Más irregularidades en la Conade: Becas para consentidos, impago de sueldos, viajes para funcionarios…

En la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a cargo de Ana Gabriela Guevara, ocurre todo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice rechazar. A la investigación de Proceso sobre la triangulación de recursos públicos en la dependencia vía empresas privadas se suman el patrocinio indebido de viajes de funcionarios, empleados que llevan tres meses sin cobrar, la designación de personas sin perfil para puestos clave y personajes consentidos con becas económicas, entre otros… Irregularidades que están bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La operación irregular del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) involucra al propio director de este fideicomiso público, Carlos Fernando Ramírez Barrera, quien en mayo último se hospedó cuatro noches con cargo al erario en el hotel Hilton Garden Inn de Nueva York. La empresa Édgar García Morales y Asociados comprobó el costo de ese servicio con una factura por 35 mil 978 pesos.

Ramírez Barrera es el director de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia de la Conade. Entre sus funciones y atribuciones no está viajar a eventos deportivos, mucho menos internacionales.

De acuerdo con el documento que obra en los archivos del Fodepar, la empresa GC Rental Car –cuya razón social es Édgar García Morales y Asociados S. de R.L de C.V.– indica que Ramírez fue “comisionado” al evento Syoseet Open de raquetbol que se realizó en Nueva York. El funcionario estuvo en dicha ciudad del 1 al 4 de mayo.

El 30 de ese mes la compañía emitió una factura a nombre de la Conade y ésta le depositó vía electrónica los 35 mil 978 pesos.

Hace tres semanas la clavadista Adriana Jiménez denunció en las redes sociales que no le habían depositado su beca del Fodepar; después se quejó porque le entregaron una cantidad menor de lo que le correspondía, luego de que la Conade, sin previo aviso, ajustó los montos de algunos atletas. La directora general de la dependencia, Ana Guevara, descalificó los reclamos.

En distintas entrevistas, la exvelocista explicó que los clavados de altura no son una disciplina olímpica y justificó el trato sobre la clavadista con el argumento de que practica un deporte profesional en cuyas competencias, como la Serie Mundial Red Bull Cliff Diving, les pagan por participar.
Jiménez le respondió en una entrevista con Carlos Loret de Mola. La atleta explicó que su deporte está en vías de formar parte del programa olímpico y recordó que cuando Guevara participaba en la Golden League, una liga profesional en la que recibía premios económicos, la Conade la apoyó con financiamiento para sus viajes.
El racquetbol también es un deporte profesional. El Syoseet Open de Nueva York es una de las fechas del Ladies Professional Racquetball Tour, que también paga a sus participantes. Ahí la mexicana Paola Longoria venció en la final a su compatriota Samantha Salas. La justa se realizó del 2 al 5 de mayo y Ramírez Barrera estuvo en Nueva York prácticamente todos los días en los que se llevó a cabo.

Empleados sin paga

En su edición 2224 Proceso reveló que los recursos públicos del Fodepar son triangulados mediante tres empresas: Édgar García Morales y Asociados S. de R.L. de C.V., Volare Travel Shop S.A. de C.V., y Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur S. de R.L. de C.V.

El caso de Ramírez Barrera destaca porque los recursos públicos fueron utilizados para patrocinar su viaje a Estados Unidos, cuando el Fodepar fue creado para apoyar únicamente a los atletas de élite, entrenadores e integrantes de sus equipos multidisciplinarios. Peor aún, la comprobación de gastos del funcionario se hizo vía una arrendadora de autos con sede en Ciudad del Carmen, Campeche.

El director de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia de la Conade –quien también es el contador personal de Ana Guevara– tiene entre sus atribuciones “manejar la operación de los movimientos financieros requeridos para la administración de recursos a los beneficiarios” de los fideicomisos, como el Fodepar. Además, le corresponde vigilar el buen uso de esos fondos y cumplir con las disposiciones y normas aplicables del mismo.

Sin embargo, mientras la Conade financia viajes como el de Ramírez, triangula dinero público vía empresas privadas y paga con sobreprecios los campamentos y competencias, adeuda desde abril el sueldo del personal que pertenece al Capítulo 3000 (carecen de contrato laboral) y al cual se le suele pagar como si fuera un proveedor más de servicios generales.

Los afectados ascienden a 200 personas que están asignadas a distintas áreas de la Subdirección de Calidad para el Deporte. Desde marzo Ana Guevara les prometió que les pagarían.

El 20 de marzo último, una empleada de la Conade denunció de manera anónima y vía correo electrónico a Ana Guevara la falta de salarios. Un día después la funcionaria le contestó: “Gracias por tener la confianza de acercarte a esta dirección. Al respecto te comento que ya están autorizados los pagos, mismos que empezarán a entregarse a partir de mañana viernes. Estoy a tus órdenes si hay más retraso”.

El dinero nunca llegó ni se firmaron los contratos correspondientes. El 23 de marzo la misma afectada avisó a Guevara que el viernes 21 no les pagaron. No hubo respuesta. El 17 de junio otra vez le escribió clamando por ayuda. Tampoco contestó.

“Sabemos la situación por la que pasa, pero no entendemos por qué no nos hace caso. ¡Por favor, intervenga para que ya nos paguen a los de Capítulo 3000! ¡Ya son casi tres meses! Nos deben abril y mayo, y nada. Ni pago ni respuesta de su parte. ¿Necesitamos pedir nuestro pago ante el secretario de la SEP o ante el propio presidente para que nos atienda? Esperamos su respuesta”, escribió la misma persona a Guevara, el 24 de junio.

Nada ocurrió y la afectada envió un correo al subdirector general de la Conade, Sergio Monroy Collado. El funcionario le dijo que fuera a verlo a su oficina para atenderla, pero la empleada le respondió que por obvias razones no podía acudir. “Le pido apoyo para que nos paguen. ¿Es mucho pedir a Servicios y Finanzas que hagan su trabajo?

“¿Es mucho pedir a Asuntos Jurídicos que hagan los contratos? Le reto a vivir tres meses sin dinero, con hijos, compromisos, transporte, renta. ¿Qué en la Conade no queda nadie con un poco de sensibilidad aun sabiendo cómo están las cosas?

“Obvio, debo guardar mi anonimato ya que corro el riesgo de que me despidan aunque asisto y trabajo, no como el director de Medicina que, pese a no acudir, cobra quincena tras quincena (…) Tantas esperanzas que teníamos en ustedes. Por favor, ayúdennos a que nos paguen abril y mayo”. Monroy tampoco contestó.

Quiropráctico consentido

El director de Medicina y Ciencias Aplicadas de la Conade es Raúl Carrillo Rodríguez; no es médico y oficialmente tampoco ha sido nombrado en el cargo.

Cuenta con una licenciatura como quiropráctico, según el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (cédula profesional 2613510), pero él se ostenta como “doctor en quiropráctica graduado en Northwestern College of Chiropractic”.

Carrillo Rodríguez, como denuncia la trabajadora afectada, no despacha en su oficina de la Conade, sino en los dos consultorios privados que tiene en Coahuila y en Nuevo León. Sólo los miércoles ha sido visto en la dependencia.

El quiropráctico tiene una clínica llamada Rebioger en San Pedro Garza García. En este lugar fue atendida la nadadora Liliana Ibáñez luego de que fue operada por una lesión en el hombro, según las propias publicaciones de la atleta en su cuenta de Twitter.

En DeclaraNet, el portal en internet donde están registrados los servidores públicos del gobierno federal, no aparece Raúl Carrillo Rodríguez, por lo tanto se infiere que no ha hecho su declaración patrimonial ni ha reportado sus posibles conflictos de interés. En las hojas de las sesiones del Comité Técnico del Fodepar aparece como “encargado del despacho”.

El quiropráctico ya ha enfrentado algunas complicaciones por no ser médico, como cuando no pudo firmar órdenes para la atención de deportistas, porque, según los parámetros de las aseguradoras, debe ser un médico quien lo haga.

Otra polémica de Carrillo ocurrió después de que ordenó que los atletas de la Conade ya no utilizaran los suplementos alimenticios de la marca Evolution.

Dio la instrucción luego de que un seleccionado nacional de taekwondo presentó picos de variabilidad de un derivado andrógeno endógeno en varias muestras de orina. El deportista declaró en el Formato de Control Antidopaje que consumía la proteína de Evolution.

Sin certeza, el quiropráctico solicitó a la jefa de los nutriólogos de la Conade, Vanessa Risoul Salas, que notificara a todos los nutriólogos que suspendieran el suplemento alimenticio. La medida desató una ola de pánico entre los atletas porque temieron que podrían fallar en algún control antidopaje.

Otros más se molestaron porque ya habían gastado en comprar los productos que hasta el jueves 27 tuvieron prohibido utilizar, pese a que aún no ha concluido la investigación para determinar si las alteraciones que presentó el taekwondísta fueron causados por el uso de Evolution.

Polémico beneficio

La nadadora Liliana Ibáñez es quien ha estado muy activa en sus redes sociales agradeciendo a Raúl Carrillo la atención que le ha dado en Rebioger.

Ibáñez fue señalada públicamente el jueves 26 por haber recibido un incremento injustificado, de 18 mil a 30 mil pesos, en la beca que recibe del Fodepar.

La información la dio a conocer el ­diputado federal panista Miguel Riggs, quien mostró el documento oficial donde se solicita el aumento. El director de Alto Rendimiento de la Conade, Arturo Contreras Bonilla, firmó la autorización.

Después de su participación en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, donde obtuvo nueve medallas, su beca aumentó de 15 mil a 18 mil pesos a partir del 1 de septiembre, en la administración de Alfredo Castillo.

El legislador dijo que con la llegada de Guevara a la Conade, en un “claro favoritismo”, Ibáñez recibió un incremento de 12 mil pesos “justificados” en los resultados que obtuvo en dos Copas del Mundo de Curso Corto en Tokyo (fue décima en 50 y 100 metros libres) y Singapur (fue octava en 50 metros y sexta en 100) en noviembre de 2018.

De acuerdo con los nuevos parámetros que diseñó la Conade, Ibáñez no debería recibir ese monto pues es el equivalente a lo que percibe quien terminó entre los primeros ocho lugares en unos Juegos Olímpicos.

El dictamen técnico con el que se justificó el incremento dice que Ibáñez tiene perspectiva de ser finalista en el Campeonato Mundial y de dar la marca a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La autorización ocurrió en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Deportiva del Fodepar, donde se solicitó que recibiera 30 mil pesos a partir del 1 de febrero.

Sin embargo, para esa fecha ya se sabía que Ibáñez estaba lesionada. Fue operada el 25 de marzo y estará en rehabilitación durante tres meses. Por tales motivos no competirá en el Campeonato Mundial de Gwangju, Corea del Sur, que se realizará del 12 al 28 de julio, ni en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Es un gran monto comparado con los otros deportistas a quienes les han reducido la beca de manera inexplicable y sin previo aviso”, señaló el legislador. Adelantó que cuando el próximo 8 de julio comparezca Ana Guevara ante la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados le pedirán que explique los casos en los que se ajustaron las becas de los atletas y qué criterio técnico se usó.

“Vamos a preguntarle por qué favoreció a esta atleta. Veremos, inclusive, las actas de las sesiones del Comité Técnico del Fodepar (que firma la autorización de las becas que modifica la Comisión Deportiva del Fodepar) y el seguimiento que se le hace a los deportistas en cuanto a su desarrollo, marcas y alcances”, advirtió el diputado.

Riggs agregó que le pedirán a Guevara que enseñe cuáles son las credenciales de Luz María Chávez Gómez, quien goza de una beca de 35 mil pesos en el Fodepar porque supuestamente es la entrenadora de Liliana Ibáñez. Chávez es investigada por la Secretaría de la Función Pública por haberse hecho pasar por servidora pública como responsable de becas de la Conade. Ibáñez se ha preparado desde 2010 en la Universidad de Texas A&M con el entrenador Steve Bultman.

Dudosas credenciales

Para la comparecencia de Guevara ante los diputados ya está lista una batería de 58 preguntas. El presidente de la Comisión del Deporte, Ernesto Vargas, del Partido Encuentro Social, dijo que buscarán saber quién diseñó los nuevos criterios técnicos para ajustar los montos de las becas (Luz María Chávez es la responsable) y con base en qué parámetros, así como por qué a seis meses de haber asumido el cargo sigue sin presentar el Plan Nacional del Deporte.

El diputado Miguel Riggs también dijo que cuestionarán a Guevara sobre por qué no ha presentado ante el Órgano Interno de Control o ante la Secretaría de la Función Pública las denuncias correspondientes a las irregularidades que supuestamente encontró en la Conade y por las cuales, dijo, “está limpiando la casa”.

“Guevara señaló que huachicolearon la Conade, pero hasta ahora no ha presentado ninguna denuncia. Dijo que había aviadores y personas que cobraban becas sin merecerlo, pero no ha denunciado nada ni hecho ninguna acción para que se castigue”, añadió Riggs.

El acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2018, establece en el artículo 55 que “la verificación del contenido del Acta Administrativa de Entrega-Recepción correspondiente deberá realizarse por el servidor público entrante o por la persona designada para recibir el despacho, considerando un plazo máximo de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de la entrega-recepción del mismo”.

Durante ese tiempo el servidor público saliente podrá ser requerido para que realice las aclaraciones o proporcione la información adicional que se le solicite. En caso de que el servidor público entrante detecte irregularidades durante la verificación del contenido del Acta Administrativa de Entrega-Recepción deberá hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control o de la Unidad de Responsabilidades, a efecto de que se aclare por el servidor público saliente o, en su caso, se proceda de conformidad al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Todas las decisiones que se toman para determinar cómo se usarán los recursos del Fodepar pasan por la Comisión Deportiva donde un grupo de 11 supuestos especialistas en las distintas disciplinas deportivas hacen un análisis para definir las altas, bajas y modificaciones a becas de atletas y entrenadores.

Sin embargo, a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Deportiva –celebrada el 2 de mayo– asistió la contadora Gabriela Giles Villalobos como representante del Comité Olímpico Mexicano (COM).

También otros integrantes, como Adriana Briseño Yáñez, Ledyi Cantillo, Kinari Vicente, Patricia Moiret y Alejandra Pimentel, incumplen con los conocimientos y el perfil para hacer valoraciones de alto rendimiento de los deportes que tienen asignados.

Peor aún: Faustino Jesús Díaz Muñoz, uno de los funcionarios que ha facilitado la triangulación del dinero del Fodepar, también integra a ese grupo de “especialistas”. Es decir, es juez y parte porque en la Comisión Deportiva autoriza los montos de los gastos que después él mismo, como subdirector de Apoyos al Alto Rendimiento y Federaciones, aprueba que se paguen.

Entre los integrantes del Comité Técnico del Fodepar destaca el nombre del presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, quien asegura que jamás ha estado presente. La propia Ana Guevara preside este órgano, aunque en sus ausencias la cubre Sergio Monroy Collado.

Otros dos implicados en la triangulación de recursos: Arturo Contreras Bonilla e Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte, también integran el Comité Técnico. Así, los mismo que cometen las irregularidades son quienes autorizan la salida del dinero del fideicomiso Fodepar.

Este reportaje se publicó el 30 de junio de 2019 en la edición 2226 de la revista Proceso.

Acerca del autor

Estudió Ciencias de la Comunicación y Letras y Literatura Hispánica en la UNAM. Fue reportera de información general en los noticieros Monitor de InfoRed. Desde 2000 ha sido reportera y conductora de deportes en distintos medios radiofónicos y televisivos. Estudió la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos en el CIDE.

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