“Nuestra paciencia se agotó”, advierten indígenas mixes al gobierno de Murat

Murat durante su primer informe en Oaxaca. Foto: Jesús Cruz Murat durante su primer informe en Oaxaca. Foto: Jesús Cruz

OAXACA, Oax. (apro).- Ante las nuevas incursiones de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo, “que preparan nuevos despojos en nuestro territorio”, indígenas mixes de San Pedro y San Pablo Ayutla advirtieron al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa: “Nuestra paciencia se agotó”.

“No toleraremos acuerdos encubiertos entre la Secretaría General de Gobierno y autoridades de Tamazulapam en perjuicio de nuestro territorio y posesiones, así como de la integridad de nuestra comunidad”, resaltaron las autoridades municipales y comunales.

Por su lado, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), hicieron un llamado al gobierno para atender “este conflicto agrario no resuelto y que amenaza con nuevos estallidos de violencia ante el actuar unilateral y omisiones de las autoridades estatales”.

Los habitantes de Ayutla dijeron a la Secretaría General de Gobierno que su insistencia “en pretender orillarnos a aceptar a ceder más tierras a los grupos armados y a nuestros agresores es injusta y violenta con nuestra comunidad, y sólo es prueba de que el gobierno no garantiza nuestros derechos básicos, sino que protege los intereses de quienes eligen la violencia para despojar, de quienes han cometido delitos, de quienes son los responsables de todas las agresiones que hemos sufrido”.

Subrayaron: “En caso de insistir en incursiones arbitrarias a nuestro territorio, nuestra comunidad ha comenzado a organizarse para la defensa de nuestras tierras. Como comunidad hemos evitado a toda costa salidas fuera de la ley, para restablecer nuestros derechos, pero tenemos claro que, a su vez, la ley contempla también el uso de la legítima defensa”.

Por lo pronto, recalcaron, las mujeres de la comunidad se organizan para conformar un bloque pacífico de defensa del territorio ante cualquier nueva incursión de parte de los grupos armados y autoridades de Tamazulapam o de gobiernos que pretendan materializar el nuevo despojo de tierras.

Mencionaron que la alerta es porque recientemente se percataron “de varias incursiones nocturnas en nuestro territorio de parte de autoridades y el grupo armado de Tamazulapam. Durante estas incursiones han hecho trabajos en nuestras tierras marcando árboles y haciendo señalizaciones sobre ellos”.

Lo peor es que estas incursiones se han realizado incluso con personal del gobierno del estado, “lo que es una total invasión y agresión a nuestra soberanía e integridad comunitaria, así como a nuestros posesionarios. Se está preparando el escenario de un nuevo despojo violento”.

La comunidad rechazó que se les pretenda condicionar la reconexión al manantial, en poder de los contrarios, “a cambio de que entreguemos más tierras para la instalación de una infraestructura para nuestros agresores, aparte de las que ya nos fueron despojadas”.

Y sostuvieron que la verdadera intención “es consumar un nuevo despojo hacia nuestra comunidad, bajo el pretexto de que nuestros agresores necesitan agua, lo que está desmentido por los estudios técnicos realizados y publicados incluso por el mismo municipio de Tamazulapam, que enumera la cantidad impresionante de manantiales de agua de aprovechamiento y sin aprovechar dentro de su territorio”.

En un comunicado, 87 organizaciones civiles y de derechos humanos recordaron que el 5 de junio de 2017 se perpetró un ataque armado contra pobladores de San Pedro y San Pablo Ayutla, donde perdió la vida Luis Juan Guadalupe, y otras seis personas resultaron heridas con impactos de arma de fuego, mientras que cuatro mujeres fueron retenidas y torturadas por autoridades de Tamazulapam.

“A dos años del ataque armado para despojar a Ayutla de su manantial (Jënanyëëj) y de desalojar a 27 familias de sus casas y terrenos por una invasión agraria de más de 200 hectáreas, es la fecha que no hay castigo para los agresores, en franca violación al debido proceso y el derecho a la justicia, a pesar de haber sido denunciados ante las autoridades competentes”.

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