Sobre el “sabotaje legal”

Los terrenos de Santa Lucía. Foto: Eduardo Miranda Los terrenos de Santa Lucía. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Freud sostenía que si “uno empieza cediendo en las palabras, terminará cediendo en los hechos”. El nombrar por alguien algo puede parecer inocuo o hasta normal, pero puede imponerle condiciones al comprender y al actuar. Cuando alguien nombra a otro como “imbécil”, y el susodicho o su gente no lo refuta, es posible que con el tiempo el calificado asuma mucho o algo del significado que esa expresión tenga. Cuando la calificación, por ejemplo de “corrupto”, se hace por quien tiene una posición de poder, es muy posible que el colectivo trate al así aludido como si ya lo fuera. Como todo en la vida, las funciones y alcances de esos nombrares tienen historicidad. Dependen de las condiciones vividas en el momento histórico en que se emitan. Lo mismo acontece respecto a sus condiciones de prevención y rechazo.

En el México actual, la presencia del presidente López Obrador es inmensa. Aun a riesgo de señalar lo obvio, cada día logra ocupar una parte muy amplia del discurso político y la construcción de gobierno. Al hacerlo, o para hacerlo, recurre a un amplio catálogo de recursos retóricos y simbólicos: define y manipula el pasado, construye proyectos de nación, se enfrenta con enemigos reales o inventados, compromete, promete, refuta… El denominador común es el definir, el construir y, sobre todo, el separar. Todo con velocidad y sin descanso. A fuerza de repeticiones, comienza a ordenar la realidad. Todos, o al menos muchos, comienzan a suponer que lo dibujado con su palabra es ya realidad. Que la corrupción es total, al grado de que prácticamente nada ni nadie ha escapado a ella. Que las impericias de su gobierno son meras extensiones de un pasado que no sólo se niega a desaparecer, sino que está empeñado en enfrentarlo. Que la seguridad mejorará y la economía marcha bien.

Vistas con perspectiva, las invocaciones a la excelencia propia y a la malignidad ajena, no son diversas a los aconteceres de otros tiempos. Las campañas y los enormes recursos invertidos en la comunicación social de antes, se diferencian en grado, que no en tarea, de lo ya vivido. Basta viajar por caminos rurales del país para ver, en bardas o paredes, los eslóganes de otros sexenios, sean ellos contra la corrupción, en favor de la solidaridad o del México que ya avanzaba. Lo que ahora es distinto es la acumulación de todos los mensajes, las acciones y los símbolos, en una sola persona. También, el que desde el poder presidencial se hagan las demarcaciones poblacionales y, tal vez, el que las mismas tengan como sustrato la condición seguidores/adversarios. En otros tiempos, es verdad, había esas diferenciaciones. Los comunistas fueron enemigos del régimen, sujetos que, por razones internacionales o por egoísmo puro, querían descarrilar la marcha ascendente de la otrora gloriosa revolución mexicana. Los panistas de entonces querían regresar a un momento prejuarista para devolverle los privilegios a la Iglesia y mantenérselos a las oligarquías. De unos años para acá, precisamente los de la transición, las críticas sociales dejaron de ser personificadas. Había disputas por el poder, algunas bien racionalizadas mediante las formas jurídico-electorales, y algunas más cruentas por la eliminación selectiva de los opositores políticos. No había los señalamientos directos a los adversarios, a sus intentos por hacer un México propio ni, menos aún, por separar a los mexicanos en buenos y malos o, más schmittianamente, en amigos y enemigos con la radicalidad de base que ello supone.

A fuerza de repetir frases hechas o de colocar en la narrativa general las populares que hacen sentido, el presidente está construyendo modos nuevos de acción y colectivos distintos. También está tratando de diferenciar entre los modos correctos de ser mexicano, ciudadano o político, y los modos indebidos de serlo. En relación con ello, pretende definir cuáles son las formas aceptables de actuar individual y socialmente, y cuáles son inaceptables o al menos altamente cuestionables. Sus palabras, como advertía Freud, pueden tener el efecto de contaminar a los hechos y, en un sentido amplio, las conductas a realizar o a omitir.

Llama la atención el que con motivo de los amparos promovidos y las suspensiones otorgadas por diversos jueces de distrito en los aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía, el presidente López Obrador haya utilizado la expresión “sabotaje legal”. En el lenguaje ordinario, por sabotaje se entiende el daño o deterioro que se hace por procedimientos de lucha contra patronos o el Estado y, también, como la oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones o ideas. En el derecho mexicano, sabotaje es el delito que se comete por quien dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.

Con estos entendimientos lingüísticos a la vista, ¿a qué habrá querido referirse el presidente por “sabotaje”? Me parece que no a la primera de las acepciones generales, por no haber un daño material directo a las instalaciones objetos de los litigios. Tampoco, desde luego, al supuesto delictivo, en tanto se habla de medios ilegales y los litigios realizados conforme a las normas jurídicas, difícilmente pueden serlo. A lo que el presidente parece referirse con tal expresión y ha reiterado con otras semejantes, es al hecho de que mediante los procesos judiciales se está manifestando una oposición a sus proyectos o ideas. Supongamos que ello sea así. Que él vea en las acciones judiciales actos que, efectivamente, tratan de impedir su acción pública. Esto abre varios elementos de discusión. Por una parte, nada tendría de extraordinario, en principio, que el presidente generara un calificativo para nominar lo que él quiera comprender. Desde un punto de vista lingüístico, podría ser un recurso a la economía del nominar. Logra designar en paquete una serie de fenómenos. Por otra parte, sin embargo, la designación de “sabotaje legal” conlleva una ya no tan inocente calificación a quienes han promovido los amparos y a quienes han apoyado su promoción.

En el mundo que a diario dibuja el presidente y que, performativamente, cree que existe ya, su calificación a los litigantes aeroportuarios trata de imponer una carga moral adicional. No sólo busca colocarlos en la categoría de las personas que están en contra suya, sino del régimen encabezado por él para transformar de raíz a México. Con ello, en el plano de quienes quisieran que las cosas no cambien o, más aún, pretenden volver a un pasado intermedio entre el virtuoso que él describe y el maligno que inmediatamente acaba de antecedernos. En síntesis, que quieren mantener ese momento histórico de perversión y maldad que descarriló lo bueno que teníamos y generó lo malo que tenemos sólo para mantener privilegios, concentrados de mezquindad que beneficiaron a pocos en contra de todos.

La narrativa aeroportuaria del presidente ha sido en algún sentido eficaz. Al haber reiterado los intereses de las constructoras, los inmensos costos de las obras y al amalgamar los reclamos de sectores afectados concreta o difusamente, sus denuncias han encontrado ecos. Su sabotística comprensión de los hechos, también. Algunos han admitido ya que, efectivamente, existe un cártel de litigantes, empresarios, jueces y miembros de la sociedad civil que por gusto litigioso, pasión egoísta, conservadurismo puro o razones igualmente inconfesables, han decidido entorpecer el proyecto transformador que López Obrador encabeza. Sin embargo, y sin dejar de reconocer los muchos e indiscutibles problemas que los dos aeropuertos están generando, es sensato preguntarnos por qué razones la promoción de amparos sería indebida en los términos que el mismo Andrés Manuel plantea. ¿Qué de inmoral tiene el que personas que invirtieron su dinero en esas obras, quisieran recuperarlo? ¿Qué de indebido tiene que asociaciones de pilotos que van a conducir aeronaves demanden claridad en las condiciones de navegación? ¿Qué de malo tiene que asociaciones ecológicas o ecólogos se opongan a las afectaciones de aves o hábitats tal como lo han hecho desde hace años? ¿Qué de perturbador tiene que pueblos y comunidades demanden la realización de consultas jurídicas tal como las prescriben las normas jurídicas? Ante la dificultad de responder a estas preguntas desde el marco del derecho, la estrategia comunicativa se ajusta. En el dicho presidencial, los amparos no están del todo mal. Las suspensiones otorgadas por los jueces, tampoco. Lo que sí lo está, se dice ahora, es la estrategia conspirativa que desde atrás ha decidido oponerse a la idea o al plan. A eso, piensa nuestro primer mandatario, es posible llamarle sabotaje, no tanto por las acciones concretas, sino por los intereses oscuros mezclados y articulados para oponérsele.

El ataque a los amparistas aeroportuarios muestra sólo una parte del problema. Hay, sin embargo, un aspecto del uso del “sabotaje legal” que queda oculto debajo de los justos cuestionamientos a los implicados en el aeropuerto de entonces y de ahora. ¿El presidente considerará la existencia de un nuevo “sabotaje” cuando los pueblos y comunidades indígenas de la Península de Yucatán promuevan amparos ante la falta de consulta o la inminente afectación a sus tierras? ¿Estimará que existe la misma razón litigiosa cuando los habitantes de Huesca impugnen los avances de la planta de energía? ¿Cuando la población del Istmo se considere afectada por las obras que pretenden llevarse a cabo, o cuando grupos ecológicos consideren que el modelo desarrollista del presidente habrá de afectar a un área natural protegida?

Mi preocupación con el así llamado “sabotaje legal” no es sólo por los aeropuertos en proceso de construcción y destrucción. Es por lo que al presidente le representa el litigio en sí mismo considerado o, al menos, ciertas formas de él: aquéllas que, a su juicio, contrarían sus planes o designios. Esta preocupación no tiene que ver con el hecho mismo de litigar. Si el presidente utiliza los medios y recursos que el orden jurídico le provee a él y a su administración, estará debatiendo, como lo hizo cuando fue jefe de Gobierno o candidato presidencial, en la arena natural de resolución de conflictos. Como ya le sucedió, unas veces vencerá en los juicios y otras no, tal como sucede en cualquier régimen democrático enmarcado en las normas que él protestó cumplir y hacer cumplir el día de su toma de posesión. Sin embargo, si lo que Andrés Manuel va a hacer es intervenir en la toma de las decisiones judiciales atentando contra la independencia judicial o atacar a quienes litiguen ante sus decisiones, las cosas son ya distintas y desde luego preocupantes.

Buena parte de los jueces mexicanos, nuevamente, más allá de corrupciones y desvíos conocidos e inaceptables, han sido objeto de una transformación. Su pensamiento está hoy ajustado a los parámetros de los derechos humanos, tanto normativa como funcionalmente. Por formación, entrenamiento y empoderamiento gremial, estiman que los alcances de su actuación están determinados por esas modalidades jurídicas contenidas en la Constitución y los tratados internacionales. Ante un reclamo fundado, es bastante obvio que supongan como propio de su quehacer el otorgar la protección a la persona por el derecho violado. Si alguien estima que su derecho a la salud, al medio ambiente o a sus usos y costumbres se ha vulnerado, es normal esperar que si ello se demuestra en la sentencia se ordene la entrega de medicamentos, la suspensión de una obra o la anulación del acto o norma creada hasta realizar una consulta, respectivamente. Sería lamentable que se piense que las decisiones judiciales, esas u otras que pudiéramos imaginar, forman parte de una especie de contubernio entre los juzgadores y los enemigos del gobierno. Tal suposición, además de falsa, implicaría el más básico desconocimiento a los fundamentos del orden constitucional. Por lo demás, ahí donde existan arreglos, deben denunciarse penal o administrativamente mediante las acciones legales conducentes y aportarse las pruebas que faciliten su acreditación en otro juicio.

Por otra parte, algo de lo que sucede con los jueces le ha venido sucediendo a los habitantes del país, si bien no en la escala ni con la profundidad deseada. Está en proceso la apropiación de los derechos humanos por quienes son reconocidos por la Constitución como sus titulares. Los enfermos de VIH-SIDA han reclamado pabellones especiales, los indígenas la realización de consultas, las madres trabajadoras el mantenimiento de estancias, las personas con discapacidad medidas adecuadas a su condición, los migrantes un trato digno en fronteras y albergues, los empresarios respeto a sus contratos, los imputados debido proceso y así sucesivamente. Lo que existe es un proceso, lento pero valioso, en el que los individuos en particular y las asociaciones creadas para representarlos en general, están haciendo uso de sus derechos tal como el propio derecho lo prevé. ¿También eso será considerado “sabotaje legal”?

Volvamos al comienzo. Independientemente del apoyo electoral que el presidente y su partido tuvieron o, tal vez precisamente por ello, es indispensable no ceder a sus palabras ni, menos aún, a sus pretensiones de constituir una sola e indiscutible realidad. Litigar es un medio ordinario de defensa y promoción de los derechos, y de exigencia de las obligaciones. Si se acepta que quien litiga utilizando los medios ordinarios previstos por el orden jurídico en contra de lo que el Ejecutivo decide y ordena, es un enemigo del régimen o un conservador que solo busca privilegiar su egoísmo, llegará un momento en que litigar se vuelva política y socialmente riesgoso. En esa mala lógica, tal vez hasta inaceptable. Los medios de defensa jurídicos son las vías ordinarias para que en una sociedad las personas se defiendan. No podemos caer en el juego de suponer que hay litigios correctos e incorrectos. Tampoco, que los primeros son los que favorecen a quienes apoyan al actual gobierno o a las buenas y justas causas de su buscada transformación social. Lo que la pluralidad que debemos alcanzar para no excluirnos unos a otros tiene en los litigios, imperfectos como son y mejorables como debieran ser, es una vía racionalizada de convivencia. No la única, pero sí una importante. Hoy las divisiones y las preferencias electorales todavía mantienen en gran medida sus líneas. En el futuro, es posible que ambas se difuminen. Quienes hoy aplauden, tal vez mañana tengan que litigar para defender algo que en lo personal les afecta, o que en lo social les resulta relevante. Piénsese en los ejemplos que antes di. No todos son de privilegiados ni de opositores. Se trata de casos en los que las personas pobres y ricas, jóvenes y adultas, egoístas y generosas, buenas y malas, pueden plantear su punto de vista para que sea resuelto conforme al mecanismo más adecuado que nuestro tiempo conoce. Pensar que sobre el litigio hay una categoría moral que permite discernir, o hasta discriminar, es un mal asunto. No hay “sabotajes legales”. Hay usos interesados de los medios jurídicos para lograr lo que cada cual quiera lograr. De eso se trata la vida en una sociedad plural y democrática, ¿o ya no?

@JRCossio

Este ensayo se publicó el 14 de julio de 2019 en la edición 2228 de la revista Proceso.

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