Ejidatarios liberan la Procuraduría Agraria en Yucatán tras cese del delegado

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Luego de la destitución de Alfredo Ramírez Gómez como delegado de la Procuraduría Agraria (PA), ejidatarios de los municipios del centro de la entidad entregaron esta tarde las instalaciones de la dependencia, que mantuvieron bloqueadas durante una semana.

Desde el pasado martes 16, los manifestantes se instalaron en plantón permanente a las puertas de la delegación de la PA para exigir el cese de Ramírez Gómez, a quien acusaron de incurrir en presuntos actos de corrupción para favorecer a los especuladores en el despojo de tierras ejidales.

En conferencia de prensa, Salvador Arteaga Trillo, asesor legal de los representantes de 37 ejidos, informó que el nuevo encargado del despacho de la PA, Felipe de la Cruz Díaz García, les informó que Alfredo Ramírez ya no está en funciones y les pidió liberar el inmueble, ubicado en el centro de la ciudad.

De acuerdo con Arteaga, De la Cruz García también les notificó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la toma del edificio, y aclaró que fue idea de los ejidatarios inconformes realizar el plantón.

Sin embargo, dijo, no lo hicieron con la intención de ocupar las instalaciones de la dependencia, ni afectar sus labores, pero al ver llegar a los manifestantes –detalló–, los trabajadores desocuparon la oficina dejando las puertas abiertas, por lo que los participantes en el plantín tuvieron que quedarse en el sitio para cuidar que nadie entrara.

Asimismo, acusó al ahora exdelegado de usurpación de funciones, pues había sido removido desde el 1 de julio, pero continuó despachando.

En contraparte, otro grupo de comuneros de una veintena de ejidos, simpatizantes de Ramírez Gómez, acusaron a los detractores de éste, de ser ellos quienes sirven a intereses de los especuladores de tierras, porque el funcionario destituido “estaba haciendo las cosas bien y apegado a la ley”.

Aseguraron que Ramírez Gómez estorba a empresarios y comisarios corruptos, contra quienes había iniciado una investigación, a fin de anular asambleas irregulares con las que muchos ejidatarios fueron despojados de sus tierras.

Por último, pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Mauricio Vila Dosal para frenar el despojo.

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