CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año y 10 meses del #19S, la organización civil Damnificados Unidos de la Ciudad de México (DUCDMX) denunció que el principal impedimento para regresar a las casas que ya fueron reconstruidas “son las irregularidades cometidas por las empresas constructoras y el cobijo gubernamental del que gozan”. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido por edificios en reconstrucción o rehabilitación de las alcaldías Xochimilco, Coyoacán y Cuauhtémoc. Se trata de la segunda visita que realiza la mandataria capitalina a petición de los afectados. La primera fue al Multifamiliar Tlalpan, el pasado domingo 14. En un comunicado, la organización DUCDMX aseguró que el recorrido de este jueves obedeció “al incumplimiento de la palabra de la mandataria, pues hoy tendrían que haberse concluido y entregado cuatro casas en la alcaldía Tláhuac, hecho que no sucedió, gracias al incumplimiento sistemático de las empresas y a la falta del control del gobierno capitalino sobre las mismas”. Los inconformes explicaron que en los tres edificios incluidos en el recorrido --Rancho San Lorenzo 32, colonia Los Girasoles III; Insurgentes Norte 476, colonia Atlampa, y Rincón del Sur 15, edificio 5 en Bosques Residencial del Sur--, “las empresas Planeaciones y Cimentaciones S.A. de C.V. y Grupo Darmi --ésta en los últimos dos predios-- han incurrido en terribles irregularidades que nos impiden regresar a casa, a pesar de haber concluido su programa de obra”. En el caso de Rincón del Sur 15, recordaron, Sheinbaum Pardo inauguró la obra el pasado 19 de abril “sin haberse cerciorado de que los trabajos estuvieran realmente concluidos y los damnificados pudiéramos regresar a casa”. De hecho, aseguraron que entonces los departamentos “no contaban con puertas, pisos, muebles de baño, focos, apagadores, clósets y demás elementos mínimos de habitabilidad”. Pese a esos faltantes, según el catálogo de conceptos de la obra, Grupo Darmi cobró 45 mil pesos por la reparación, limpieza y pintura de una cisterna que no existe en el edificio. Según Damnificados Unidos, desde esa fecha los vecinos han sufrido amenazas y presiones de Grupo Darmi para aceptar formalmente la entrega de sus departamentos, pese a que aún no se puedan habitar. En referencia al edificio de Insurgentes Norte 476, los damnificados acusaron que Grupo Darmi “se ha negado a terminar la instalación de las redes hidrosanitarias, a completar elementos que permitan la habitabilidad del edificio, e incluso a reparar el elevador dañado por negligencia de la propia constructora”. Aseguraron que en el edificio se observan elementos estructurales como varilla y vigas saliendo de los acabados, lo que pone en peligro a los futuros habitantes, “pero la empresa pretende entregar en estas condiciones el inmueble”. Incluso, “ha intentado forzar a los vecinos a firmar una pre-entrega”. Comisión, sumisa a la empresa Damnificados Unidos aseguró que pese a las denuncias de las “numerosas irregularidades” de Grupo Darmi, la Comisión para la Reconstrucción, encabezada por César Cravioto, “ha tenido una actuación de vergonzosa sumisión al dueño de la empresa, permitiéndole retirarse de las mesas de trabajo, arguyendo su incapacidad como funcionarios para que la empresa se presente a rendir cuentas o siquiera que entregue la documentación para una auditoría”. Aunque Sheinbaum Pardo ha dicho que los problemas en la reconstrucción son con empresas contratadas por el gobierno anterior, la nueva administración sigue dando contratos para rehabilitar edificios a Grupo Darmi, subrayaron. Por ejemplo, en Obrero Mundial 195, cuyo arranque de obra informó ayer la Comisión para la Reconstrucción. Para el caso de Rancho San Lorenzo 32, a cargo de la empresa Planificaciones y Cimentaciones S.A. de C.V., los damnificados explicaron que las visitas de la Mesa Técnica de la Comisión para la Reconstrucción “determinaron que las columnas no están correctamente ancladas a la loza del edificio, y que en todas las columnas hay soldaduras mal hechas”. Además, en dicho edificio el proyecto de rehabilitación aprobado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) no fue ejecutado por completo, ya que la empresa modificó, sin supervisión alguna, reforzar uno solo de los departamentos y dejar los otros sin ese refuerzo. A la fecha, los interesados no saben cómo ello pone en peligro la estructura del edificio. “Estamos revisando”: Sheinbaum Al término del recorrido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó los resultados: “Estamos revisando, haciendo una auditoría de costos de algunos edificios que empezaron en la administración pasada y, además de la auditoría, pues estamos revisando inconformidades que hay de los vecinos, o de algunos vecinos, con lo que se está entregando”. Agregó que en algunos casos son detalles de acabados para evitar riesgos, mientras que en otros deben hacer una revisión del proyecto estructural. “Por eso pusimos las empresas revisoras que nos están ayudando a hacer la auditoría, y a partir de ahí, pues ver a solicitud de los vecinos hasta dónde podemos llegar. No se puede todo, como lo he dicho, pero sí las condiciones de habitabilidad mínimas”. Sobre presuntos sobrecostos manejados por las constructoras, la funcionaria abundó: “Por eso estamos revisando los costos, lo que se les entregó. Ellos tienen que entregar toda la información para que se pueda hacer un verdadero análisis. Si hay sobrecostos o no. Si hay sobrecostos, ellos tienen que regresar el recurso o hacer las acciones adicionales que se tienen que hacer en cada uno de los edificios en acuerdo con cada uno de los vecinos de los lugares”. Y remató: “Las empresas tienen que cumplir con los plazos y tiene que haber mucha transparencia para que no haya problema no solamente hacia los vecinos, sino hacia el pueblo de México, porque es recurso público”.