CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización ciudadana Damnificados Unidos de la Ciudad de México exigió castigar a funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum “que propiciaron la opacidad” de las donaciones nacionales e internacionales para atender la emergencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. La demanda la hizo luego de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) difundidos el pasado 30 de junio. El organismo dijo que la gestión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los donativos por los sismos de septiembre del 2017 fue “limitada” y “opaca”. En un comunicado, el colectivo aseguró que “más de 3 mil millones de pesos no pueden desaparecer así como así. No es posible que el gobierno secuestre la solidaridad que se manifestó con estos recursos y en Damnificados Unidos de la Ciudad de México no lo vamos a permitir”. El colectivo lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador omitió hablar del tema en su mensaje político de ayer en el Zócalo capitalino. Luego, demandó que se esclarezca “cuanto antes” el destino de los recursos destinados “única y exclusivamente” a la reconstrucción de sus hogares y la atención de la población damnificada, como lo han manifestado desde su creación como colectivo. Y sentenciaron: “Si el actual gobierno, federal y el de la Ciudad de México, no son capaces de transparentar estos recursos, incurrirán en complicidad con la administración anterior en la malversación de esos fondos”. Ejemplo de construcciones Damnificados Unidos aseguró que, desde el principio, denunciaron que el proceso de reconstrucción “estuvo acompañado de diversos actos de corrupción”, pero no ha habido “una acción efectiva del Estado para sancionar estas conductas”. Incluso, afirmaron que, mientras el gobierno de Sheinbaum, mediante la Comisión para la Reconstrucción, “presume avances de artificio en el proceso de reconstrucción”, ellos siguen con la denuncia de irregularidades en las obras que benefician a las constructoras. Por ejemplo, detallaron que en edificios que están a punto de terminar sus trabajos, “las empresas pretenden entregar departamentos sin condiciones de habitabilidad, incluso con daños ocasionados por la misma intervención de las empresas. Esto, con el silencio cómplice del comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto Romero”. Y mencionaron como ejemplos las obras en Insurgentes Norte 476 y Rincón del Sur 15 edificio 5. Ahí, dijeron, la empresa Darmi quiere diluir su responsabilidad con los damnificados al querer entregarles los departamentos sin los acabados mínimos para ser habitados. Ello representaría un endeudamiento para los damnificados. También mencionaron a la empresa Planificaciones y Cimentaciones S.A de C.V. en el predio de Rancho San Lorenzo 32, en la colonia Los Girasoles III, en Coyoacán. Ahí, en edificios a punto de terminar obras, “las constructoras escatiman los recursos públicos que les fueron asignados para la rehabilitación con el objetivo de aumentar sus ganancias, condenando a las y los damnificados a no poder tener un regreso digno a casa”. Damnificados Unidos consideraron que los recursos públicos y las donaciones “que han desaparecido”, deben ser empleados en su totalidad para cubrir las tareas urgentes que heredó la tragedia de los sismos de 2017. Por último, adelantaron que este miércoles 3 tendrán una reunión con funcionarios del gobierno capitalino para tratar el tema. Luego, reiteraron: “El dinero de las aportaciones voluntarias para la reconstrucción debe aparecer y ser utilizado para los miles de pendientes que existen en el proceso de reconstrucción, entre ellos, garantizar la habitabilidad de los inmuebles reconstruidos y reforzados”.