¿Seguirá fallando la ONU a las víctimas de Myanmar?

Yanghee Lee, relatora especial de la ONU para Myanmar. Foto: AP / Vincent Thian Yanghee Lee, relatora especial de la ONU para Myanmar. Foto: AP / Vincent Thian

GINEBRA (apro).- La relatora especial de la ONU para Myanmar, Yanghee Lee, denunció nuevos crímenes de guerra cometidos en los enfrentamientos del Ejército de Arakan en el norte del estado de Rakhine y partes del sur del estado de Chin en los últimos meses y aseguró que el impacto en los civiles “es devastador”.

“Muchos actos del Tatmadaw (ejército nacional) y el Ejército de Arakan violan el derecho internacional humanitario y las serias violaciones que han cometido pueden constituir crímenes de guerra”, denunció Lee al presentar su informe oral sobre la situación en Myanmar en la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos, en esta ciudad.

“Una vez más, pido a todas las partes que respeten el derecho internacional humanitario y respeten los derechos humanos”, urgió.

Indicó que más de 35 mil personas han sido desplazadas por el conflicto en los últimos seis meses y al menos 95 mil no tienen acceso a servicios básicos y esenciales debido a las restricciones de circulación de civiles y al continuo bloqueo de las organizaciones humanitarias por parte del gobierno.

Además, continuó Lee, “los ataques indiscriminados en y alrededor de las aldeas, así como los ataques contra civiles y objetivos civiles, han dejado a decenas de civiles heridos y muertos. Esto incluye a niños como Athein Chae, de 10 años, y Husson Shofi, de 8 años, del municipio de Kyauktaw, quienes perdieron la vida en mayo”.

Mencionó haber obtenido informes en los que se evidencia que el Tatmadaw somete a la población a trabajo forzado y por su parte el Ejército de Arakan ha secuestrado y detenido a civiles, incluidos 12 trabajadores de la construcción en Paletwa, “y me preocupa su situación”.

“Hay informes profundamente perturbadores de civiles, en su mayoría hombres de la etnia rakhine, desaparecidos o detenidos e interrogados por el Tatmadaw bajo sospecha de asociación con el Ejército de Arakan. Varios de ellos murieron mientras estaban bajo la custodia de Tatmadaw”, reveló.

En un evento alarmante en abril, un helicóptero militar abrió fuego contra un grupo de hombres y niños rohinyá que recolectaban bambú en el municipio de Buthidaung. Según informes, el helicóptero dio varias vueltas al grupo, disparando mientras los hombres y los niños huían, matando a seis e hiriendo a trece, detalló Lee.

La experta surcoreana deploró que el gobierno de Myanmar ordenó el cierre de internet móvil en la región “por razones de seguridad”, mientras que, según informes, se desplegaron más tropas: “El bloqueo de la información está poniendo en peligro a los aldeanos, obstruyendo aún más la respuesta humanitaria y protegiendo las operaciones militares del escrutinio internacional”.

Limpieza étnica de libro de texto

“Somos testigos de una tragedia en curso en el estado de Rakhine, donde hace menos de dos años se cometieron atrocidades horribles, y la población civil está nuevamente sujeta a graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, acusó Lee.

En 2017 unos 700 mil rohinyás huyeron a Bangladesh por el conflicto entre el ejército de Myanmar y la guerrilla Arakan, mismos que siguen hacinados en campamentos en Cox Bazar sin ninguna esperanza de regresar, ni de que se les reconozca su nacionalidad y se les devuelvan sus bienes.

La ONU calificó este capítulo como un ejemplo de “limpieza étnica de libro de texto” y denunció “genocidio intencional”.

“Mientras prevalezca la impunidad de los presuntos delitos, seguiremos siendo testigos de violaciones flagrantes de los derechos perpetrados contra las minorías étnicas en nombre de la contrainsurgencia, afianzando agravios y prolongando la inseguridad y la inestabilidad”, remarcó Lee.

Si bien la experta reconoció que el año pasado el Tatmadaw extendió su alto el fuego unilateral en el norte y el este de Myanmar y el Partido Progresista del Estado de Shan y el Ejército de Liberación Nacional de Ta’ang, que habían participado en hostilidades graves desde fines de 2018, anunciaron un alto el fuego bilateral.

“Estos desarrollos son bienvenidos, pero no son suficientes para lograr una paz duradera que conduzca a la seguridad y la estabilidad en el norte de Myanmar, por lo que más de 100 mil personas que han sido desplazadas durante ocho años no se sienten seguras de regresar a casa”, indicó.

“No he observado ningún progreso en el proceso de paz y me preocupa que Tatmadaw continúe excluyendo al Ejército de Arakan de una participación significativa en las negociaciones. Como he dicho antes, un proceso abierto, inclusivo y participativo es uno que traerá una paz duradera”, dijo la experta ante la mirada adusta del representante de Myanmar.

Por otra parte, Lee denunció que las tropas bajo el control del Comando Occidental están nuevamente activas y las Divisiones de Infantería Ligera de otras partes del país se han desplegado en la región.

“Mientras prevalezca la impunidad de los presuntos delitos, seguiremos siendo testigos de violaciones flagrantes de los derechos perpetrados contra las minorías étnicas en nombre de la contrainsurgencia, afianzando agravios y prolongando la inseguridad y la inestabilidad”, advirtió.

Me preocupa que la comunidad internacional esté comenzando a pasar por alto la situación de más de un millón de refugiados rohinyá en Cox Bazar, reclamó.

La experta en derechos humanos expresó su decepción de que a nueve meses de que se adoptó la resolución para establecer un Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar “todavía no esté funcionando”.

Además, Lee advirtió que debido al lento ritmo para instalarlo “existe un riesgo real de que haya una brecha en las investigaciones sobre los crímenes internacionales más graves y las violaciones de derecho internacional en el país”.

De igual forma, Lee reiteró su llamado a remitir el caso de Myanmar a la Corte Penal Internacional y que, alternativamente, se establezca un tribunal independiente en el que puedan juzgarse a los autores de delitos más graves que violan el derecho internacional y Convenciones de Ginebra.

“Incumbe al Consejo de Seguridad encontrar una manera de dejar a un lado las diferencias y unirse en relación con Myanmar mediante una resolución firme”, llamó Lee.

Ante este panorama sombrío en el que se cometen violaciones de manera regular, “imploro a los Estados miembros que demuestren su compromiso con los derechos humanos en Myanmar”, clamó Lee con un tono de desesperación en su voz.

El informe Rosenthal

Ante la apatía y el desinterés de los estados miembros de la ONU y acusaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil de haber ignorado las señales de peligro con respecto a Myanmar, Gert Rosenthal, ex canciller de Guatemala y alto dirigente de la Comisión Económica de ONU para América Ltina y el Caribe, fue comisionado por el propio organismo para evaluar la respuesta del sistema de Naciones Unidas a la tragedia rohinyá.

El informe que cubre el periodo de 2011 a 2018 calificó de “deficiente” el proceder de la ONU en Myanmar, en especial ante la violación de los derechos humanos de la minoría musulmana rohinyá y argumentó que hubo un “fallo estructural y sistémico” de la organización.

El documento concluye que la acción de la ONU “se vio lastrada” por la división estratégica de sus agencias y su incapacidad por conciliar los objetivos de desarrollo con los del respeto a los derechos humanos, situación que se vio agravada por una “impropia lucha interna”.

“Sin duda se cometieron errores serios y se perdieron oportunidades en el sistema de la ONU al seguir una estrategia fragmentada en lugar de un plan de acción común”, observó Rosenthal en el informe encargado por el secretario general del organismo, António Guterres.

“Incluso en el más alto nivel de la organización no había una estrategia común diseñada para apuntalar los pilares de Naciones Unidas”, acusó.

Rosenthal destacó la “responsabilidad compartida” en el ámbito de la ONU y aunque evitó señalar a agencias o personas en concreto, sí criticó la labor de la coordinadora residente en el país, Renata Lok-Dessallien, quien fue retirada del cargo en 2017 por restarle importancia a los abusos contra los rohinyá.

Además de la disfunción interna de la organización, Rosenthal describe las dificultades a las que se enfrenta la ONU para imponer sus principios “en países que invocan la soberanía y la no intervención en asuntos internos como cobertura para incumplir sus compromisos con los derechos humanos”.

De igual forma, criticó la falta de acuerdo en el Consejo de Seguridad para imponer una “presencia imparcial” en el país que “hubiera ofrecido ciertas garantías a la minoría oprimida”.

A pesar de que el informe reconoce un fallo estructural de la ONU y de que es inusual de por sí, organizaciones como Human Rights Watch lo consideró como un trámite para Guterres y un “fiasco en el que no se culpa a nadie”.

No obstante, la relatora especial de la ONU para Myanmar hizo mención del informe Rosenthal al encarar a los Estados miembros de la ONU presentes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos.

“A estas alturas”, dijo Lee, “todos hemos leído el informe del señor Rosenthal, quien descubrió que hubo un fallo sistémico de las Naciones Unidas en Myanmar”.

“El fracaso de la ONU también incluyó el fracaso de los Estados miembros”, lanzó Lee quien concluyó con una pregunta dirigida a todos ellos: ¿Van a continuar sin proteger a todos los habitantes de Myanmar?

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