GINEBRA (apro).- Países de la Unión Europea y del Grupo de Lima, pidieron a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet establecer una Comisión de Investigación Internacional para esclarecer graves violaciones que se llevan a cabo en Venezuela como tortura, ejecuciones extrajudicales, detenciones arbitrarias, uso del alimento como herramienta política, entre otros. Bachelet presentó ante el Consejo su informe dado a conocer ayer en Ginebra en el que afirmó que se deja claro que "las instituciones esenciales y el estado de derecho en Venezuela han sido profundamente erosionadas". Además, el informe denuncia patrones de graves violaciones de derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales de más de seis mil 800 personas perpetradas por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019. Estos delitos "deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores y garantizando su no repetición", afirmó Bachelet quien se refirió a un gran número de denuncias de tortura recibidas por su oficina y volvió a condenar la muerte bajo custodia del Capitán de Marina Rafael Acosta. “Hay un patrón de reportes de tortura en Venezuela en el contexto de la detención arbitraria. Las autoridades deben garantizar una investigación completa de conformidad con las normas internacionales, así como la rendición de cuentas y, en su caso, el remedio para todos los casos de presunta tortura”, afirmó la expresidenta chilena. Al tomar la palabra en el debate el Grupo de Lima, liderado por Perú, Bachelet apoyó la creación de una Comisión de Investigación Internacional sobre lo que sucede en el país para determinar las responsabilidades de la serie de violaciones que se documentan en el informe. A ese llamado se sumó Feliciano Reyna, activista de derechos humanos y representante de Acción Solidaria quien urgió a los miembros del Consejo establecer sin dilación esta Comisión Internacional para que se identifique a los responsables y se les lleve ante la justicia. "El desmantelamiento del Estado de Derecho y la descomposición general del Estado se manifiestan en un sufrimiento humano generalizado, violencia social y en políticas estatales de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión pacifica, represión y persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, para castigar a quienes ejercen sus derechos, incluyendo a la disidencia política y a diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, muchos de ellos arbitrariamente detenidos, perseguidos o en el exilio. “Estos abusos, reflejados por la Oficina de la Alta Comisionada, son parte de una práctica sistemática”, denunció Reyna. "En Venezuela no existen instituciones independientes que puedan actuar como un freno a los abusos de poder, a excepción de la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015, cuyos poderes constitucionales han sido anulados por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado políticamente, y por una asamblea constituyente fraudulenta. Jueces y fiscales son en su mayoría funcionarios sin estabilidad, sujetos a libre nombramiento y remoción, sin causa ni apelación”, acusó el activista. En el pasado, el Consejo de Derechos Humanos ha formado ya otras Comisiones Internacionales de Investigación como las de Siria, Burundi, Corea del Norte y sobre los hechos ocurridos en Palestina, entre otras. Bachelet recuerda los compromisos de Maduro De igual forma, Bachelet recordó al gobierno de Nicolás Maduro los compromisos asumidos durante su visita a Caracas llevada a cabo del 19 al 21 de junio. "El gobierno ha acordado en que llevaremos a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, que incluye un compromiso con el acceso irrestricto a todos los centros de detención. Espero con interés que se honren este y otros compromisos", llamó Bachelet. "También llevaremos a cabo una evaluación de los principales obstáculos para el acceso a la justicia. Además, las autoridades han declarado que van a participar de manera más sustantiva con los procedimientos especiales de la ONU y han aceptado la visita de 10 expertos en los próximos dos años", detalló. Bachelet destacó que ha estado abogando constantemente por la liberación de todos aquellos que están actualmente detenidos por actos de disidencia no violenta. "Antes de mi visita, tres detenidos fueron puestos en libertad. Posteriormente, también fueron liberados 59 ciudadanos colombianos, entre ellos una mujer, que habían sido detenidos arbitrariamente desde 2016. Y justo ayer, 22 detenidos también fueron puestos en libertad. Damos la bienvenida a estas liberaciones y alentamos a las autoridades a que liberen cuanto antes a otras personas detenidas por el ejercicio de sus derechos humanos", instó. Por otra parte, Bachelet hizo referencia a la grave crisis humanitaria que se vive en el país. La Alta Comisionada expresó preocupación porque muchos de los servicios públicos han colapsado, incluyendo el transporte, la electricidad y el agua. "El sector sanitario está en estado crítico. La falta de disponibilidad de medicamentos y equipo básico está causando muertes que se pueden prevenir, mientras que la no disponibilidad de anticonceptivos obliga a muchas mujeres a tener hijos que no van a ser capaces de atender adecuadamente. Una evaluación de las necesidades humanitarias llevadas a cabo por la OCHA en marzo halló que un estimado de siete millones de personas en Venezuela necesitan ayuda humanitaria: una cuarta parte de la población", lamentó. Bachelet llamó la atención sobre la situación de los pueblos indígenas de Venezuela. En particular, se refirió a la pérdida de control sobre sus territorios y recursos, militarización, violencia, la falta de acceso a alimentos y agua, mucho de esto causado por los efectos de la minería. "Según mis informes, los miembros de las comunidades indígenas están siendo explotados en condiciones de esclavitud para la extracción ilegal de oro. Ha habido ataques contra varios líderes y varios funcionarios han hecho declaraciones al respecto que sugieren la eliminación de los miembros de la comunidad Pemón que se oponen al gobierno", denunció. Venezuela pide a Bachelet "corregir" el informe  Por su parte, el viceministro venezolano de exteriores William Castillo al responder como país concernido, reprochó a Bachelet que a pesar de haberla recibido en el país y permitir que se reuniera con víctimas, oposición y que tuviera libertad de movimiento haya realizado un informe sesgado y poco objetivo. "Resulta incomprensible el contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada. Un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos, y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y sólo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa", recriminó. Indicó que "desde hace 20 años, Venezuela es blanco de una agresión multiforme por parte de Estados Unidos con el fin de lograr un cambio de régimen". “En Venezuela no existe una crisis humanitaria. Como muchos países, padecemos problemas económicos asociados a diversos factores, como la caída de los precios petroleros y el bloqueo económico”, justificó. “Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señalados genéricamente de incurrir en violaciones masivas a los derechos humanos”, sentenció Castillo. "Estamos seguros de que usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en Venezuela. Exigimos la corrección de su contenido, e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina", lanzó el representante de Caracas.