ENSENADA, B.C. (apro).- Tres de los 21 legisladores que aprobaron la reforma constitucional para ampliar de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, ratificaron su voto a favor de la norma jurídica. Por separado, explicaron que su voto a favor de la iniciativa, el pasado lunes 8, fue “con libertad, independencia y sin recibir a cambio presiones o dinero”. Optaron por ponerse al lado de la ciudadanía para resolver la “triste y caótica realidad social” que vive el estado, que “no se puede cambiar en dos años”, subrayaron. Se trata de los priistas Alejandro Arregui Ibarra, quien en 2018 fue candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Senado y perdió ante Jaime Bonilla; Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, presuntamente expulsado de ese partido en abril, por trabajar “abiertamente a favor de la candidatura de Bonilla” en el pasado proceso electoral, y Rocío López Gorosave, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). De acuerdo con las directivas nacionales de sus respectivos partidos, en este momento están sujetos a procesos de expulsión, pero López Gorosave informó que desde el miércoles 10 se declaró “diputada independiente”, medida que anunció a los comités Ejecutivo Nacional y Estatal del PRD un día después de que éstos revelaron que la expulsarían por su voto en el Congreso local. Tras afirmar que “será la historia” la que los ponga en su lugar, los tres manifestaron su respeto por las múltiples opiniones que se han dado a nivel nacional y estatal por parte de diversos actores de la vida pública, pero consideraron que la mayoría no refieren la realidad social que vive hoy Baja California en materia de inseguridad, el retraso en infraestructura y la quiebra financiera. Alejandro Arregui, coordinador del grupo parlamentario del PRI, que sumó cinco diputados en la XXII Legislatura que termina el próximo miércoles 31, habló del exhorto que la Comisión Parlamentaria del Congreso de la Unión hizo al Legislativo estatal hace dos días para que deseche la reforma.

“El exhorto es una posibilidad jurídica que tiene la Comisión Permanente y la ejerció, pero es un tema que no tiene ningún efecto vinculante que obligue, que tiene muchísimas imprecisiones, que se envía como una solicitud y que se toma sin el pleno de las cámaras de Diputados y Senadores. Pero en el caso remoto de que se llegara a aprobar en el Congreso local, los efectos jurídicos serían caóticos y entonces sí estaríamos incurriendo en una flagrante violación a la Constitución.”

A su vez, López Gorosave soltó: “En el caso de los diputados de Baja California, llegamos hasta donde nos lo permiten nuestras facultades y atribuciones, haciendo notar que además de la aprobación del Congreso local, la reforma constitucional fue aprobada también por tres de los cinco ayuntamientos de la entidad, lo que convalida no sólo su proceso legislativo, sino también su consenso político-ciudadano en el estado.” Por su parte, Bolaños Cacho destacó: “Mi voto a favor de que se amplíe el periodo de la próxima gubernatura fue para evitar una crisis como las que vivieron Veracruz y Puebla. Cuando ambos estados tuvieron periodos de dos años, el poco tiempo llevó a una crisis de gobernabilidad que, como consecuencia, aumentó notoriamente el índice de criminalidad." Respecto de los señalamientos del presidente del Congreso local, Edgar Benjamín Gómez Macías, en el sentido de que dos funcionarios federales (el subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta Salcedo y el administrador de la Aduana de Mexicali, Alejandro Viramontes Armenta) le ofrecieron un millón de dólares a cambio de impulsar la reforma, el pasado 30 de mayo, los tres rechazaron haber participado en ese acto criminal.

“Mi voto en este tema, como en todos los demás en los que he participado durante estos casi tres años como legisladora, lo ejercí con total libertad e independencia. A mí nadie me ofreció dinero ni prebenda alguna, ni tampoco sufrí de ninguna amenaza o presión, y por supuesto no hubiera aceptado ni unas ni otras”, recalcó López Gorosave.

Bolaños Cacho resumió: "No me arrepiento de haber tomado mi decisión, porque lo hice de manera responsable y en total libertad”.

Y Arregui afirmó: “El sustento de mi voto es la realidad que vive Baja California. Yo no recibí ni amenazas ni ofertas. A mí no me pusieron absolutamente ninguna condición sobre la mesa. Benjamín tendrá que ser responsable de sus dichos, de sus actos, y tendrá que explicar por qué da esa declaración en un contexto del proceso electoral, que la hace acompañado del candidato del partido y del delegado del comité ejecutivo nacional (del PRI), en las instalaciones del partido, no en el Congreso.”