Gobernador de Coahuila ofrecerá disculpa pública por masacre de Allende

SALTILLO, Coah. (apro).– El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ofrecerá una disculpa pública a las víctimas de los sucesos violentos ocurridos en Allende en marzo de 2011 para cumplir con la recomendación 10VG2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó a Apro José Ángel Herrera Cepeda, fiscal especial para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

A la ceremonia, programada para mañana jueves en el municipio de Allende, asistirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el titular de la Comisión de Atención a Víctimas y el presidente municipal de Allende, entre otros alcaldes de la región, agregó Herrera.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la recomendación 10VG2018, solicita al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, que emita esa disculpa pública por los hechos ocurridos en Allende”, precisó el fiscal especial.

Herrera Cepeda comentó que las investigaciones oficiales sobre los crímenes en Allende hasta ahora arrojan 28 víctimas en ese municipio.

El fiscal enfatizó que las indagaciones se encuentran “en una quinta etapa”, que incluye la identificación de otros miembros del crimen organizado que participaron en la masacre.

Mencionó que ya remitieron una copia certificada sobre todas sus investigaciones a la Fiscalía General de la República.

“Ahora tenemos conocimiento, de manera oficial, que la Fiscalía General recién abrió una carpeta de investigación sobre el caso Allende por el delito de Delincuencia Organizada”, concluyó José Ángel Herrera.

 

Omisiones del Ejército

Testimonios recogidos por la CNDH narran que, en Allende, Nava, Piedras Negras y otros municipios del norte de Coahuila, desaparecieron más de 300 personas y que la mayoría fueron asesinadas y posteriormente incineradas en al menos tres ranchos de la región.

A pesar de la dimensión de la tragedia, las autoridades estatales y federales mantuvieron oculta durante más de un año la “Masacre de Allende”.

La recomendación 10VG2018 analizó la actuación de las diversas autoridades sobre los hechos ocurridos entre el 18 y 20 de marzo del 2011, en Allende, Coahuila.

El documento de la CNDH recogió diversos testimonios en los cuales se narran detalles de los hechos ocurridos el 18 de marzo de 2011, cuando “un grupo armado, en compañía de servidores públicos de Seguridad Pública Municipal, arribaron al municipio de Allende, donde derribaron y quemaron aproximadamente 46 viviendas, además de privar de la vida a diversas personas”.

Para revisar la actuación de cada una de las autoridades, la CNDH solicitó al Ejército Mexicano sus reportes sobre esos hechos.

La Secretaría de la Defensa Nacional entregó el “Radiograma número 07 de 20 de marzo de 2011, suscrito por el comandante del destacamento establecido en una Garita de la Carretera Federal número 57, en el que informó que en esa fecha, una víctima identificada como “D16” denunció a los militares el secuestro de seis personas, que son señaladas en el documento como V3, V4, V16, V45, V46 y V47.

En otro documento, la Sedena niega que haya recibido esas denuncias, ya que, según el Oficio S-1/10867 con fecha del 25 de agosto de 2016, suscrito por el comandante general de la Sexta Zona Militar en Saltillo, se precisó que cerca de Allende no existe ninguna base de operaciones y que el cuartel militar más cercano se localiza en el Municipio de Múzquiz, Coahuila.

No obstante, la CNDH constató que desde el mes de marzo de 2011 se estableció en el kilómetro 53 de la Carretera Federal número 57, una garita en la que se encontraban servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, así como de las policías Federal y Estatal, quienes recibían apoyo del Ejército Mexicano.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos también revisó la Base de Datos del Servicio Estatal de Atención de Llamadas de Emergencia 911, en el cual se advirtió que entre los días 18 al 22 de marzo de 2011 se recibieron 64 reportes de incendios y seis allanamientos de morada en los municipios de Allende, Piedras Negras y Villa Unión.

Los únicos que respondieron a esas llamadas de auxilio fueron los bomberos, pero en la mayoría de los incendios que atendieron fueron amenazados y obligados a retirarse por los miembros del crimen organizado.

Ninguna de las corporaciones de seguridad, federal o estatal atendieron las denuncias y los llamados de socorro.

Tampoco respondió el Ejército Mexicano, que en esa época tenía como responsable de la Guarnición Militar del Norte del estado al actual secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González.

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