CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La mudanza del presidente Andrés Manuel López Obrador al Palacio Nacional –anunciada en la conferencia matutina del martes 18–, exige transparentar la gestión del relevante acervo artístico que posee y custodia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cual está vinculado al presente y pasado del recinto virreinal. Integrado por bienes inmuebles tan emblemáticos como los murales que pintó Diego Rivera sobre la Historia de México –desde la época prehispánica al futuro en el cubo de la escalera principal (1929-1935), y a la conquista en los corredores norte y oriente del primer piso (1941-1951)–, el acervo de la SHCP no se limita a los murales y espacios museísticos que se encuentran en Palacio como el Recinto Homenaje a Don Benito Juárez, el Recinto Parlamentario y el Museo Histórico, sino que se expande a dos relevantes colecciones que desde que inició la gestión de López Obrador se encuentran en una peligrosa y mediocre opacidad administrativa: las colecciones Acervo Patrimonial y Pago en Especie de la secretaría. Impulsado bajo la gestión de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) durante la prosperidad del desarrollismo mexicano, el programa Pago en Especie fue una iniciativa novedosa que vinculó beneficios fiscales, comerciales e institucionales. Dirigido tanto a facilitar a los creadores el pago de impuestos por la venta de sus obras como a iniciar un acervo museístico gubernamental, Pago en Especie fomentó desde las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX que artistas tan relevantes como Diego Rivera, Rufino Tamayo, Best Maugard y Angelina Beloff, entre otros, cubrieran con obras sus responsabilidades fiscales. Dividida en dos grandes rubros que abarcan Acervo Patrimonial y Pago en Especie, la colección de la SHCP abarca tanto arte moderno y contemporáneo mexicano como, también, obras bidimensionales y tridimensionales bizantinas y virreinales que han sido decomisadas por la SHCP. Con aproximadamente 8 mil piezas, entre las que destacan obras como el óleo y temple de gran formato que pintó Diego Rivera en 1954 bajo el título de Lucila y los judas, la Venus fotogénica de Rufino Tamayo de 1934, y las 10 espléndidas pinturas de Antonio Ruiz El Corcito realizadas entre las décadas de los treinta y cuarenta del siglo pasado, la colección de arte de la SHCP, además de tener en custodia estas piezas tan emblemáticas del arte moderno mexicano, es especialmente valiosa porque cubre la historia del mercado del arte en México desde 1975 –año en que legalizó el programa por decreto– hasta la actualidad. Dividido en su gestión entre una Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial –que hasta los primeros meses de 2019 estuvo a cargo del arquitecto José Ramón San Cristóbal–, y una Conservaduría de Palacio Nacional que tenía como responsable a Lilia Rivero Weber, el acervo de la SHCP se concentraba para su gestión y difusión en el Museo de Arte, antiguo Palacio del Arzobispado de la Ciudad de México. Gestionado acertadamente desde 2003 por el abogado, artista y especialista en arte contemporáneo Rafael Pérez y Pérez, el museo se encuentra acéfalo desde el pasado mes de abril. Sin informar a la opinión pública tanto sobre los despidos de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, como sobre los currículums de los nuevos funcionarios –con Adriana Castillo Román como titular–, el inadecuado equipo cultural del presidente López Obrador tiene la obligación de transparentar el uso y servicios que dará a una colección tan relevante como la de la SHCP. Esta columna se publicó el 23 de junio de 2019 en la edición 2225 de la revista Proceso