Crítica a la fórmula AMLO para crecer
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La renuncia de Carlos Urzúa Macías como secretario de Hacienda sirvió para que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistiera en la premisa principal de su filosofía económica: “va a haber crecimiento… sólo combatiendo la corrupción y no permitiendo los lujos, con una política de austeridad.”
Según sus propias palabras, la fórmula AMLO para el crecimiento se compone de tres partes: 1) acabar con la corrupción; 2) hacer valer la austeridad republicana, y 3) no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
De acuerdo con la versión presidencial, Urzúa no estuvo conforme con estas premisas y por ello renunció. La explicación es simplista y sin embargo era difícil pedirle al secretario de Hacienda que coincidiera con preceptos que provienen de la filosofía moral y no de la economía moderna.
A la hora de abordar el primer componente de la fórmula AMLO es necesario decir que no hay evidencia científica que lleve a concluir que la corrupción es una variable influyente, para bien o para mal, en el crecimiento de la economía nacional. Al contrario, si algún hallazgo pudiese encontrarse es en el sentido de que la corrupción tiende a multiplicarse cuando la economía crece a tasas elevadas.
Hay que observar el comportamiento que tuvo la corrupción en países como Brasil, Rusia, Turquía, China o la India, durante los primeros años del presente siglo. Cifras a doble dígito de crecimiento y expedientes abultados de corrupción correlacionan ahí de manera bastante consistente.
La historia mexicana sirve también como argumento: los años de mejor crecimiento económico –relativos a los milagros industrial, petrolero o exportador– dieron origen a las fortunas más corruptas de la sociedad mexicana.
Contrario a lo que promueve la filosofía moral de Andrés Manuel López Obrador, corrupción y crecimiento son hechos que suelen coexistir en el tiempo. No hay demostración científica concluyente que lleve a suponer que disminuir la corrupción promueva el crecimiento.
En cambio, sí podría encontrarse evidencia que relaciona a la corrupción con la desigualdad. En una sociedad basada en relaciones corruptas, las oportunidades dependen del vínculo arbitrario que las personas tengan con el poder. Una sociedad corrupta desiguala por razones injustas basadas en la asimetría de oportunidades.
Una sociedad corrupta no trata por igual a las personas iguales, sino en función de la riqueza que posea cada cual para poder pagar por los derechos, los servicios, la justicia, la educación o la salud.
Vale la pena combatir la corrupción porque al hacerlo se distribuyen con mejor equidad los frutos del crecimiento: al erradicar los privilegios que entrega la corrupción se edifican sociedades más cohesionadas y democráticas. Pero, hay que decirlo también: erradicar la corrupción no tiene que ver con sostener altas tasas de crecimiento.
La segunda premisa de la fórmula López Obrador tampoco encuentra asidero firme respecto a la evidencia: es falso que una política rigurosa de austeridad lleve a reducir la corrupción. La realidad de lo humano exhibe resultados que corren más bien en sentido contrario.
La precariedad igualmente tiende a potenciar la corrupción. Ante la disputa por los bienes escasos, las sociedades desarrollan mecanismos arbitrarios para su distribución. En efecto, las carencias económicas suelen envilecer a los seres humanos.
Como ejemplo cabe remitirse a la historia de las grandes hambrunas, las depresiones económicas o a la experiencia de las comunidades forzadas a la migración masiva.
En todos estos casos extremos, la corrupción marca con acritud el conjunto de las relaciones humanas: todo se vende, todo se compra –desde la sexualidad hasta un pedazo de pan.
No hay evidencia, pues, de que la austeridad traiga como beneficio disminuir la corrupción, sino más bien lo contrario.
En sentido inverso, sí hay prueba científica de que una política de austeridad aplicada a destiempo provoca desaceleración en la economía y puede conducir, inclusive, hacia la recesión.
Desde el primer tercio del siglo XX las sociedades modernas confirmaron que el gasto del gobierno –en épocas de bajo crecimiento– puede servir para echar a andar la economía. Funciona como una especie de desfibrilador para que los motores del crecimiento remonten.
Sólo cuando la economía se sobrecalienta es justificable promover una política de austeridad, para sacarle vapor a la máquina y así evitar que explote.
En el actual ciclo económico, tanto de México como del mundo, no se antoja recomendable aplicar una política de austeridad, sobre todo si lo que se pretende es obtener tasas de crecimiento superiores a las observadas durante los últimos treinta y cinco años en nuestro país.
Por último, cabe cuestionar la tercera premisa de la fórmula López Obrador preguntándose si un gobierno pobre podría sacar adelante a un pueblo pobre. Tratándose de las instituciones, una cosa es la moderación republicana y otra muy distinta es la pobreza franciscana. Este tema merece un mejor desarrollo que, por el espacio, es imposible abordar aquí. Lo haré en una futura entrega.
Mientras tanto, vale concluir con una idea final a propósito de la corrupción: si lo que se pretende es combatirla –porque lo relevante es terminar con los privilegios y las oportunidades desiguales– es fundamental contar con un Estado capaz de oponerse con todo el peso de la ley y la autoridad a las distintas expresiones de la impunidad.
Y para eso se requieren un Estado y un gobierno robustos, fuertes y suficientes, y no un remedo suyo, empequeñecido por la mezquindad presupuestal.
Este análisis se publicó el 14 de julio de 2019 en la edición 2228 de la revista Proceso