Activistas en Guerrero acusan a grupos delincuenciales de ‘exterminio’; señalan a gobierno de omisión

organizaciones campesinas ligadas al EZLN impulsan una campaña global que tiene como propósito visibilizar la situación de violencia y despojo organizaciones campesinas ligadas al EZLN impulsan una campaña global que tiene como propósito visibilizar la situación de violencia y despojo

CHILPANCINGO, Gro. (Apro). – Miembros de organizaciones afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Consejo Nacional Indígena (CNI) impulsan una campaña global para denunciar lo que calificaron como una estrategia de exterminio contra promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la zona nahua de la Montaña guerrerense.

A mediados de mayo, se difundieron videos donde aparecen mujeres y niños indígenas portando escopetas y armas de palo para lanzar un grito desesperado ante la dramática situación de impunidad, violencia, desplazamiento forzado, desaparecidos y asesinatos que exhibe la omisión e indolencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Lo anterior, después de una serie de ejecuciones contra dirigentes del CIPOG-EZ que tienen su origen en un enfrentamiento armado, registrado el 27 de enero en el poblado de Zoyapexco, entre miembros de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), y presuntos delincuentes.

Los informes oficiales de ese entonces indican que sicarios del grupo delictivo Los Ardillos y la autodefensa de Paz y Justicia trataron de irrumpir en el poblado de Rincón de Chautla, bastión de la CRACPF, para desplazar a la policía comunitaria que opera en esta zona.

No obstante, los comunitarios repelieron la agresión y se registró un enfrentamiento que se prolongó varias horas dejando un saldo de 12 personas muertas: 10 del grupo de Los Ardillos y dos más de la policía comunitaria.

La cacería

Tres meses después, el sábado 4 de mayo, los promotores del CIPOGEZ, José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián fueron privados de su libertad para después ser hallados sin vida en Chilapa.

Esta situación provocó que una semana después, fuera exhibido públicamente un video donde aparece un grupo de niños y niñas indígenas portando armas de palo y realizando ejercicios militares para enviar un mensaje contra los grupos delictivos de Los Rojos y Los Ardillos que operan en esta zona nahua, donde se padecen elevados niveles de marginación y pobreza ante la ausencia de servicios educativos, médicos y desarrollo.

“Por cada comunitario que maten, vamos a matar 10 sicarios”, advirtió un niño que encabeza la columna de menores indígenas.

En respuesta, el gobierno estatal condenó la incorporación de menores de edad a la policía comunitaria de la CRACPF.

“De ninguna manera justifica la incorporación de niños y niñas a las funciones de policía, y mucho menos, que se les induzca a participar en tareas que puedan implicar la violación de sus derechos humanos y otras acciones que pongan en riesgo su integridad física y emocional”, expresaron las autoridades locales a través de un comunicado oficial y se enfocaron en visitar la zona para repartir dádivas sin resolver el problema de fondo.

Ante la postura del gobierno estatal, el 18 de mayo se difundió un segundo video donde ahora aparece un grupo de mujeres indígenas desplazadas por la violencia en el municipio de Chilapa y que forman parte de la CRACPF, donde se exhiben encapuchadas y portando rifles de bajo calibre.

Las víctimas responsabilizaron directamente al grupo delictivo Los Ardillos, que presuntamente lidera la familia del diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez, de la ola de violencia en contra de los comunitarios.

También, reprocharon la omisión de la administración de Astudillo, quien se ha limitado a entregar dádivas a los desplazados, sin resolver de fondo la problemática ligada a las condiciones de marginación y pobreza en la que viven los pueblos originarios, indicaron.

Estas mujeres procedentes del poblado de El Paraíso de Tepila y que permanecen refugiadas desde diciembre pasado en Rincón de Chautla, son madres de los niños que previamente enviaron un primer mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, la comandanta Rosaura de la CRAC-PF de Paraíso de Tepila, advirtió que además de sus hijos, mujeres de 17 comunidades de los municipios de Chilapa y Hueycantenango están adquiriendo entrenamiento militar para confrontar al grupo delictivo de Los Ardillos que opera impunemente.

Ello debido a que los líderes de la banda afincada en el poblado de Tlanicuililco, municipio de Quechultenango, advirtieron que “van a exterminar” a los indígenas nahuas de esta franja de la entidad.

En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado para exigir al gobierno estatal y federal, “salvaguardar la seguridad y los derechos de los niños” en esta zona controlada por la delincuencia.

Mientras, el representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Christian Skoog, afirmó en una visita que realizó el jueves 16 de mayo al puerto de Acapulco, que la violencia y pobreza afectan a la infancia de esta entidad donde los niños dejan las aulas para convertirse en buscadores de vida en fosas clandestinas, otros son reclutados por el narco para ser sicarios y algunos se convierten en policías comunitarios para enfrentar a la delincuencia.

Por ello, Skoog urgió a trabajar en la prevención de los delitos y promover la permanencia de los niños y adolescentes en las escuelas de nivel básico.

En lugar de que el gobierno estatal y federal asumieran el control de la zona indígena de Chilapa y Hueycantenango, el 24 de mayo, el dirigente de la CRAC-PF, David Sánchez Luna, denunció públicamente la privación ilegal de la libertad y la posterior ejecución del comandante regional, Bartolo Morales Hilario, y del policía comunitario Isaías Xantenco Ahuejote, ambos originarios de la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa.

Las víctimas fueron desmembradas y los dejaron sobre la carretera que conecta la región Centro con la Montaña.

Sánchez Luna responsabilizó del doble crimen a los integrantes de la autodefensa denominada Paz y Justicia, considerada como brazo armado del grupo delictivo de Los Ardillos.

También, los dirigentes del CIPOGEZ, denunciaron que funcionarios estatales y municipales, intentaron sobornar a familiares de los dos comunitarios asesinados, con la entrega de un millón de pesos en efectivo.

A cambio del dinero, las autoridades pidieron liberar a tres presuntos responsables del crimen que los comunitarios mantienen retenidos hasta la fecha en el poblado de Rincón de Chautla.

Entre las personas privadas de su libertad, se encuentra Braulio Palatzin Tranquero, sobrino de Tranquilino Tecorral Palatzin, uno de los dirigentes de Paz y Justicia, quien es acusado directamente de entregar a comunitarios que fueron encontrados desmembrados sobre la carretera Chilapa – Tlapa, indicaron.

No obstante, el ofrecimiento económico de los funcionarios fue rechazado por las víctimas y los dirigentes del CIPOG – EZ quienes exigieron al gobernador Astudillo, la detención de Celso La Vela Ortega Jiménez, líder del grupo delictivo Los Ardillos y hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega.

Además, denunciaron que en el poblado de Xicotlán suman seis homicidios atribuidos al grupo antagónico de Paz y Justicia y en la comunidad de Coahuetlán, “otros tantos han sido secuestrados”, indicaron los dirigentes comunitarios.

A pesar de que las autoridades se comprometieron a blindar la zona para evitar más ataques contra miembros de la CIPOGEZ y la CRACPF, el lunes 3 de junio, un grupo armado ejecutó a Eugenio Máximo Hilario, comandante regional de la guardia comunitaria en el poblado de Hueycantenango, cabecera del municipio indígena de José Joaquín de Herrera.

Con este crimen, suman a la fecha cinco los miembros de la CRACPF y CIPOGEZ que son asesinados en menos de un mes en esta zona.

Actualmente, se mantienen un ambiente de tensa calma en esta zona indígena donde el problema de fondo aún no ha sido resuelto por las autoridades de los tres niveles.

El pliego

Los miembros de la CRAC PF, entregaron un pliego petitorio a representantes del gobierno estatal donde demandan obra social y garantías de seguridad para el desarrollo integral de la población ubicada en el triángulo del narco que conforman los municipios de Quechultenango; Chilapa y Hueycantenango.

Entre las peticiones destacan, 200 viviendas para Rincón de Chautla y Zacapezco y la pavimentación de un tramo de 5 kilómetros que une ambos poblados. También, la construcción de un aula escolar y un maestro para las mismas comunidades.

Sobre el tema de seguridad, demandaron retenes militares en los cruceros de Tula, El Jagüey, Atzacoaloya, Puente Alto y Cerro Partido hasta llegar a la cabecera municipal de Chilapa para que los ciudadanos puedan transitar libremente.

Ello debido a que esta ruta es controlada por células delictivas al servicio del grupo de Los Ardillos y los pueblos adheridos a la CRAC PF, no pueden circular por la zona por temor a ser ejecutados o desaparecidos, indicaron.

La campaña

En este contexto que se vive en la zona indígena de Guerrero, organizaciones campesinas ligadas al EZLN impulsan una campaña global que tiene como propósito visibilizar la situación de violencia y despojo que consideran va en “alarmante ascenso” en estas comunidades.

También, expresaron su descontento por el asesinato de los cuatro miembros del CIPOGEZ y el terrorismo generado por “narco paramilitares” en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera donde hay 20 comunidades cercadas poniendo en alto riesgo la vida de hombres, mujeres y niños, expresaron a través de redes sociales.

Por ello, anunciaron que a partir de esta semana van a emprender una serie de foros y dinámicas en redes sociales para exigir justicia y un alto a la barbarie contra las comunidades indígenas guerrerenses.

Comentarios

Load More