Informe de Bachelet: Régimen de Maduro usa la tortura para neutralizar a la oposición

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto: Octavio Gómez Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto: Octavio Gómez

CARACAS (apro).- La Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos instó al régimen de Nicolás Maduro a acabar con “las graves vulneraciones de derechos” en Venezuela, en un informe que se publica tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michelle Bachelet.

El informe, que este viernes presentará la jefa del organismo ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte que, “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera ya los cuatro millones de personas.

El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

“Las fuerzas de seguridad han usado escuadrones de la muerte contra jóvenes y han manipulado los hechos para que parezca que las víctimas fatales resistieron al arresto”, dice también el reporte del organismo.

El informe se elaboró entre enero de 2018 y mayo de 2019 mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos.

Familiares de 20 personas describieron cómo hombres enmascarados y vestidos de negro de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) en camionetas negras sin placas habían irrumpido en sus casas, tomado sus pertenencias, agredido a mujeres y niñas, a veces desnudándolas.

“Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles”, relata el informe.

“En cada caso, las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad'”.

La cifra de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad -en particular por las FAES- alcanza las 5 mil 287 muertes documentadas en 2018 por supuesta resistencia a la autoridad, y al menos otras mil 569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.

Asimismo, el texto denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares.

También los culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.

En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como “colectivos”, y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.

A principios de esta semana, Bachelet pidió una investigación “independiente, imparcial y transparente” de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar a Maduro.

El informe indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó (quien el pasado enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Ante estos abusos, “son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, subraya el informe, que destaca que “quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos”.

“El gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas” entre ellas el uso de la tortura y el acceso a la justicia, señaló Bachelet.

El informe sostiene además que el Estado no cumple con garantizar el derecho a la alimentación y la atención de salud.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia -tanto en Venezuela como en el resto del mundo- a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo”, agregó la expresidenta de Chile en un comunicado que acompañó el informe.

El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del gobierno de “imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.

Informe parcializado

Por su lado, en un anexo que acompaña al reporte, el régimen de Nicolás Maduro criticó la metodología de la ONU porque, según dijo, usó fuentes parciales.

“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” en Venezuela, dijo el gobierno de Maduro.

“En este documento se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado”, indica la respuesta con 70 observaciones.

“En gran parte, esta distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración”, continuó el texto.

La administración de Maduro también duda de la objetividad de la mayoría de las entrevistas hechas para elaborar el informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos al apuntar que el 82 % de estas se realizaron fuera de Venezuela, pese a que el organismo multilateral realizó dos visitas al país, una de ellas encabezada por la propia Bachelet.

También lamentó que el informe de Bachelet omita “en su totalidad los logros y avances alcanzados” por el chavismo en materia de derechos humanos, al tiempo que ofreció datos sobre la atención que, asegura, ofrece a las clases más desfavorecidas.

“No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”, insistió el régimen de Maduro.

También asegura en su respuesta que gran parte del informe está basado en informaciones falsas o erróneas, y manifiesta su preocupación por la presunta omisión de la “guerra económica” de factores externos como explicación a la crisis que atraviesa el país.

Informe satisfactorio

Entretanto, el Foro Penal Venezolano dijo que el informe satisface a las organizaciones de derechos humanos.

El abogado y vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, sostuvo que el informe en el que la ONU pide acabar con “las graves vulneraciones de derechos” en Venezuela, “llena todas las expectativas” de las ONG defensoras de los derechos humanos.

Indicó que el texto ratifica “la existencia de una serie gravísima de violaciones a los derechos humanos” en el país suramericano y lo calificó de “hito histórico”.

Por su parte, el abogado y presidente de la ONG, Alfredo Romero, pidió a la alta comisionada que “se publique el informe largo donde se establece no solo” las recomendaciones, sino que incluye “mucho más detalle sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

Romero dijo que el resumen del informe de Naciones Unidas reconoce una serie de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, “la existencia de presos políticos”, así como “la persecución política sistemática” contra dirigentes políticos, líderes comunitarios y ONG.

Dentro de los resultados que se esperaban de la visita que Bachelet realizó a Venezuela entre el pasado 19 y 21 de junio, recordó Romero, estaba “la libertad de todos los presos políticos”, pero indicó que aunque “se ha excarcelado un grupo importante” aún “falta una gran cantidad”.

Según indicó, actualmente en el país hay 630 presos políticos.

“El informe servirá en su momento para hacer justicia”, afirmó Himiob, y explicó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU puede instar al Tribunal Penal Internacional para que pase de la fase preliminar y realice “una solicitud formal de investigación” contra los “responsables de los crímenes que se están cometiendo en Venezuela”.

Sobre la respuesta de la administración de Nicolás Maduro, que presentó 70 observaciones al informe, Himiob dijo que además de ser “muy revelador en cuanto a su verdadero talante”, es “una verdadera torpeza”.

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