CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de 34 meses de perder a su bebé, soportar actos de violencia obstétrica y ser víctima de abuso sexual, Raquel Taboada Arreola busca recuperar el cuerpo de su pequeño, que aún se encuentra en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo). Con la fuente rota y a punto de dar a luz, el 3 de septiembre de 2016 Raquel llegó al Hospital General de Iztapalapa, donde había recibido los cuidados prenatales, pero el personal médico se negó a observarla porque en ese momento atendían otro caso. De inmediato, la futura mamá se trasladó al Hospital Materno Infantil de Inguarán e ingresó al área de Tococirugía, donde durante nueve horas recibió malos tratos. La mujer insistió a los médicos que le practicaran una cesárea, pero éstos accedieron hasta que se percataron de que el producto presentaba sufrimiento fetal. Por las complicaciones en el procedimiento, Raquel fue trasladada al área de terapia intensiva del nosocomio, donde permaneció cuatro días, debido a la falta de personal en el turno de la noche. Para entonces su bebé ya había fallecido por la mala atención médica en el parto. El quinto día, la mujer fue enviada al Hospital General Balbuena, donde de nueva cuenta fue sometida a un procedimiento quirúrgico, esta vez sin su consentimiento previo e informado, del que tardó 19 días en recuperarse. Este martes la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acreditó que durante ese proceso Raquel pasó por al menos 13 actos diferentes de violencia obstétrica, incluido un acto de violencia sexual por parte de un médico encargado de velar por su salud. “Es un hecho cierto que Raquel y su hijo ingresaron al hospital con vida y que de allí salieron, él, sin vida, y ella como sobreviviente de violencia obstétrica y con graves afectaciones a su integridad personal”, detalló la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, al presentar la recomendación 05/2019 por violencia obstétrica. Derivado de la investigación, precisó, se determinó que las tres instituciones involucradas proporcionaron un trato inhumano y violentaron el derecho de Raquel a una vida libre de violencia obstétrica, que derivaron en afectaciones psicoemocionales para ella y su familia. Agregó que la familia de Raquel intentó denunciar los hechos previamente, pero sólo pudieron hacerlo hasta que se presentaron en la Fiscalía Desconcertada contra Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. No obstante, dijo, desde la dependencia se ha retrasado y obstaculizado la integración de la carpeta de investigación, porque sin contar con la documentación clínica completa, el Ministerio Público ordenó al personal del Incifo realizar la necropsia al cadáver del bebé. Pese a las inconsistencias en la información que les fue comunicada a los familiares en el hospital, indicó la presidenta de la CDHDF, éstos siguen sin conocer la verdad de lo ocurrido y sin poder disponer de los restos del recién nacido. Por ello, emitió la recomendación 05/2019 dirigida a la Secretaría de Salud (Sedesa), a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Incifo, perteneciente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. En ella ordena a reparar el daño a Raquel y a su familia, a quienes la Sedesa deberá brindar atención médica y psicosocial especializada, así como entregar el cuerpo del menor en condiciones dignas y no revictimizantes, para que lleven a cabo la inhumación según sus creencias y prácticas culturales. Los gastos del funeral deberán ser cubiertos de manera inmediata por la institución. De igual forma, las autoridades involucradas deberán aportar los datos que permitan ubicar a los responsables de esos hechos, y crear distintos mecanismos que permitan evaluar y mejorar su desempeño en materia de atención a los casos de violencia obstétrica con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Ramírez Hernández destacó que esta es la primera recomendación que reconoce la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional contra la mujer y no como un asunto exclusivo de violación al derecho a la salud, a diferencia de las 11 emitidas previamente sobre salud materna y violencia obstétrica. Asimismo, apuntó que estos hechos forman parte de la invisibilización de la violencia obstétrica como un patrón de violencia institucional en contra de las mujeres, en razón de género, y evidencian la falta de perspectiva y enfoque de género en el actuar cotidiano de las autoridades de la Ciudad de México. La funcionaria local detalló que 66.1% de las mujeres en el país han experimentado algún tipo de violencia, 79.8% de ellas en la capital mexicana, lo que la coloca como la entidad federativa con el primer lugar en violencia hacia las mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016). En este contexto de violencia de género sistemática y discriminación estructural, la presidenta de la CDHDF urgió a visibilizar la violencia obstétrica como una forma más de violencia contra las mujeres, que alcanza a una de cada tres. Finalmente, Ramírez Hernández mencionó que los hospitales más señalados por violencia obstétrica están adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), seguidos de los que son administrados por la Ciudad de México y el Estado de México.