La violencia ejercida por diversos grupos ultraderechistas en Alemania ha ido en aumento en los últimos años, pero el pasado junio las cosas se agravaron cuando un hombre con historial delictivo y xenófobo confeso asesinó a un político democristiano, Walter Lübcke. Ya no se trata de agresiones al azar contra los inmigrantes, sino de un fenómeno aparentemente más organizado y selectivo. BERLÍN (Proceso).- La noche del pasado 1 de junio Walter Lübcke, de 65 años, departía con su esposa, su nieto y un amigo en la terraza de su casa en Istha, uno de los barrios de la ciudad de Wolfhagen. Ese fin de semana había feria en el pueblo y la música se escuchaba por todas partes. En algún momento de la velada, abuela y nieto entraron a la casa y entre las 22:30 y la 23:00 horas el amigo de Lübcke se retiró. El anfitrión se quedó fumando en la terraza. Aún no se sabe exactamente qué ocurrió después. Pasada la medianoche el hijo de Lübcke volvió de la feria y encontró a su padre tirado en la terraza, con una herida de bala en la cabeza. Ya en el hospital el hombre fue declarado muerto a las 02:35 horas del domingo 2 de junio. La autopsia determinó que la muerte se produjo por disparo de un arma de nueve milímetros, realizado a muy corta distancia. El crimen conmocionó a Alemania y todo apunta a que se trató de una ejecución con trasfondo político perpetrado por la extrema derecha. Lübcke era militante de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), fue diputado en el Parlamento de Hessen y desde 2009 era presidente de distrito en Kassel. Defensor de la política migratoria de su correligionaria, la canciller Angela Merkel, había trabajado comprometido por una política humana hacia los refugiados, lo que lo convirtió en enemigo público de los círculos neonazis. Además, este asesinato pone de manifiesto el constante crecimiento de la violencia de la extrema derecha en el país, que no se limita ya a agresiones contra ciudadanos de origen extranjero o refugiados. Esos grupos violentos cruzaron la línea al atacar a un representante del Estado. El autor La policía encontró en la ropa de Lübcke rastros de ADN que guiaron a las autoridades hasta Stephan Ernst, un hombre de 45 años con pasado neonazi y cuya residencia está a sólo 25 kilómetros de la casa del político alemán. Los investigadores lograron establecer con rapidez las conexiones y posibles motivos que llevaron a la muerte de Lübcke. La historia se remonta a casi cuatro años atrás y se centra en frases pronunciadas por el político que, nadie podría intuir entonces, lo condenaron a muerte. El 14 de octubre de 2015 Lübcke asistió a un encuentro vecinal en Lohfelden, en el mismo distrito de Kassel donde se ubicaba su residencia y la de su presunto asesino, para informar a la comunidad y escuchar sus preocupaciones en torno a la ola de refugiados que ese verano había llegado a Alemania. Como presidente del distrito de Kassel, Lübcke tenía que cumplimentar la orden girada por el gobierno estatal de Hessen de instalar en el norte y este del estado a cerca de 14 mil refugiados. Para ello había estado visitando los lugares donde tendrían que instalarse los albergues a fin de sensibilizar e informar a la población. Y ese día todo se salió de control. Videos del encuentro vecinal –que pueden verse en YouTube– dan fe de ello y los medios locales informaron sobre la provocación que ahí tuvo lugar. Entre los asistentes había un grupo de cuando menos 15 personas conocidas por formar parte de la extrema derecha en el norte de Hessen, que permanentemente increparon a Lübcke durante la velada. Presumiblemente Ernst estaba presente. El discurso del político se centraba en resaltar los valores cristianos de la sociedad y cultura alemanas y lo mucho que, a partir de ellos, valía la pena vivir en este país. Entonces pronunció las palabras que al parecer lo condenaron: “Y quien no se sienta representado por esos valores, puede abandonar el país en cualquier momento, si no está de acuerdo”. Esa era la libertad de cada alemán, agregó. Se oyeron abucheos y gritos de “desaparece”. El video con las palabras del político se viralizó en internet, en foros, chats y redes sociales de grupos vinculados con el ambiente neonazi. La cuenta regresiva para la vida de Lübcke comenzó entonces. Tras su aprehensión el pasado 15 de junio, Ernst confesó haber cometido el crimen. El funcionario alemán murió por apoyar la política de Merkel de puertas abiertas a los refugiados. La idea fue tomando forma y cristalizando con el paso del tiempo. Eventos como los ataques sexuales cometidos por asilados contra centenares de mujeres la Noche Vieja de 2015 en Colonia; el atentado islamista en Niza en 2016, en el que murieron más de 80 personas; y más recientemente la muerte de dos jóvenes de Noruega y Dinamarca, asesinadas en la zona montañosa del Atlas, en Marruecos, fueron decisivos para que Ernst materializara su plan, según reveló él mismo en su confesión dada a conocer por el diario muniqués Süddeutsche Zeitung. Incluso en dos ocasiones, en 2017 y 2018, habría conducido hasta el domicilio de Lübcke, con la pistola en el bolsillo, y después se habría sentido aliviado de no haberlo ejecutado. Y es que, de acuerdo con sus declaraciones, haber cometido el crimen le provoca una “pena infinita” ya que, sigue argumentando él, ninguna persona merece morir por sus palabras y un acto como el que cometió es imperdonable, sobre todo si se piensa en el dolor que causó a la familia del político. En su confesión Ernst asegura además haber actuado solo y no haber compartido sus planes ni con sus amigos Markus H. y Elmar J., a quienes la fiscalía ya investiga y mantiene bajo arresto por haber sido quienes proveyeron el arma que mató a Lübcke. Días después de confesar, Ernst revocó su dicho. Y aunque tal maniobra legal complica las investigaciones, no significa que su primera declaración pierda validez. De acuerdo con especialistas en derecho alemán, tanto las confesiones como sus revocaciones son declaraciones que el tribunal debe evaluar y comprobar. De tal forma que si la declaración original es altamente creíble mientras que la revocación es escasa o injustificada, la condena podrá basarse en la primera, además de otras pruebas. Lo que no es revocable es el pasado de Ernst. Descrito por sus vecinos como alguien tranquilo, incluso amigable, aparentemente era un hombre normal: esposo y padre de familia. Pero en realidad tenía una doble vida. Según documentó ampliamente durante las últimas semanas la prensa alemana, cuenta con un pasado no sólo delictivo sino vinculado con el ambiente neonazi, lo que le valió pisar la cárcel cuando menos dos veces. En 1989, con sólo 15 años, la policía de Wiesbaden tomó por primera vez sus huellas digitales porque cometió un robo con violencia. En noviembre de 1992 por poco mató a un hombre de origen extranjero, a quien apuñaló varias veces porque, declaró en ese momento, se sintió acosado sexualmente por él. Un año después, en la Navidad de 1993, vino su segundo delito con tinte xenófobo: un atentado contra el refugio para asilados de Hohenstein-Steckenroth. Para ello Ernst fabricó una bomba casera que colocó en un automóvil estacionado en medio de los dos contenedores en los que se alojaban los refugiados. Su plan fracasó cuando la bomba no estalló y sólo causó un incendio que de inmediato pudieron controlar los vecinos. Como resultado, el joven radical estuvo en prisión preventiva. A sólo dos días de haber sido detenido, tras las rejas, Ernst volvió a golpear casi hasta la muerte a otro preso de origen extranjero por haberse sentido, de nuevo, amenazado por él. Un tribunal lo condenó a seis años de cárcel por el atentado; al salir de prisión, se sumergió en el ambiente neonazi de Hessen, considerado por las autoridades uno de los más peligrosos. Incluso fue miembro del NPD, el partido neonazi alemán, del cual fue expulsado por no pagar sus cuotas. Activo siempre en este submundo, Ernst fue condenado nuevamente en abril de 2010 a siete meses de prisión por perturbar el orden público, al irrumpir junto con otros 400 correligionarios en una manifestación pacífica. Su condena la pudo pagar con libertad condicional y a partir de ese momento –que coincidió con su boda– decidió apartarse del ambiente extremista. En apariencia. Violencia de derecha El asesinato de Lübcke otorga otra dimensión a la violencia ejercida por extremistas de derecha en Alemania. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, durante 2018 los delitos motivados por la ideología de extrema derecha crecieron 2.3% respecto al año anterior, con un total de 20 mil 431 eventos. Y el número de ciudadanos considerados extremistas de derecha también va al alza. Así lo revela el más reciente informe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, presentado el pasado 27 de junio por el ministro del Interior, Horst Seehofer. De acuerdo con el reporte, en este momento hay en Alemania 24 mil 700 personas catalogadas como extremistas de derecha; 100 más que el año anterior. La mitad de ellos –12 mil 700– son considerados por la autoridad como individuos dispuestos a hacer uso de la violencia. Pero ataques mortales hacia representantes del Estado no había habido. Intentos, sin embargo, sí. Tal es el caso de la actual alcalde de Colonia, Henriette Reker. A sólo un día de su elección, en octubre de 2015 y durante un acto de campaña, fue apuñalada en el cuello por un desempleado que durante los noventa formó parte de la escena neonazi de Bonn. Herida de gravedad, Reker pasó en estado de coma la jornada electoral en la que resultó triunfadora. Luego del asesinato de Lübcke, la política denunció nuevas amenazas de muerte en su contra. Otro ejemplo. En mayo de 2017 el alcalde de Altena, Andreas Hollstein, recibió el Premio Nacional de Integración, por haber llevado a su ciudad más refugiados de los que debería haber aceptado como cuota. Medio año después, mientras comía en un puesto callejero de Dönner, un sujeto lo amenazó: “Te voy a acuchillar. A mí me dejas morir de sed, pero acoges a 200 extranjeros en la ciudad”. Fue gracias a la intervención del dueño del puesto y de su hijo que Hollstein salió sólo con una herida leve en el cuello. Para Stefan Lauer, de la Fundación Amadeu Antonio, que lucha contra el extremismo de derecha, racismo y antisemitismo en Alemania, el asesinato de Lübcke no es más que resultado de la permanente propaganda de odio que se difunde a través de los medios sociales: “Durante los últimos años hemos visto cómo los populistas de derecha y los denominados nuevos derechistas han cruzado los límites de lo que se puede decir y de forma velada hacen un llamado a la violencia”, señala en entrevista. –¿Qué ha fallado en el sistema para que el fenómeno de la extrema derecha en lugar de ceder, se incremente a este nivel? –se le cuestiona. –La realidad es que el Estado ha desatendido y desatiende aún el peligro que representan el extremismo de derecha y su violencia. Se vio en el complejo caso de la NSU (la célula de neonazis que durante años delinquió y asesinó impunemente a nueve ciudadanos alemanes de origen turco) en el que la Oficina para la Protección de la Constitución protegió de manera indirecta a la estructura neonazi del país. Lauer señala también cómo mediante la institucionalización de un partido xenófobo y de extrema derecha, como lo es Alternativa por Alemania, el lenguaje en este país se ha modificado. “Hoy sin inhibiciones la gente atosiga públicamente a migrantes, minorías y a todo aquel que no comparte su visión política”. Un estudio de la plataforma de investigación periodística alemana Meidendienst Integration concluye que desde el escándalo que destapó la existencia de la célula neonazi NSU, el peligro del terror de derecha ha aumentado en todo el país. “Cada vez más la derecha radical asume que el Estado ha caído en manos ‘enemigas’ y que por lo tanto debe ser combatido. Esa es la razón por la que su violencia se dirige con más frecuencia hacia actores políticos”, señala su autor, Matthias Quent. En el caso de Lübcke queda mucho camino por recorrer. La autoridad debe determinar si fue un asesino solitario o si se trata de una profunda y compleja red de extremistas de derecha, cuyas dimensiones, aunque se intuyen, aún se desconocen. Este reportaje se publicó el 14 de julio de 2019 en la edición 2228 de la revista Proceso.