A puerta cerrada y fuera de su sede, el Congreso de BC confirma la “Ley Bonilla”

Los diputados locales sesionaron en el ayuntamiento de Rosarito. Imagen: Facebook Congreso BC Poder Legislativo Los diputados locales sesionaron en el ayuntamiento de Rosarito. Imagen: Facebook Congreso BC Poder Legislativo

ENSENADA, B.C. (apro).- El Congreso de Baja California sumó este día un nuevo escándalo.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) rechazó el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para no avalar la reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

Durante la sesión extraordinaria que llevó a cabo a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Rosarito, aprobó la declaratoria de procedencia del decreto que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución del estado para aumentar el plazo de la gubernatura.


Ahora, el Congreso enviará el decreto para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, acción que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid ha dicho que no hará, por lo que en un plazo máximo de 35 días la reforma se publicará por orden directa del presidente del Congreso en funciones que corresponderá a la XXIII Legislatura, la cual iniciará sus labores el 1 de agosto próximo.

Correspondió al diputado Alejandro Arregui Ibarra, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso, leer un comunicado de la Jucopo en donde rechaza acatar el exhorto porque, dijo, contiene actos ilegales que ponen en riesgo el proceso electoral del pasado 2 de junio.

Destacó que los comisionados del Congreso de la Unión equivocadamente ordenan al Congreso local eliminar el decreto que reformó políticamente a la constitución para empatar este año las elecciones locales con las federales, y no el que se aprobó la noche del 8 de julio pasado.

De hacer caso al exhorto, manifestó, se regresaría a una elección que daría plazos de gobierno de seis años al gobernador, 3 a diputados y munícipes, no habría candidaturas independientes, paridad de género en las candidaturas ni elecciones consecutivas.

Aparte de esta presunta ilegalidad que el diputado Raúl Castañeda Pomposo calificó como “analfabetismo constitucional” de los legisladores federales, Arregui sumó una crítica al Congreso de la Unión por atacar, en aras del federalismo, los derechos del poder legislativo del estado, la soberanía de los poderes de Baja California, sus libertades políticas y la vida democrática de los ciudadanos del estado.

Los diputados panistas Manuel Osuna Millán y Eva María Vázquez Hernández intentaron infructuosamente evitar que 14 de sus colegas aprobaran en dos horas, por mayoría, los dos únicos temas que se trataron a puerta cerrada, con policías del municipio de Playas de Rosarito evitando la entrada a los periodistas a la sesión, en la sede del cabildo que permitió con su voto avalar por los ayuntamientos el avance de la reforma en el Congreso.

Los diputados reformistas, presididos por la legisladora del Partido del Trabajo (PT) Claudia Agatón Muñiz, quien se reelegirá en el cargo en la XXIII legislatura y asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política la noche anterior en Ensenada, procedieron a votar la declaratoria de procedencia del decreto que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución del estado.

Agatón también fungió como presidente en funciones del Congreso porque el titular, el priista Edgar Benjamín Gómez Macías, no asistió a la sesión extraordinaria porque un familiar falleció este día por la mañana.

En medio de gritos de “¡traidores!, ¡traidores!” emitidos en contra de los legisladores por decenas de ciudadanos que acudieron al cabildo a las 4 de la tarde, para tratar de impedir la votación, los diputados terminaron la sesión y convocaron a otra sesión extraordinaria para firmar la declaratoria y enviarla al Ejecutivo a la brevedad para su publicación.

Tanto la Constitución del Estado como la Ley Orgánica del Poder Legislativo determina que el mandatario estatal no puede hacer observaciones a la declaratoria de decreto.

Dice el inciso A del artículo 34 constitucional: “Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados términos (15 días).”

Agrega que, vencido ese plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días para promulgar y publicar la ley o decreto.

“Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente del Congreso ordenará, dentro de los quince días siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo.”

Así, el plazo máximo para su publicación y entrada en vigor es de un máximo de 35 días, todavía dentro del periodo de transición de gobierno en la entidad ya que Jaime Bonilla tomará la protesta como gobernador el 1 de noviembre de este año.

Una vez que la reforma constitucional se publique en el Periódico Oficial, los actores políticos interesados y facultados legalmente para hacerlo podrán anteponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones de Inconstitucionalidad contra la medida.

Denuncian violaciones a la ley

Dos horas antes de que se realizara la sesión en Rosarito –las 4 de la tarde-, la diputada Eva María Vázquez Hernández, la única mujer de los tres últimos legisladores que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene en la Cámara de Diputados estatal, denunció que parlamentarios afines al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, designaron como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a la petista Claudia Agatón Núñez.

El cargo lo determinaron, según dijo la panista que era la titular de la junta política que terminaría las actividades de la XXII Legislatura el miércoles 31 de julio, en una sesión extraordinaria que se convocó a través de medios electrónicos para realizarse ayer en Ensenada, lo que “es una nueva violación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Constitución Política de Baja California” que ya analiza el área jurídica de su partido para impugnarla.

El objetivo de los 21 diputados fue sesionar este martes, a las 4 de la tarde, en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en donde la presidente municipal, Mirna Rincón Vargas, en proceso de expulsión del PAN por promover el voto del cabildo a favor de la reforma constitucional que dio cinco años de gobierno a Jaime Bonilla en lugar de los dos originales, les ha dado todas las facilidades para que legisladores sesionen para dos objetivos:

-Hacer la declaratoria de procedencia del decreto del lunes 8 de julio que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución del estado para ampliar el periodo de gobierno de 2 a 5 años, con el aval de 3 de los 5 ayuntamientos de Baja California (los de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate).

-Responder técnicamente al exhorto que la semana pasada hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al congreso de Baja California, para que no llevar más adelante la reforma constitucional del 8 de julio.

Vázquez Hernández reiteró a las 2 de la tarde de hoy que la sesión extraordinaria que convocó Agatón ““es absolutamente ilegal debido a que la presidencia de la Jucopo la detento yo”.

Explicó que el pasado domingo 21 de julio “fui convocada en un correo institucional a una sesión de coordinadores, no de la Jucopo puesto que yo no convoqué, sino por el contrario: se elaboró de mi parte un comunicado donde se les advertía que estaban a punto de cometer una ilegalidad.”

Hoy, el grupo que se reunió ayer por 12 horas en Ensenada emitió un comunicado en donde informan que los diputados integrantes de Jucopo que asistieron son: Claudia Agatón Muñiz (PT), Rocío López Gorosave (PRD), Víctor Manuel Morán Hernández (Morena), José Antonio Casas del Real (Transformemos) y como representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Arregui Ibarra.

Ellos designaron como presidente de la Jucipo a la diputada Claudia Agatón Muñiz de conformidad –dijeron- con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, “como resultado de los nombramientos de los coordinadores de los partidos políticos representados en el congreso”.

En el desarrollo de la sesión –indica el comunicado- se determinó -bajo acuerdo parlamentario- que la diputada Eva María Vásquez Hernández será la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, toda vez que el presidente de dicho partido en Baja California así lo determinó y quien fungía con tal designación, Ignacio García Dworak, renunció.

De igual manera se dio a conocer que el diputado Víctor Manuel Morán Hernández asumió la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena.

Y revela que, en correspondencia recibida por el congreso, se informó que los siguientes diputados, por su propia decisión, dejaron de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Mónica Hernández Álvarez, Carlos Alberto Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak y José Félix Arango Pérez.

“Por lo anterior, se informa que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se reduce de 12 a 6 integrantes”, destacó el comunicado.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, anticipó que acudirán ante la Corte.

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