Óscar y Valeria, sin lugar en el mundo

El infortunio de padre e hija. Foto: AP / Julia De Luc El infortunio de padre e hija. Foto: AP / Julia De Luc

Como la mayoría de los migrantes que se aventuran a escapar de El Salvador hacia Estados Unidos, Óscar Martínez y su hija Valeria huían de la violencia criminal y económica que impera en su país. Ya habían sorteado los peligros de la travesía por territorio mexicano, pero aún faltaba lo peor: la persecución contra los migrantes que en la franja fronteriza despliegan los gobiernos de México y Estados Unidos provocó que se arrojaran al río Bravo. La imagen de los dos unidos en un trágico abrazo causó indignación general, pero no cambió en nada las políticas en ninguno de los tres países.

ALTAVISTA, El Salvador (Proceso).- El domingo 30 de junio Rosa Ramírez estaba en su casa, vestida de luto. Descansaba las manos sobre las rodillas, la mirada fija en el piso, y trataba de recordar el nombre de la escuela en la que su hijo aprendió a leer y escribir. Pero por más que estiró la memoria sus recuerdos estaban obstruidos. Lo único que una y otra vez apareció, como las incesantes gotas que caen de un techo roto, fue el nombre con el que se conoce la cancha de futbol próxima a esa escuela todavía sin nombrar: el Hoyo.

“Es una que está allá abajo”, dijo buscando la confirmación de una mujer de pelo castaño que estaba sentada a su lado.

Rosa había regresado a su casa en la colonia Altavista, en San Martín, después de recibir en el cementerio La Bermeja, en San Salvador, los cadáveres de su hijo Óscar Martínez Ramírez y de su nieta Angie Valeria, que murieron ahogados la tarde del 23 de junio en el intento de cruzar el río Bravo. Los cuerpos llegaron a las 10:50 de la mañana en dos camionetas blancas escoltadas por vehículos con placas particulares.

Vio una y otra y otra vez la fotografía de la catástrofe: Valeria abarcando a su padre con su brazo, enfundada la mitad de su cuerpo en la camisa estirada del adulto. Óscar, descalzo, aparece con el pantalón hasta las rodillas y los brazos flexionados, como si antes de aceptar que las corrientes profundas del Bravo lo habían vencido hubiera intentado engañar lo inevitable para sacar a su hija a la luz, al cielo, la vida.

Los cuerpos de ambos se ven, en esa foto, a la orilla del río junto a dos latas azules de Pepsi Cola y una lancha de motor y con dos remos amarrada a la tierra que padre e hija no lograron alcanzar vivos. La calma sin respuestas que resume el fin de todo. “Así se fueron abrazaditos los dos”, resume Rosa.

Pero no resultó lo mismo ver las imágenes en internet que tenerlos frente a ella, en los ataúdes. Rosa sufrió una crisis nerviosa y tuvo que regresar a su casa. Ahí recordó que Óscar comenzó a trabajar antes de cumplir los 21 años en maquilas, panaderías y en servicios de comida rápida. No pudo terminar la educación media. A sus 24 años nació Valeria; su natalicio lo celebraba el 11 de julio y su hija nació el 18 del mismo mes. “Él quería que naciera el mismo día, la misma fecha”, cuenta a Proceso.
Después Óscar concluyó que la única forma de salir de la pobreza era emigrar a Estados Unidos con su hija y su esposa Tania Vanessa Ávalos.

Esa fotografía caló hondo en los ciudadanos de muchos países. Su efecto emocional es similar al de la imagen de Aylan Kurdi, el niño sirio cuyo cadáver fue encontrado bocabajo en septiembre de 2015 en la playa de Bodrum, Turquía.

El círculo de pobreza

En La Libertad, específicamente en los municipios Santa Tecla, Antiguo ­Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán, vive la minoría privilegiada de los salvadoreños. Los que estudian en colegios bilingües, empleados públicos y funcionarios, gerentes y altos ejecutivos de trasnacionales y grandes empresas nacionales, empresarios, catedráticos de las universidades más caras. Desconocen los rigores del transporte colectivo y pocos han visto de cerca un pandillero.

La clase media baja vive en las colonias y urbanizaciones de los municipios periféricos del oriente de San Salvador: vendedores informales que se buscan la vida en el Centro Histórico, dependientes de locales de los centros comerciales, meseros y cocineros de los restaurantes, cajeras de bancos, agentes de las empresas de seguridad privada.

Óscar y Valeria vivían en Altavista, una megaurbanización que construyó la familia Poma (una de las dos familias más ricas del país) a través de su empresa Grupo Roble, que se extiende entre Ilopango, Tonacatepeque y San Martín, municipios de la periferia de San Salvador conocidos por estar sobrepoblados, deforestados e invadidos por pandillas.

Las viviendas de este proyecto pensado para la clase media baja se caracterizan por sus reducidas dimensiones. Sólo caben dos personas en cada casa, pero en la de Óscar vivían cuatro.

Él era uno de esos trabajadores que todos los días salen temprano de sus casas, soportan hasta cuatro horas de tránsito vehicular y llegan a la capital a trabajar más de ocho horas por un salario inferior a 400 dólares mensuales. Óscar fue cocinero de Papa John’s, trasnacional de origen estadunidense cuyas pizzas son las segundas más consumidas en el país, después de las de Pizza Hut. Desde el 13 de diciembre de 2016 el salario mínimo en el país más pequeño de Centroamérica aumentó a 300 dólares en los sectores comercial, de servicios e industrial; su mayor incremento desde los años noventa.

¿Cuánto puede hacer un salvadoreño que vive en la periferia con este salario? La canasta básica cuesta 200.95 dólares, de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). En San Salvador el costo de una vivienda con sólo dos habitaciones oscila entre 10 mil dólares en las zonas controladas por pandillas y 80 mil en lugares relativamente libres de ellas, como Santa Tecla o el Antiguo Cuscatlán.

A eso hay que sumar 60 dólares mensuales en servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, así como hasta 200 dólares anuales en ropa.
La educación pública es gratuita, pero en los municipios pobres los padres de familia prefieren matricular a sus hijos en colegios privados para evitar que crezcan con familiares de pandilleros, a precios que van desde 60 a 100 dólares por mes. Es decir, para lograr una oportunidad de movilidad social una familia necesita, como mínimo, ingresos superiores a mil dólares mensuales. Óscar no ganaba ni la mitad.

“Como aquí en El Salvador la situación está dura, pues él dijo: ‘Me voy con toda mi familia’. Lamentablemente perdió la vida”, dice Estela Gallegos, de la Misión Cristiana ELIM, Iglesia protestante a la que acudían Óscar y los suyos. Ella y docenas de correligionarios llegaron al funeral vestidos de blanco y negro a realizar una vigilia, como es tradición en los grupos evangélicos.

“Era una familia muy necesitada”, confirma Ana Julia Sigarán, vecina de Óscar y Tania.

Sin esperanza

Por las escasas posibilidades de ascender en el escalafón, en El Salvador las clases sociales parecen castas. Entre los años cincuenta y sesenta del siglo pasado los gobiernos militares (principalmente el de Óscar Osorio) impulsaron una tímida industrialización de la economía que derivó en un crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso y los buenos precios del café en esas décadas, principalmente en los cuarenta, permitió que una pequeña porción de los ciudadanos mejorara su nivel de vida.

Además, el Estado impulsó políticas sociales, como la construcción de vivienda para los trabajadores que llegaban de las provincias a la capital. Sin embargo, el incipiente despegue económico se topó con la inestabilidad política de la década de los setenta y con el inicio de la guerra civil.

Las primeras oleadas migratorias contemporáneas comenzaron en los ochenta. Miles de salvadoreños huyeron de la guerra interna; desde los noventa hasta 2010 los ciudadanos escaparon a consecuencia del desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, y después con fines de reunificación familiar. Entre 2012 y 2014 surgió otro motivo para huir: el desplazamiento forzado que provocó la violencia entre el Estado y las pandillas, así como la guerra entre éstas, sobre todo la del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).

En las dos décadas previas a la guerra, aun en el contexto de limitadas libertades civiles, los salvadoreños tuvieron unos pocos espacios para lograr un ascenso social. Ahora esas oportunidades están condicionadas, para la mayoría, a que obtengan empleo en el Estado a través de la militancia en un partido político; la obediencia servil para conservar un empleo relativamente digno; la migración y el matrimonio con extranjeros, que puede derivar en una emigración legal.

La migración por motivos económicos es frecuente en la clase media baja, pero también se da en estratos acomodados. En enero de 2018 el Banco Central de Reserva calculó que en los años ochenta 16.4% de los salvadoreños que se fueron tenía título universitario, maestría o doctorado, mientras que en 2010 ya eran 38.8%.

Estudios sobre migraciones publicados por la Universidad Tecnológica de El Salvador desde 2005 indican que, de 100 que se van del país, 60 son menores de 30 años. El núcleo que podría ser el motor del desarrollo optó por irse a trabajar al extranjero.

Entre los jóvenes más pobres se percibe un profundo pesimismo; sufren la guerra entre pandillas, la violencia arbitraria de agentes de seguridad del Estado alentada por funcionarios, la pobreza y la falta de oportunidades, la ansiedad de obtener bienes de consumo (teléfono, tabletas, computadoras, autos) y el estrés por no lograrlo.

El país pasa de una a otra etapa. En los noventa, al vislumbrarse el fin de la guerra civil, la esperanza se mezclaba con la incertidumbre. En los dos mil, un terremoto, los secuestros y las estrategias económicas despertaron la indignación de los estratos más vapuleados por el Estado. En la década actual, esos desfavorecidos son mayoría y muestran desesperanza, pesimismo y apatía.

Niños en peligro

“Los que se quieren ir que no se vayan, aunque sea poco a poco vamos a irla ­pasando”, exhorta Nohemí López, amiga de la familia de Óscar, quien intentaba sortear la barrera del Cuerpo de Agentes Metropolitanos que impidió el acceso a desconocidos y a periodistas en la sala de velaciones del cementerio La Bermeja, a petición de Tania Vanessa Ávalos. “No hay que moverse, por los niños; eso es lo que duele más”, agrega Nohemí.

La migración de niños y adolescentes en El Salvador inició en los noventa, sobre todo por los procesos de reunificación de las familias cuyos integrantes huyeron de la guerra civil en la década anterior. En los años siguientes muchos niños acompañaron a sus padres en su migración legal o ilegal, o aceptaron las invitaciones de sus amigos que se fueron antes que ellos.

El fenómeno se agravó en 2009 cuando se incrementó el número de menores que viajaban solos a encontrarse con familiares o, en menor medida, se escapaban de sus casas a escondidas de sus parientes.

Ese año se registró la salida de mil 221 niños salvadoreños; en 2012 la cifra aumentó a 3 mil 314; en 2014, a 16 mil 404, según las estadísticas de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Y entre 2009 y 2015 emigraron de Guatemala, El Salvador y Honduras rumbo a Estados Unidos 97 mil 433 menores no acompañados.

Desde 2006 Elsa Ramos, investigadora de migraciones de la Universidad Tecnológica, detectó que en algunas escuelas salvadoreñas había salones con un promedio de 15 o 20 estudiantes, cuando lo común era que tuvieran hasta 40 o más. Al investigar con los profesores el motivo de las deserciones, la respuesta se repitió: al cumplir los 15 años sus padres migrantes mandaban por ellos a un traficante de personas o coyote.

Entre 2015 y 2018 se registraron en el país al menos 418 casos de niños que sufrieron desplazamiento forzado, según el informe que presentó la organización no gubernamental Cristosal en octubre del año pasado. Los menores tuvieron que irse de su casa obligados por amenazas directas o contra uno de sus padres, asesinato de una persona cercana, intento de homicidio, extorsiones y lesiones directas contra ellos o un pariente, violaciones y agresiones sexuales o por la desaparición de un familiar.
Hasta donde se sabe, Óscar, Tania Vanessa y Valeria no sufrieron una agresión física directa por vivir en una de las zonas dominadas hasta hace un año por el Barrio 18, pero uno de sus deudos confirmó que algunos de sus familiares fueron víctimas de violencia física.

Una hermana de Omar, la pareja de Wendy Martínez –a su vez hermana de Óscar–, desapareció y su cadáver se localizó siete días después, con el rostro desfigurado.
El hermano de Tania Vanessa fue reportado como desaparecido.

A todos los medios de comunicación, Rosa Ramírez les aseguró que su hijo Óscar y Tania Vanessa decidieron irse por las pésimas condiciones en que vivían en El Salvador. Se desconoce, sin embargo, cuáles eran los motivos que iban a alegar para pedir asilo en Estados Unidos.

En el cementerio La Bermeja la vigilia se prolongó hasta altas horas de la madrugada. El lunes 1, a las 10:00 de la mañana, Óscar y Valeria fueron enterrados juntos, a unos pasos de un busto de San Óscar Arnulfo Romero.

Este reportaje se publicó el 14 de julio de 2019 en la edición 2282 de la revista Proceso.

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