresa de Florentino Pérez.

Para la periodista veracruzana Flavia Morales, “las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de recursos y son tan sistemáticas que ya lo han asimilado y asumen las migajas y la contaminación con naturalidad”.

Este reportaje se publicó el 23 de junio de 2019 en la edición 2225 de la revista Proceso

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