Arde vertedero tóxico en Coahuila; procedimiento de rutina, dice Protección Civil (Videos)

Fuego en vertedero tóxico en los alrededores de Noria de la Sabina. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante años, campesinos del ejido Noria de la Sabina, en General Cepeda Coahuila, se han opuesto a la instalación de un vertedero tóxico que la administración de Enrique Peña Nieto autorizó en las proximidades del poblado. Anoche, un incendio se extendió por la instalación.

Los hechos fueron denunciados por habitantes de los ejidos Pilar de Richardson y Noria de la Sabina, así como por trabajadores del Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales (Cimari), operado por la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. de C.V. (Semnsa), propiedad de los empresarios Javier Calderón Domínguez y Daniel Calvert.

El incendio fue registrado en varios videos proporcionados por los trabajadores del Cimari, a través del abogado Jesús González Schmal, quien acusó a la empresa de amenazar a aquellos si hacían públicas grabaciones y fotografías de lo ocurrido.

Consultado por Apro, el coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil, David León, informó que el incidente no se incluyó en los eventos relevantes de las últimas 24 horas.

Añadió que, de acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgo, la alerta emitida ayer por habitantes de los ejidos mencionados motivó una inspección de Protección Civil municipal y estatal, así como de la Secretaría de Medio Ambiente de la entidad.

Sin embargo, dichas instancias reportaron al Atlas que no se trató de un incendio, sino sólo de un procedimiento denominado “Protocolo Exotérmico”, consistente en bañar productos químicos para reducir su toxicidad.

Jesús González Schmal, quien funge como coadyuvante en los procesos abiertos contra la instalación y operación del Cimari desde 2016, acusó la complicidad de las autoridades locales, particularmente de la titular de Medio Ambiente en la entidad, Eglantina Canales, con los propietarios de Semnsa.

Añadió que el incendio existió y que anoche los trabajadores fueron amenazados por directivos de la empresa con perder su empleo, incluirlos en listas negras laborales y emprender en su contra acciones legales, si daban a conocer los videos que documentan el incidente.

Según los trabajadores, hay varios de sus compañeros intoxicados y en un primer momento fue imposible utilizar los extintores, debido a que se ubicaban a mucha distancia del punto de ignición, que se propaló pronto.

Añadieron que el comité de prevención de riesgos, que se supone debe tener vigilancia sobre lo ocurrido, no existe. En tanto, trabajan fuera de normas de seguridad, no hay protocolo de resguardo ni salvaguarda de las personas que, además, laboran sin equipo de emergencia.

En tanto, en los ejidos Noria de la Sabina y Pilar de Richardson se ha expresado preocupación por los contaminantes que puedan dispersarse en suelo, agua y aire, debido a que no existen informes de toxicidad tras el incidente. Por lo anterior, alistan protestas en las próximas horas.

Desde 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto autorizó el vertedero tóxico, al que se opusieron los vecinos mediante amparos y mantienen litigios abiertos. En tanto, en las giras de Peña Nieto y recientemente del presidente Andrés Manuel López Obrador por Coahuila, han cerrado la autopista Saltillo-Torreón y se han manifestado en sus mítines, sin que hasta ahora hayan tenido una respuesta favorable a sus demandas.

Los amparos, aun activos en la Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se interpusieron contra la autorización para que operara el Cimari, debido a que carecía de Manifestación de Impacto Ambiental. En principio, la instancia jurisdiccional emitió una suspensión a efecto de que se subsanara el procedimiento.

Días después, Semnsa incluyó adiciones y, aunque en un primer momento la Comisión Nacional del Agua rechazó dar su aval, terminó modificando su dictamen.

Entre los motivos de querella destaca la afectación a los mantos friáticos que se ubican bajo jurisdicción de la Cuenca del Río Bravo y que, debido a la falta de estudios suficientes, mantienen a los ejidatarios de la zona en la incertidumbre por eventuales daños a suelos, agua y aire de la región, precisó González Schmal.

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