OAXACA, Oax. (apro).- La Asamblea Comunitaria de San Dionisio Ocotepec entregó este martes a las 19 personas que retuvo desde el pasado domingo 7, con la exigencia de que el empresario Edy Monterrosa Méndez, quien realizó diversas construcciones en la zona, sin la autorización de la comunidad zapoteca, ofreciera una disculpa pública. Durante ese tiempo, las familias se quejaron por la inacción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, a quienes demandaron un acuerdo con los pobladores que dejara en libertad a los retenidos. Este martes, con la mediación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), los empleados de Monterrosa Méndez, a quienes contrató como “policías”, fueron entregados en las instalaciones de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Oaxaca, en presencia de autoridades federales. La entrega fue testificada por el inspector general de la Guardia Nacional, Diego Armando Chávez; el investigador en jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, Arturo de Villanueva Zurita, y la agente del Ministerio Público Federal, Roxana Martínez López, quienes recibieron el armamento decomisado por la Asamblea Comunitaria. El ombudsman oaxaqueño Bernardo Rodríguez Alamilla refrendó la disposición de la DDHPO de velar por las garantías de los pobladores, y certificó que el proceso de entrega de las personas se llevara a cabo apegado a los estándares de derechos humanos. El diálogo, dijo, es un mecanismo de solución de conflictos de manera pacífica y apegado a derecho, por lo que hizo un reconocimiento a la Asamblea Comunitaria de San Dionisio Ocotepec, así como a las comisiones integradas para superar el conflicto. De igual manera, se pronunció porque se garantice un debido proceso a las personas entregadas a las autoridades federales. El pasado domingo 7, la población zapoteca de San Dionisio Ocotepec determinó recuperar 325 metros cuadrados donde Monterrosa Méndez realizó diversas construcciones de concreto (cocina, comedor, baños y sótanos), además de una torre que presuntamente servía como punto de vigilancia, y una antena de telecomunicaciones. “Grande fue la sorpresa que, cuando los ciudadanos llegaron al lugar, nos encontramos con gente armada vestida de soldados y pasamontañas, quienes nunca se identificaron. Además de localizar armas, cartuchos y hasta un dron”, resaltaron los pobladores en un comunicado. “Ante tales hechos la comunidad de San Dionisio Ocotepec, en uso de su derecho legítimo y determinación de la Asamblea, realizó la recuperación de sus tierras comunales invadidas por Edy Monterrosa Méndez, y a las personas que se encontraban en el lugar se les invitó de la mejor manera a que se trasladaran a la comunidad para llegar a acuerdos que no violentaran los derechos de ninguna de las partes en conflicto”, subrayaron. Destacaron que desde hace años y de manera ilegal, Monterrosa Méndez ha invadido las tierras comunales de San Dionisio Ocotepec y puso a personas armadas para cuidar el terrero, mismas que han amenazado e intimidando a los campesinos. En diversas ocasiones la propia comunidad solicitó al empresario que presentara el permiso de estancia en el terreno, o bien que desalojara las tierras. Esa notificación también se hizo a través de su apoderado legal, Everardo Mateo Escobar. Ante la nula respuesta del gobierno para exigir al empresario que se retirara, el pasado viernes 12 los pobladores bloquearon la carretera federal 190, y en el crucero que va a la comunidad colocaron una lona con la leyenda: “Por la dignidad de nuestro pueblo y la defensa de su territorio”. Asimismo, solicitaron que Edy Monterrosa Méndez se presentara en la comunidad, ofreciera una disculpa pública y se comprometiera a reparar los daños ocasionados en la fracción del terreno invadido de manera ilegal. El empresario nunca se presentó. Finalmente, responsabilizaron al “invasor” de cualquier agresión o represalia contra los comuneros que tienen terrenos en los límites con la zona recuperada, o contra cualquier habitante de la comunidad de San Dionisio Ocotepec que se rige por el sistema normativo interno o de usos y costumbres.