Comisión Permanente avala pedir al SAE que informe sobre dinero obtenido en subastas
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que informe sobre los montos obtenidos en las distintas subastas que se hayan realizado con motivo de hechos de corrupción, e indique los criterios de destino de esos ingresos.
“Es necesario conocer los montos obtenidos en las distintas subastas, como la venta de diversos vehículos que pertenecían al Estado Mayor Presidencial, así como los criterios para distribuir las ganancias obtenidas”, destaca el dictamen.
De acuerdo con un comunicado, los legisladores estimaron importante conocer los criterios que se utilizarán para realizar las subastas públicas y repartir los recursos obtenidos, así como las facultades del nuevo "Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado", al que se destinará el dinero, y su adscripción orgánica.
De igual manera, subrayaron que los criterios que deben regir la creación y facultades del Instituto deben estar basados en los principios de objetividad, transparencia, honestidad, eficacia y publicidad.
El senador priista Manuel Añorve Baños calificó como una “aberración” que el gobierno federal no dé a conocer con puntualidad hacia dónde van esos recursos.
“No podemos aceptar que lo obtenido por las subastas se vaya a alguno de los programas electoreros que todo el mundo conocemos”, expresó.
Y sugirió que el dinero que se obtenga en esos casos se destine para disminuir el desabasto de medicamentos y de equipo quirúrgico en los hospitales públicos del país.
Con esas subastas, el gobierno federal pretende obtener ingresos por mil 500 millones de pesos que serán remitidos a las sociedades de padres de familia de las escuelas para el mantenimiento y construcción de unidades deportivas, ambulancias y caminos, entre otras prioridades.
En días recientes se realizó en Los Pinos una subasta de vehículos que constituyó la primera aportación al Instituto, por un monto de 30 millones de pesos. Asimismo, se anunció la venta de casas de políticos mexicanos que se tienen en custodia, cuyos recursos serán destinados a la atención a comunidades y a programas para combatir el consumo de drogas en jóvenes y niños.