MONTERREY, N.L. (apro).- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) liberó una orden de aprehensión contra el exzar anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales Santos y su anterior socio, por un antiguo litigio en el que se le acusaba de haber despojado de seis millones de dólares a la viuda del fallecido magnate de las telecomunicaciones Emilio Azcárraga Milmo. El auto, girado el 24 de junio del presente año, pide que sean buscados, localizados y aprehendidos quien fuera el primer Fiscal de Combate a la Corrupción en el país y César Gerardo Francisco García Méndez por la probable comisión del delito de administración fraudulenta, cometida en contra de Paula Cusi en el 2012. El titular del Juzgado 24 de lo penal, Cirilo Israel Rivera Carmona, pidió que estas personas fueran remitidas al reclusorio Oriente después de su arresto. Hasta este martes por la mañana los acusados no habían sido localizados por la autoridad. Canales no respondió a llamadas telefónicas para opinar sobre el mandato judicial. Después de que falleciera en 1997 El Tigre Azcárra Milmo, su hijo Emilio Azcárraga Jean y quien fuera la última esposa del dueño de Televisa, Paula Cusi, entraron en un litigio para el reparto de la herencia. Para el 2007, Canales era el representante legal de la viuda quien, en el 2011, fue recluida durante tres días en el penal Femenil de Santa Martha Acatitla por haber falseado declaración ante la autoridad. Posteriormente, en el 2012, Cusi demandó a Canales Santos por supuestamente haberse apropiado de 6 millones de dólares que Azcárraga Jean le habría pagado a ella. El litigante dijo que ese dinero se lo había adjudicado en forma de honorarios. En el 2015, cuando inició la administración de Jaime Rodríguez en Nuevo León, Ernesto Canales hizo historia al convertirse en el primer Subprocurador de Combate a la Corrupción en México. Su presentación estelar fue el lanzamiento de la “Operación Tornado”, un mega operativo anticorrupción, contra decenas de funcionarios de la pasada administración estatal del gobernador priista Rodrigo Medina. Como parte de estas acciones, el 26 de enero del 2017 Medina de la Cruz fue internado al Penal del Topo Chico, acusado de peculado y daño al erario, aunque solo estuvo unas horas antes de salir libre, con un amparo. Con el paso de los meses, la “Operación Tornado” se fue desinflando, con imputaciones que eran rechazadas por el juez. En el 2018, con cambios a la Ley estatal, Canales se ocupó, primero, de una oficina de transición Anticorrupción y, después, el 11 de marzo del 2019 fue disuelta la subprocuraduría de Combate a la Corrupción de Nuevo León, para dar forma a la nueva Fiscalía independiente en la materia, que desocupó a Canales.