CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ángel Aguirre Rivero e Iñaqui Blanco Cabrera, gobernador y procurador de Guerrero cuando en 2014 ocurrió la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, se reunieron con la Comisión para la Verdad de la Secretaría de Gobernación. Hoy también se formalizó la creación de una unidad especial para esclarecer el caso Ayotzinapa, que será adscrita a la Oficina del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y que deberá investigar los delitos y concluir los procesos penales del caso. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó esta mañana en su cuenta de Twitter de la reunión de los dos exfuncionarios.

Como parte de los trabajos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, ayer por la tarde sus integrantes se reunieron con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y el ex procurador, Iñaqui Blanco Cabrera pic.twitter.com/00HaA9Lkj9

— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) 26 de junio de 2019

El subsecretario no proporcionó detalles sobre los resultados de la reunión con ambos exfuncionarios de Guerrero, quienes desde 2014 han rechazado ser responsables de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de ese año. También hoy el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el que se crea la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, adscrita a la Oficina del Fiscal General de la República. Esta Unidad Especial será la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con los eventos de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Iguala, Guerero. Según el acuerdo, que entrará en vigor mañana, la unidad a cargo de Gertz Manero tendrá a su cargo el conocimiento, trámite y, en su caso, resolución de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con los hechos en comento. Aunque en el DOF no se especifica quién será el responsable de esta Unidad Especial, tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación y será designado y removido por el Fiscal General de la República, y contará con los equipos de investigación y litigación necesarios para su adecuado funcionamiento.