Denuncian presuntos actos intimidatorios contra el obispo Raúl Vera

El obispo de Saltillo, Raúl Vera. Foto: Eduardo Miranda El obispo de Saltillo, Raúl Vera. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos urgió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a “poner fin a los actos de intimidación en contra de monseñor José Raúl Vera López”, quien el 11 de julio fue abordado por dos militares fuertemente armados en el aeropuerto de Monterrey.

La organización internacional, que opera en conjunto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) emitió una acción urgente fechada en Ginebra, Suiza, en la que expresa su preocupación por “los actos de intimidación” contra Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo, fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de Chiapas, y presidente del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”.

En el documento, dirigido a López Obrador, a los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard, así como a los subsecretarios de esas dependencias, Alejandro Encinas y Marta Delgado, entre otros personajes, el Observatorio dio cuenta de los hechos que motivaron la exigencia de “las medidas más apropiadas para garantizar su seguridad e integridad física, así como en general, la de todas las personas defensoras de derechos humanos en México”.

La petición al gobierno de López Obrador, externada también al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),  Luis Raúl González Pérez, refiere que el 11 de julio Vera López “fue intimidado por dos militares que se acercaron a él con uniforme militar, cascos y arma larga y en una libreta tenían registrado su nombre”.

De acuerdo a la relatoría de los hechos ocurridos en la Terminal 2 del Aeropuerto de Monterrey, cuando Vera regresaba de un vuelo proveniente de la Ciudad de México, el personal castrense procedió a interrogar al prelado “sobre su cargo y jerarquía, el lugar de destino y las placas del automóvil en que se desplazaría y tomaron nota de la matrícula del vehículo en la libreta que portaban”.

Cuando el obispo de Saltillo preguntó a los militares las razones del interrogatorio, llamó la atención que le respondieron que el procedimiento efectuado se realizó “sólo por su seguridad”.

“El Observatorio expresa su profunda preocupación por estos hechos que constituyen actos de intimidación contra Monseñor José Raúl Vera López, y teme que estos ocurran como represalia a su lucha histórica y permanente en la defensa de los derechos humanos en México y por el constante acompañamiento a víctimas y familiares de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos, en la búsqueda de la verdad y la justicia”, se destacó en el pronunciamiento.

Al recordar que Vera López es ampliamente reconocido y que fue propuesto en 2012 como Premio Nobel de la Paz por su labor en la búsqueda de diálogo y pacificación en Chiapas, el Observatorio exigió al gobierno de López obrador “adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección, seguridad e integridad física y psicológica” del prelado, así como “abstenerse de realizar actos de intimidación contra las personas que defienden los derechos humanos en México”.

Al gobierno mexicano se le solicitó también “incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil”.

El Observatorio pidió a López Obrador y a altos funcionarios, hacer un reconocimiento público “de la importancia de la legítima labor lleva a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en México”, y diseñar políticas públicas para garantizar el reconocimiento a los activistas.

En la acción urgente se pide la aplicación efectiva de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, y “garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México”.

El documento también está dirigido a los embajadores responsables de las misiones de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, ante la Unión Europea y ante la Organización de Estados Americanos, Socorro Flores Liera, Mauricio Escanero Figueroa y Jorge Lomónaco, así como el secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos.

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