CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirmó el “maquillaje” de cifras de delitos de alto impacto desde la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJC-DMX), en 2018, se espera que ese organismo presente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). En tanto, la Procuraduría local investiga el origen de esa actividad, lo que podría involucrar a su extitular, Edmundo Garrido. Y es que, con ayuda de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), personal del SESNSP realizó una auditoría a 194 mil 479 expedientes de la PGJ-CDMX, en la que detectó que el año pasado el registro de los delitos de alto impacto pasó de 32 mil 506 a 56 mil 532. Ello implicó la inclusión de 24 mil 26 delitos, equivalente a un aumento de 73.9% en el registro. Entre los datos manipulados se contaron 145 homicidios, 28 casos de lesiones por disparo de arma de fuego y más de 20 mil casos de robo en diversas modalidades. Con los resultados difundidos la semana pasada, el organismo federal confirmó que hubo una mala clasificación, en particular de los delitos de alto impacto. Por ello, se espera que interponga una denuncia ante la FGR por ejercicio indebido del servicio público. En conferencia de prensa, el 10 de enero de 2019, apenas un mes después de tomar posesión del cargo, la procuradora Ernestina Godoy alertó sobre el “maquillaje” de cifras con el propósito de reflejar una disminución de los índices delictivos, en año electoral. Un mes después, en otra conferencia del 19 de febrero, dijo que identificaron a César Martínez Jasso, extitular de la Dirección General de Política y Estadística, como uno de las autoridades que podría ser responsable directo de dicha manipulación. Y mencionó que se podría abrir una investigación en su contra ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGJ-CDMX. La funcionaria no descartó que su antecesor, Edmundo Garrido, pudiera estar involucrado e incluso el mismo Miguel Ángel Mancera, quien fue jefe de gobierno hasta el 28 de marzo y fue sustituido por José Ramón Amieva. El pasado 23 de marzo, la autoridad formalizó la denuncia penal ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGJCDMX, en la que se investiga “toda la cadena de mando” de la Dirección de Estadística Criminal. Ayer, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acusó que la manipulación de cifras se hizo “por consigna”, ya que a partir de que tomó posesión, el 5 de diciembre de 2018, se dispararon los índices delictivos, con los delitos presuntamente bien clasificados. “Es evidente que había una instrucción, una orientación de que no se pusieran las cifras donde debían estar, que no se conocieran los delitos que realmente había en la ciudad”, dijo. Este martes la funcionaria reiteró: “Lo hicimos público para que lo conociera la sociedad, es lo mismo que validó a nivel nacional el Sistema Nacional de Seguridad. Y pues ahí que conozca la ciudadanía qué fue lo que pasó, están abiertas las carpetas de investigación y lo que vaya a resultar”. Aclaró que se trata de un ejercicio de transparencia, y en ese sentido su gobierno seguirá publicando cada mes las cifras de los delitos en el portal de Datos Abiertos de la CDMX. “No es un tema de gobierno, la jefa de gobierno no se dedica a perseguir a nadie, pero el gobierno de la ciudad, sus funcionarios, tienen que hacer lo conducente en términos de lo que recibieron”, remató.