CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por considerar que el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México forma parte de “una política que es abiertamente ilegal, inconstitucional y desconocedora del derecho internacional”, además de que desconoce abiertamente los derechos humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho interpuso un amparo en contra de la medida, sometida a revisión por el gobierno de Donald Trump cada 45 días. El pasado viernes 19, la organización tramitó el amparo ante el Juzgado Décimo Primero en Materia Administrativa, procedimiento al que se sumaron Sin Fronteras, Asylum Access, Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, Instituto para las Mujeres en la Migración y Derechos Humanos Integrales en Acción. Las organizaciones esperan que antes de que se cumpla el siguiente periodo de supervisión por parte de Estados Unidos, se dé respuesta a la solicitud por parte del Poder Judicial de la Federación. En entrevista, Jorge Molano, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, resaltó que en el procesamiento del juicio de amparo el Poder Judicial tiene “una responsabilidad histórica”, por lo que la expectativa de los promoventes es que “actúe con total independencia y autonomía, y que entienda que tiene un deber esencial de restablecimiento y protección de los derechos esenciales, pero además de protección de la democracia”. El escrito de queja, del que Molano espera se tenga una primera respuesta de admisión este miércoles 24, tiene como eje central la consideración de que “la política migratoria que ha aceptado el gobierno de México desconoce abiertamente los derechos humanos y el derecho internacional. El Acuerdo Migratorio es manifiestamente contrario a la Constitución, a la ley interna y al Derecho Internacional”, puntualiza. El abogado destacó que el amparo tiene su fundamento en que “se hizo un proceso de aprobación de un acuerdo por parte de quien no tenía autorización ni competencia para ello, que fue un abogado de la consejería jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, Alejandro Celorio, quien ostenta el cargo de “consultor jurídico adjunto” y quien el 7 de junio firmó el “Supplementary Agreement between the United States and Mexico”. Molano destacó que entre las irregularidades alrededor del acuerdo migratorio resalta que “se hizo sin que existiera una coordinación con la Secretaría de Gobernación, que es la autoridad competente en el tema migratorio”, y que de acuerdo con su contenido “se le da una vigencia sin que hubiera sido sujeto a aprobación y discusión por el Senado”. A ello se añade que el acuerdo “desconoce las convenciones Internacional sobre el Refugio, Universal contra la Tortura e Interamericana contra la Tortura, que plantea que es derecho de las personas ser beneficiarias de asilo, en particular que no se pueden imponer restricciones para solicitar asilo, y menos aún que, estando en trámite una solicitud de este tipo, la persona no puede ser objeto de devolución”. Consideró que una prueba de pasar por alto el derecho internacional es que hasta ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha aceptado la devolución de 19 mil 911 personas en la frontera norte. Lo anterior, apuntó el abogado, “plantea un desconocimiento abierto del derecho de los solicitantes de asilo en tanto se los trae a territorio mexicano en condiciones de inseguridad, pero adicionalmente, sin que se adopte ningún protocolo ni estándares de atención, las personas están en el absoluto abandono, con lo cual México está participando de hacer una devolución indirecta del escenario de riesgo del que estaban huyendo”. De igual manera, explicó que en los petitorios “se le ha solicitado al juez que suspenda la vigencia de ese acuerdo; que imparta la orden de que no pueden ser recibidas personas que están tramitando un asilo en Estados Unidos; que deben levantarse las restricciones ejercidas a través de la Guardia Nacional, para que potenciales solicitantes de asilo ingresen a territorio mexicano, y que deben tomarse medidas para poner fin a la detención preventiva como medida de carácter general”. Señaló que antes de que venza el segundo periodo de 45 días que impuso el gobierno de Donald Trump al mexicano para realizar un segundo monitoreo del acuerdo migratorio, “el juez debería impartir instrucciones para poner fin a esa situación de atentado a la dignidad humana que se está viviendo en los centros de detención, porque es una cuestión inconstitucional”. Ayer, las organizaciones promotoras del amparo dieron cuenta de violaciones a derechos humanos cometidos en contra de personas migrantes que no se veían desde 2016 y que revelan “un retroceso de casi 10 años en el tema migratorio y de asilo en el país”. Entre los datos duros ofrecidos por los miembros de las organizaciones en la conferencia de prensa, resalta que más de 50 mil niñas, niños y adolescentes han sido deportados violentando la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de enero a junio de 2019 se han realizado 100 mil 861 detenciones que terminaron en su mayoría en deportaciones; la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) se encuentra rebasada, al haber recibido en los primeros seis meses del año 30 mil solicitudes de refugio, en tanto que en la frontera norte hay cerca de 20 mil personas sin acceso a asilo y en condiciones de vulnerabilidad.